Cuentas complicadas

Las crisis policiales desatadas en Córdoba y en la casi totalidad de las provincias argentinas produjeron un fuerte impacto social, por la irrupción de las fuerzas de seguridad en el escenario político, como así también por los saqueos con sus cargas de violencia y muerte. La resolución de esos conflictos merecerá un análisis profundo y acciones decididas, por un lado para restablecer la cadena de mando entre los efectivos policiales y, por el otro, para hacer un fuerte trabajo social que derrote las actitudes vandálicas de los saqueadores.Sin embargo, para las administraciones provinciales queda aún otro desafío, que es el efecto negativo que tendrán en las cuentas públicas los aumentos otorgados a la Policía y los que se sucederán para los empleados estatales, quienes pretenden una mejora similar.Ya había una situación de déficit fiscal en la mayoría de los gobiernos provinciales, que se agudizará ahora con estos incrementos. Todo en un contexto en el que las provincias pidieron al gobierno de Cristina Fernández prorrogar los vencimientos de capital e intereses por las deudas contraídas con la administración nacional.En principio, los pagos del primer trimestre de las deudas de las provincias con el Gobierno nacional serían prorrogados, aunque la situación fiscal de la administración kirchnerista tampoco es cómoda. El rojo llegó en octubre a 29.386,8 millones de pesos, 46 por ciento más que en los 10 primeros meses de 2012.Los economistas estiman que el déficit final alcanzará los 60 mil millones de pesos, debido al pago de sueldos y medio aguinaldo en diciembre, además de otros gastos devengados en el año.Córdoba, que tenía un ahorro corriente de 3.184 millones al cierre de octubre, puede ingresar ahora en un cuadro financiero complicado. Aunque aún no existen datos oficiales, el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) de Córdoba calculó que sólo el incremento a la Policía y al Servicio Penitenciario demandará una erogación extra de 111,7 millones por diciembre y enero.El gasto extra podría trepar a 1.159,3 millones en 2014 para las fuerzas de seguridad. A esto habrá que agregarle el aumento que se pactará desde febrero para estatales y docentes, quienes ya señalaron que el piso debe ser el incremento otorgado a los policías: 33 por ciento.El desafío para los distintos niveles del Estado será mayúsculo, pero sus administradores deberán tener en cuenta que la presión impositiva –que alcanza al 40 por ciento de lo que produce la economía– está en un nivel insoportable.Cualquier aumento extra equivaldría a ex­ponerse a la rebelión fiscal, por lo que las respuestas de los gobiernos deberán provenir del frente interno, donde aún queda mucho terreno por ganar en materia de eficiencia y control de la corrupción.