Ciudades accesibles para todos

Si bien existe una profusa normativa a nivel nacional, provincial y municipal destinada a eliminar las barreras arquitectónicas que impiden la movilidad en la vía pública de personas con alguna discapacidad física, se han registrado escasos avances en la materia.

Hay dos factores que deben ser tenidos en cuenta para que una ciudad sea “accesible” a todos: el compromiso de las autoridades de hacer cumplir la reglamentación vigente y la toma de conciencia de la sociedad en general.

Una relevamiento efectuado por este diario en distintas ciudades y localidades del interior de la provincia de Córdoba dio como resultado que, en muchos casos, siguen sin resolverse los obstáculos que impiden transitar y habitar zonas urbanas a personas que se movilizan en sillas de ruedas o que son no videntes.

La lista de reclamos incluye rampas en veredas y edificios públicos, aceras demarcadas y sin obstáculos en el caso de personas ciegas, y sanitarios adaptados, entre otras necesidades.

Un aspecto a tener en cuenta, además, se relaciona con el escaso apego a las reglas de convivencia que muestran aquellos vecinos que ocupan los espacios públicos reservados para el estacionamiento de automóviles conducidos por discapacitados. “En un súper, hay estacionamiento para discapacitados, pero te lo ocupa cualquiera”, comento, con razón, uno de los entrevistados.

La capital provincial no es ajena a la falta de planificación y adecuación que la distinga como una “urbe accesible”, tanto en las zonas barriales como en el centro de la ciudad. Es cierto que hubo avances, pero también retrocesos y desidia de las autoridades, en el marco de una escalada arquitectónica sin control desde hace décadas.

Es preciso enfatizar que la falta de conciencia ciudadana hace también su aporte en detrimento del objetivo de respeto y de integración social de las personas con capacidades diferentes. Vale apuntar, al respecto, que en muchas esquinas del microcentro de la ciudad se habían colocado rampas con agarraderas para las personas que transitan en sillas de ruedas. Pero varias agarraderas fueron cortadas de cuajo con amoladoras y robadas. La planificación fue abortada por el accionar de la delincuencia.

El concepto de “ciudad accesible” debe comprometer a todos, aunque el Estado tiene la responsabilidad indelegable de hacer cumplir las normas y realizar y mantener las obras destinadas a tal fin. Se trata de un derecho universal que debe respetar las necesidades de todos los ciudadanos, de manera particular de aquellos que sufren una discapacidad física.

Las leyes y ordenanzas son claras y precisas y comprometen también a los funcionarios públicos que, desde su función ejecutiva o legislativa, impulsaron muchas medidas auspiciosas que al cabo de los años no se cumplen o cuya materialización queda a mitad de camino.