82%, el sueño de los jubilados

Restablecer el 82 por ciento móvil para los jubilados nacionales se ha convertido en un tema de disputa entre el Gobierno y la oposición y se presta a controversias ideológicas o políticas. Hoy, por diversos factores, convertir en sustentable un sistema previsional es uno de los mayores desafíos de las sociedades globales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó, en los casos que fueron sometidos a su consideración, que la movilidad jubilatoria -en el porcentual indicado- está sancionada por una ley de hace décadas que nunca fue modificada y menos derogada, por lo que correspondería que sea aplicada en todos los casos.

Éste es el principal argumento de los diputados y senadores nacionales opositores, que impulsan el restablecimiento del 82 por ciento en relación con el salario mínimo, vital y móvil, que en la actualidad es de 1.500 pesos. Esa iniciativa llevaría el haber mínimo de 895 a 1.230 pesos. El oficialismo, a su vez, argumenta que ese aumento pondría en riesgo la subsistencia del sistema previsional, con graves e imprevisibles perjuicios.

Más allá de los fallos de la Corte, lo cierto es que el tema de la movilidad de las jubilaciones tiene aristas técnicas, jurídicas, financieras y hasta políticas. Porque utilizar fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para obras públicas, planes sociales o gastos generales, en detrimento de los haberes de los pasivos, es una decisión política. Y esto es lo que está haciendo el Gobierno nacional. Si se pudiera pagar el 82 por ciento móvil y, con el sobrante, financiar obras o planes de interés general, sería lo ideal. Pero, por boca de ministros y funcionarios del Gobierno, ahora se sabe que esa combinación no es posible, ya que se corre el riesgo de una quiebra de la Anses.

Un reciente estudio revela que el poder adquisitivo de las jubilaciones ha caído 40 por ciento respecto de 2002. Se sabe, por otra parte, que el superávit fiscal se reduce en una proporción cada vez más preocupante respecto a hace dos o tres años. Ésta es la primera vez que el Gobierno de Cristina Fernández lo admite, ya que hasta ahora lo que decía es que el país contaba con un superávit fiscal que le permitía hacer obras, otorgar subsidios y planes sociales y aumentar las jubilaciones.

El país necesita de una política de Estado y de sólidos acuerdos interpartidarios e intersectoriales respecto de las jubilaciones.

La cuestión previsional es un tema de muy difícil resolución y merece, por lo tanto, que la cuestión se aborde con seriedad y en profundidad. Su resolución no sólo impactará sobre la sufrida clase pasiva, sino también sobre el bienestar de la sociedad, a partir de un Estado equilibrado en sus gastos de la seguridad social. A su solución, deben ser convocados, entonces, los distintos niveles de gobiernos, políticos, trabajadores, empresarios y pasivos para la mejor solución.