De cazadores y de brujas

A nivel nacional, la agenda de la lucha contra la corrupción ha crecido de forma considerable con el cambio de gobierno. Esto se observa con la multiplicación de las denuncias en diferentes reparticiones públicas, de diversos actores y contra diferentes funcionarios de la gestión del gobierno anterior. Por su parte, el Poder Judicial parece ahora "despertarse" y activar causas que antes vivían en los cajones de los tribunales. En este contexto, ahora los medios de comunicación pueden disponer de información sobre denuncias y procesos judiciales en un tema en el que nunca abunda la información y siempre sobran las especulaciones. A diferencia de esto, a nivel provincial la agenda de la lucha contra la corrupción parece continuar a un ritmo más lento, vinculada a la coyuntura de algún tema particular (como el caso CBI) y con actores de capacidad limitada y, otros, ausentes. Sin instituciones proactivas contra la corrupción, la agenda de la Provincia en la materia parece depender exclusivamente de ciertos casos resonantes que puedan ser atractivos o importantes para los medios de comunicación.

El fenómeno de la corrupción es complejo, con múltiples dimensiones y variables que pueden ser producto de análisis particulares según el contexto del que se trate.

Sin embargo, en general, ni la clase política, ni las instituciones académicas, ni siquiera las orga­nizaciones civiles vinculadas a la temática, parecen tomar nota de esta complejidad.

En general, la corrupción sigue siendo descripta como un simple caso de ilegalidad de una persona en particular, motivada por intereses individuales; por ejemplo, de enriquecimiento personal. Es decir, una especie de brujo o bruja caracterizada por una suerte de “maldad natural”.

Este facilismo muchas veces produce un efecto no deseado para las sociedades: mientras las miradas se centran en las personas, los sistemas corruptos continúan funcionando.

Quisiera destacar sólo dos dimen­siones que, considero, pueden aplicarse al caso argentino actual.

Primero, la corrupción puede tener motivaciones individuales pero, sobre todo, se debe considerarse que existen múltiples condiciones institucionales que promueven y facilitan la corrupción.

Como bien refleja el profesor Lawrence Lessig, la llamada “corrupción institucional” es aquella que produce los efectos de mayor alcance en nuestras sociedades y no la corrupción personal, que tiene un impacto mucho más limitado.

Segundo, es necesario considerar que el discurso de la corrupción no está exento de carga ideológica. En general, la izquierda se ha visto incómoda para apropiarse y resignificar los sentidos de la lucha contra la corrupción, mientras que los sectores más conservadores la han utilizado como justificativo para achicar el Estado.

Si bien este último punto merece un análisis más exhaustivo, se debe vincular con las escasas referencias que tenemos en nuestras sociedades de la corrupción asociada al mercado o al sector privado, por oposición a una alta percepción de corrupción que tenemos sobre el Estado y el sector público.

Pocos estudios han abordado la relación entre políticas liberales y lucha contra la corrupción, aunque índices como el de percepción de la corrupción (de Transparencia Internacional) e índices de libre mercado (como el de la fundación Heritage y del diario estadounidense

The Wall Street Journal

) tienen una correlación significativa.

Si no se generan los cambios en las estructuras del Estado y en la re­lación de este con el mercado, a ­favor de la transparencia y contra la corrupción, la particular com­binación en Argentina de las dimensiones mencionadas puede generar lo que se conoce como una caza de brujas.

Es decir, no es recomendable personalizar en extremo la lucha contra la corrupción (por ejemplo, en algún exfuncionario) en lugar de hacer las reformas estructurales necesarias (por ejemplo, en los sistemas de compras públicas).

Las denuncias y sus mecanismos deben ser sólo una parte de una estrategia de lucha contra la corrupción.

Por otro lado, no es deseable que la clase gobernante haga una utilización política-partidaria de las denuncias contra la corrupción, por ejemplo, intentando que una alta percepción social de la corrupción anule la discusión política con aquellas posiciones enfrentadas.

De todas formas, habrá que analizar si algunas propuestas del Ejecutivo (ley de arrepentido, gobierno abierto, acceso a información pública) pueden, a mediano plazo, actuar en un sentido distinto al modelo de la denuncia personalizada y centrada en la percepción generalizada.

Es interesante observar cómo esta lógica se invierte en escenarios políticos donde el signo partidario del gobierno no ha cambiado.

En la provincia de Córdoba, la agenda anticorrupción parece lenta, atontada, no rápida y atolondrada como a nivel nacional. Sin un escenario de denuncias, parece aún menos probable que a nivel nacional una preocupación por los controles independientes, los mecanismos preventivos o las políticas activas en la temática.

Es claro que la lucha contra la corrupción no puede seguir el ritmo de la política-partidaria. Las políticas públicas anticorrupción deben trabajar, de forma permanente, sobre las condiciones estructurales de las instituciones.

La lucha contra la corrupción debe ser capaz de acrecentar la eficiencia y la eficacia del Estado, independientemente de cuál sea su tamaño o de los objetivos políticos de cada gobierno.

En resumen, una obviedad que no se cumple: los organismos de control anticorrupción deben ser independientes del poder político-partidario para poder diseñar e implementar políticas públicas en la materia.

Cada nuevo gobierno debe trabajar en profesionalizar la lucha contra la corrupción y no sólo acelerar una agenda de casos particulares centrados en aumentar la percepción de la corrupción de un modelo político antagónico.

Tampoco es deseable que los gobiernos pongan a dormir una agenda de reformas estructurales necesarias, al vaciar su contenido con instituciones ausentes.

Como conclusión, la lucha contra la corrupción puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las sociedades o puede ser una poderosa herramienta, por acción u omisión, para confundirla y dominarla.