Provincias: la Nación puede evitar el déficit pero no el ajuste

La alerta sobre la situación fiscal de las provincias este año se encendió incluso antes de que empezara 2012. Las protestas en Santa Cruz por el cambio en el sistema de jubilaciones y el decreto de emergencia económica fueron una señal del difícil escenario que enfrentan los gobiernos locales para pagar todas sus cuentas mes a mes. Y esto, como se ve con el caso de Santa Cruz, pasará tanto con las más chicas como con las más grandes y hasta con las que han sido más prolijas en el manejo de sus presupuestos.

Hasta ahora, las transferencias desde el Gobierno nacional hacia las provincias, mediante una batería de medidas transitorias, han mantenido bajo control a los resultados fiscales negativos en las provincias. Pero en 2012 estas medidas no serán suficientes. Los gobiernos provinciales se tendrán que ajustar el cinturón, disminuyendo el ritmo de los gastos, o verán teñirse de rojo a sus números a final de año y dejarían sin cumplir varios compromisos de pago, lo que es un caldo de cultivo para los conflictos sociales. Hasta ahora, el ajuste en el ritmo de gastos no se está viendo en los datos pero, más temprano que tarde, tendrá que suceder.

Según los cálculos correspondientes al total de las 24 provincias, se espera que para final de 2012 el resultado financiero total arroje un déficit de 15.872 millones de pesos. Y aunque la Nación aumente sus transferencias, los gobiernos provinciales deberán hacer sus correcciones por dos vías. La primera es el incremento de los tributos, pero es una vía que está casi agotada y que agregaría tensiones inflacionarias a la economía real.

Los gobiernos de las provincias más importantes ya aumentaron el año pasado el impuesto que más les permite recaudar, que es el de Ingresos Brutos, por lo que este recurso se puede considerar al límite. La presión tributaria está en su máximo nivel histórico para el consolidado de todas las provincias. Representa actualmente un 4,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), cuando el promedio de los '90 llegó hasta el 3,7 por ciento y el de algunos de los años más fuertes del crecimiento económico de la última década (de 2004 a 2006) se ubicó en 4,1 del PBI. En el caso específico de algunas de las provincias más grandes el nivel de presión tributaria es incluso mayor con relación a su economía. Esa es la situación de Buenos Aires, en donde el nivel se ubica en el 5,6 por ciento de su Producto Bruto Geográfico (PBG). Los impuestos que aún pueden incrementar son los que representan una recaudación menor, que no cubre un porcentaje importante del déficit y además tienen un alto costo político. Se trata de los impuestos a los automotores y a los inmuebles, los que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya decidió incrementar. Y quizás esta decisión empuje a los Ejecutivos de Córdoba, Santa Fe y las demás provincias grandes a hacer lo mismo.

Paliativos y el origen del mal. El último de los paños fríos que puso el Gobierno nacional para evitar el déficit en el resultado fiscal de las provincias fue la suspensión de la obligación de pago de su deuda. Al final de 2011, cuando no se sabía cómo iban a cerrar el rojo muchas provincias, la Nación postergó el cobro de ese compromiso. El ahorro total de los gobiernos provinciales por esta medida representa casi siete mil millones en 2012 y otro tanto en 2013. En definitiva, fueron 16 las beneficiadas.

Pero ese paliativo no fue el primero. Desde 2007 se empezaron a visualizar los déficits financieros provinciales, momento en el que también se comenzó a profundizar el problema y comenzaron las medidas transitorias que duran hasta hoy. En 2007 y 2008 se aumentó el Programa de Asistencia Financiera (PAF) y la eliminación del ajuste por CER de parte de la deuda. En 2007 los pesos dirigidos a ayudar a los gobiernos provinciales vía PAF sumaron 5.419 millones de pesos, en tanto que en 2009 y 2010 ascendieron a los 6.216 millones y 7.543 millones, respectivamente.

En 2009, con el PAF no alcanzó y vino el reparto del 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja. Esto les aportó a los gobiernos provinciales, desde abril de ese año hasta la fecha, alrededor de 17.600 millones de pesos.

Luego, llegó el Programa de Desendeudamiento, que incluyó la refinanciación, el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos por la Nación y la eliminación del ajuste por CER del resto de la deuda. Gracias a los ATN, en 2010 sólo Buenos Aires no registró superávit, las demás provincias lograron evitar el rojo. Y en el fondo de ATN quedan aún unos 4.100 millones de pesos sin distribuir.

En definitiva, los gobiernos provinciales deben permanecer a merced de los paliativos que les entregue el Gobierno nacional porque la posibilidad del acceso al financiamiento internacional es prácticamente nula debido a los efectos de la actual crisis global.

Además, el piso de tasa que pagarían las provincias en los mercados internacionales es de 11 o 12 por ciento en dólares, dado que el nivel del riesgo país argentino es elevado. Por esta razón, en los últimos meses han recurrido a emisiones en el mercado local a partir de letras de corto plazo.

Las medidas transitorias que se prolongaron hasta llegar al punto en que nos encontramos hoy, convirtieron al problema de las cuentas públicas provinciales en estructural. Lo que se ha agravado por el aumento de la planta de personal de los últimos años.Pero el origen de este mal es, claramente, estructural. Viene desde inicios de los' 90, cuando las provincias asumieron mayores obligaciones (educación y salud) sin la correspondencia en los ingresos.

Dichas obligaciones son intensivas en mano de obra, por lo que el crecimiento de los salarios de los últimos años, más el aumento del personal, ha conducido a que el gasto en sueldos supere el 50 por ciento del presupuesto, momento a partir del cual, indefectiblemente, las cuentas se hacen deficitarias.

En tanto, este problema de correspondencia se agravó desde el momento que aumentó la disparidad de ingresos entre nación y provincias. El Gobierno nacional empezó a captar impuestos que no forman parte de la masa coparticipable y varios recursos extraordinarios.

Las provincias parecen estar destinadas a incurrir en déficits e ingresar en una suerte de dependencia de recursos nacionales que trae aparejado el manejo discrecional de fondos e incentiva un comportamiento procíclico en el manejo del gasto provincial incrementando el nivel de dependencia.

Algo más que conocido. Soluciones que en el corto plazo no parecen presentarse.

*Director de Abeceb.com