El empleo bajo la lupa de la Afip

El 29 de enero de este año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó un campo de Pioneer Argentina en la localidad cordobesa de Monte del Rosario, hallando irregularidades en las condiciones de trabajo. El caso marcó un avance en el poder de vigilancia de la autoridad fiscal que nadie esperaba. El organismo tiene a su cargo verificar, fiscalizar y recaudar los impuestos y aportes a la seguridad social. Los temidos inspectores llegaban a las empresas, pero no pasaban de las oficinas administrativas.Pero este año el Gobierno nacional, con el decreto 75, declaró a 2011 como "Año del Trabajo Decente, Salud y Seguridad de los Trabajadores" y lo que era una simple frase para poner en la papelería del Estado se convirtió en la consigna de las nuevas inspecciones.Semanas después, la Afip sacó la resolución general 3.072, que agrega obligaciones al inspector cuando detecta violaciones a normas previsionales, laborales y de higiene y seguridad del trabajo, o cuando observa otras situaciones que impliquen delitos (reducción a la servidumbre, menores trabajando, violencia o traslado de trabajadores mediante engaño, entre otros).En estos casos, debe registrarlo y juntar las pruebas, para luego comunicar el hecho a los organismos que tienen competencia directa, hacer una denuncia penal o directamente iniciar el trámite para sanciones administrativas.Bajo este paraguas, releva cualquier situación reñida con la legalidad laboral, como ser presencia de extranjeros indocumentados, personas ocultas, menores de edad, reducción a la servidumbre y faltas a la seguridad e higiene, entre otras.Gracias a la incorporación de los ex trabajadores de las AFJP (en la provincia se sumaron más de 70 entre Córdoba y Río Cuarto), la Afip multiplicó la cantidad de inspecciones laborales. Sólo este año en Córdoba se hicieron 30 procedimientos que relevaron 400 trabajadores, de los cuales 160 estaban en situación irregular, 31 eran indocumentados y tres eran menores.El 70 por ciento se realizó en explotaciones rurales de distinta actividad (desflore del maíz, yerba, algodón, hortícolas, entre otras); el resto se repartió entre cortaderos de ladrillos, firmas textiles, aserraderos y constructoras. Varios de estos procedimientos se hicieron acompañados de una importante difusión a la prensa."El cumplimiento tributario depende de la percepción de riesgo. Difundir lo que le sucede a los que no cumplen aumenta la posibilidad de que la gente entienda lo que se debe hacer", advierte el titular de la Dirección Regional Córdoba de la Afip, Santiago Cataldo. Bajo cuestionamiento. Más allá de que todos reconocen la existencia estas irregulares laborales, las acciones de la Afip cayeron mal en el Gobierno de Córdoba y han sido cuestionadas por los tributaristas. Sucede que el poder de policía en temas laborales lo tienen las provincias, en el ámbito local, a través de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Omar Sereno. "La Afip no puede arrogarse por sí misma una autoridad que pertenece a las provincias. Invade las competencias provinciales, ataca los efectos y no las causas y a su vez impide la posibilidad de corregir estas situaciones", asegura Sereno.Respecto al allanamiento de un cortadero de ladrillos realizado la semana pasada (donde trabajaban extranjeros indocumentados y menores), el funcionario advierte que la Secretaría, la Afip, Dirección de Migraciones, el sindicato y la cámara de ladrilleros trabajaban desde hace tiempo junto a municipios del interior y el Consulado de Bolivia en un plan para regularizar la industria ladrillera."Por separado hicieron su propio procedimiento. Al final, terminamos haciendo inspecciones cada uno por su cuenta y sin resolver el problema de fondo", recalca Sereno.José Arnoletto, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), cuestiona la superposición en las inspecciones entre los distintos entes de control."Hay veces que una empresa recibe en una semana a la Afip, a la Secretaría de Trabajo de la Provincia, al Ministerio de Trabajo de la Nación o a los gremios. Si hubiera mejor relación entre los organismos, la fiscalización sería más eficiente", advierte el profesional.Consultado al respecto, el tributarista Alberto Gorosito explica que con las nuevas normas, se dio un paso más en una tendencia que ya tiene varios años: darle a la Afip un poder cada vez mayor.En esta avanzada, explica, la autoridad fiscal termina tomando decisiones para las cuales no tiene competencia. "La Afip, por ejemplo, no puede determinar si en una empresa hay trabajo "en negro". Eso lo debe hacer el Ministerio de Trabajo y luego la Justicia laboral. El organismo fiscal debe denunciarlo y luego esperar estas instancias para recién allí aplicar una sanción", indica Gorosito.Según el especialista, el fisco nacional se extralimita en competencias que no tiene. Al respecto, explica: "Si las empresas violan las normas laborales y hay ineficiencia en el Estado para controlarlo, eso no se puede tapar con un abuso por un organismo oficial. De lo contrario, esto deja de ser un Estado de Derecho".