Coparticipación cedida a la Anses

En 1993, en el marco de la creación del ahora extinto régimen de capitalización previsional, se dispuso que la Nación y las provincias cedieran a la Anses el 15 por ciento de la masa de coparticipación federal de impuestos. Fue una manera de compartir el desfinanciamiento transitorio que enfrentaba el sistema previsional nacional a raíz de que, con la reforma, los aportes personales dejaban de destinarse al pago de las jubilaciones para ser enviados a las cuentas previsionales de ahorro individual. En 2008, cuando se eliminó el régimen de capitalización, no se derogó esta desviación de la masa de coparticipación, a pesar de que desapareció el motivo que la justificaba. De esta forma, se convirtió en una cuestionable apropiación. En este escenario, ahora se plantean dos argumentos, ambos equivocados. La visión "porteña" sostiene que se justifica mantener la desviación del 15 por ciento de fondos coparticipables porque la Anses está asumiendo los nuevos gastos asociados a las moratorias previsionales, mecanismo por el cual se "regalaron" 2,4 millones de jubilaciones sin aportes. Este jubileo fue decidido de manera unilateral por el Gobierno Nacional en 2005, o sea, mucho antes de la eliminación del régimen de capitalización. Por eso, es absurdo que las provincias se hagan cargo de su financiamiento. La visión "provinciana", por su parte, sostiene que la Anses debería usar los fondos apropiados de la masa coparticipable para cubrir los déficits de los sistemas previsionales provinciales. Este argumento también es equivocado porque los fondos coparticipados pertenecen a todos los ciudadanos de las provincias y no sólo a los jubilados provinciales. Además, la obligación de la Nación de cubrir los déficits deriva de una ley del 1999 que no tiene ninguna relación con la creación del régimen de capitalización. Los legisladores que votaron la eliminación de ese sistema deberían haber contemplado en el mismo instrumento legal, la eliminación del desvío del 15 por ciento de la coparticipación. Además, deberían haber previsto transferir a las provincias una parte de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual estatizados, ya que se formaron gracias al 15 por ciento de coparticipación cedido mientras estuvo vigente el régimen de capitalización. De todas formas, no es tiempo de lamentar que los legisladores en 2008 avalaran una norma que, de manera visible y grosera, avasalló los intereses de las provincias. Hoy, lo importante es que quienes se postulen en las próximas elecciones clarifiquen si están dispuestos a reparar este daño al federalismo o seguirán claudicando frente al centralismo.