Las evidentes arritmias en el corazón de los mercados aceleraron los tiempos. El arranque de 2025 quedó huérfano del envión de expectativas que movió el velocímetro durante el año pasado, y el motor económico empieza a sentirlo.

Hasta la inflación, que ha sido uno de los vectores para mostrar resultados, se ha empantanado, sobre todo en la canasta de alimentos y bebidas. La consultora EcoGo relevó una suba promedio en febrero de 3,8% en ese segmento.

Después de acumular una seguidilla de desaciertos políticos, el Gobierno intenta ahora retomar la iniciativa trepado al árbol de la economía, que es donde mejor se siente, y después de una profunda poda con la promesa de un rebrote sustentable.

La actividad cayó 1,8% en 2024. El resultado fue mejor que lo esperado, pero si se excluyen agro y energía, el golpe recesivo dejó un moretón de -5,9% en términos del producto interno bruto (PIB).

El vaso medio lleno recién se corporizó en el último trimestre del año pasado y es la inercia que queda como piso, a la espera de que los sectores más sensibles de la economía real terminen de desentumecer sus músculos.

Pero la asepsia fiscal, aunque es clave, no alcanza para mover todos los engranajes. Y el blanqueo, que en la práctica funcionó como un puente de ingreso de capitales, ya no tiene más recorrido.

En concreto: las reservas netas no levantan y con cepo no habrá llegada de dólares en los volúmenes que demanda el país.

Por eso el Gobierno vuelve, de manera explícita, a tomar un atajo de necesidad y urgencia mediante un decreto para validar en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que según el ministro de Economía, Luis Caputo, ya está cerrado y sólo falta la aprobación del board del organismo.

En lo formal, la hoja de ruta es la misma que siguen todos los decretos de necesidad y urgencia (DNU): rigen desde su publicación y sólo caen con el rechazo de ambas cámaras legislativas. Se sabe: todas las fichas libertarias están puestas en Diputados.

Todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre el nuevo acuerdo con el FMI no ha terminado de despejar las principales incógnitas: el desembolso final, los destinos del dinero y el sendero de la política cambiaria.

La única señal oficial estuvo en un comunicado en el que el Gobierno reveló que el entendimiento “implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central” y que eso se traducirá en “una reducción del total de la deuda pública”.

Ese mecanismo supone pagar letras intransferibles que están en manos del Central (algo así como bonos internos que el Tesoro le dio al BCRA a cambio de dólares). Acá hay un tecnicismo, porque esos papeles tienen un valor real que equivale a un tercio del monto nominal.

Pero más allá de eso, pese a que el Gobierno lo niega, en definitiva habrá un aumento de la deuda con el FMI o del pasivo neto del sector público consolidado.

¿Qué se hará con el resto del desembolso? La hipótesis original es que quede como cinturón de castidad dentro de las reservas, para acompañar el desarme del cepo y que no se use para intervenir en el mercado ante eventuales presiones. Ver para creer.

A corto plazo, en tanto, no parece que vaya a ocurrir un cambio en el actual esquema cambiario. Además, los dólares frescos del FMI se van a solapar con el ingreso de divisas de las liquidaciones de la cosecha gruesa. Pero eso puede cambiar en el segundo semestre y, en especial, después de las elecciones legislativas.

Incluso, los rumores apuntan a que el organismo no exigiría nada en la política cambiaria, aunque incidiría de manera indirecta con un calendario de metas de acumulación de reservas.

Como sea, con el atajo construido, y más allá de la letra chica con las exigencias del FMI, el Gobierno deberá demostrar que el fin justificó los medios.