México pidió a corte de EE.UU. que impugne ley de inmigración

México le solicitó hoy a un tribunal estadounidense que declare inconstitucional la ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal, en apoyo a las organizaciones civiles que impugnaron la norma.

Abogados que representan al gobierno mejicano enviaron un escrito ante una corte federal de Phoenix, en Arizona, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que limita con ese estado norteamericano.

La ley(SB1070), que permite detener personas que aparentemente no tengan documentos estadounidenses legales por su aspecto físico, fue promulgada por la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, en abril pasado y entrará en vigencia en julio de no existir ningun impedimiento.

En su documento, el gobierno mexicano expresa sus "graves preocupaciones" por la ley y su empeño en no dejar que una medida estatal frustre su interés en tener buenas relaciones con Estados Unidos.

"El gobierno mexicano solicitó a la Corte Federal que se declare la inconstitucionalidad de la Ley SB1070 y se impida su entrada en vigor", señala el comunicado de la cancillería mejicana, informó la agencia de noticias DPA.

Los mexicanos subrayan que "es fundamental e imperativo que a sus ciudadanos se les reconozcan sus derechos humanos y civiles cuando se encuentren presentes en Arizona o en cualquier otra entidad de Estados Unidos".

La comunicación indica que pretende "asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios".Un juez estadounidense deberá decidir si acepta la carta junto con otras similares entregadas por diversas instituciones.

La norma ha sido criticada por el propio presidente norteamericano, Barack Obama, y por parte de gran parte de la comunidad internacional.Las autoridades estadounidenses indicaron que tienen reservas sobre la ley y que probablemente presentarán demandas para obstruirla.

La gobernadora de Arizona y sus partidarios sostienen que la ley busca persuadir a los inmigrantes ilegales de salir de Estados Unidos. Dicen que es consecuencia de la falta de acción del gobierno federal ante los problemas sociales causados por la inmigración clandestina.

Argumentan que la ley tiene cláusulas que impiden que sea usada para la caracterización racial.

El gobierno mejicano ya antes había expresado su desacuerdo con la ley y el presidente Felipe Calderón dio su opinión al respecto a Obma en mayo, cuando visitó Washington.