Líder neonazi vigila la frontera en Arizona

Phoenix. Grupos de voluntarios civiles, un aumento en el número de agentes de la patrulla fronteriza y una nueva ley de inmigración no son suficientes para un conocido líder neonazi que ahora encabeza una milicia en el desierto de Arizona.

Jason "J.T." Ready tomó el asunto en sus propias manos, declaró la guerra a los "narcoterroristas" y vigila la frontera para detectar a inmigrantes ilegales.

Hasta ahora, según Ready, sus patrullas encontraron unos pocos inmigrantes, a los que dieron agua y entregaron a la patrulla fronteriza. Asegura que una vez encontró un cadáver descompuesto y alertó a las autoridades.

Pero las agencias locales del orden están nerviosas, dado que el grupo de Ready está fuertemente armado y se identifica con el Movimiento Nacional Socialista, una organización que piensa que sólo los blancos no judíos heterosexuales deberían ser ciudadanos estadounidenses y que todos los demás deberían dejar el país "de forma pacífica o por la fuerza".

"No vamos a cruzarnos de brazos y esperar a que el gobierno actúe", apunta Ready. "Esto es lo que hicieron los padres fundadores del país", agrega.

En los últimos años, se ha producido una escalada de los grupos civiles de vigilancia fronteriza en Arizona, entre ellos el movimiento Minutemen, que toma su nombre de una milicia de la guerra de independencia.

Varios grupos patrullan el desierto a pie, a caballo y en aviones, y reportan actividades sospechosas a la patrulla fronteriza. Por ahora, no han causado problemas para las agencias del orden.

Pero Ready, un ex infante de marina de 37 años, es diferente. Él y sus amigos usan uniformes de camuflaje, chalecos antibala y máscaras de gas, y llevan fusiles automáticos. Ready se ofende cuando lo llaman neonazi, pero admite que se identifica con el Movimiento Nacional Socialista.

Ready es un reflejo de la furia sobre la inmigración ilegal en Arizona. La gobernadora Jan Brewer firmó hace poco una ley que criminaliza la inmigración ilegal. La norma, que entra en vigor el 29 de julio, es impugnada por el gobierno federal y diversas entidades, como así también por los países latinoamericanos.