Juventina, la violencia y las deudas del nuevo mandatario

Ciudad de México. Juventina Villa Mojica era defensora de los derechos humanos. Luchaba para que no talaran los montes de la sierra de Puebla. El 28 de noviembre subía a un cerro para hablar por teléfono –sólo allí tenía señal–. Unas horas después, la trasladarían, junto con su gente, a una comunidad más segura. Donde vivía era y es una zona extremadamente peligrosa, y las amenazas y agresiones ya eran insostenibles.

Juventina manejaba un cuatriciclo, acompañada por 10 agentes de la Policía estatal que la protegían. Estaba llegando arriba cuando surgieron 30 a 40 personas que la acribillaron, literalmente. A ella, y a su hijo de 11 años, Reinaldo Santana.

La información oficial fue que los cinco policías que iban adelante y los cinco de atrás se guarecieron (escondieron) ante el ataque. Ya son entre 20 y 25 las personas asesinadas de la misma familia de Juventina. El marido, entre ellas.

Juventina y su esposo, Rubén, habían iniciado, hace 15 años, una lucha por la preservación de los bosques. Querían evitar que los habitantes de la sierra lo talaran y que otras personas entraran al lugar a explotar la madera. Protegían los bosques de la delincuencia organizada y, por eso, empezaron las amenazas de muerte contra ellos y contra la población. Los delincuentes querían expulsarlos para explotar los bosques y cultivar droga.

Muertes anunciadas. La de Juventina es una de las muchas muertes anunciadas de México. Dice Manuel Olivares, secretario de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos: "Esta es una prueba innegable de que la delincuencia organizada, la violencia, rebasó la capacidad del Estado mejicano y son los que de alguna manera están gobernando".

Este país, este México ensangrentado, es el que gobierna desde ayer Enrique Peña Nieto. Una vez pasados los actos protocolares, los saludos de ocasión, una vez ubicados él y sus colaboradores en las oficinas oficiales, uno de los principales temas, y el más urgente, será disminuir la inseguridad.

De acuerdo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el movimiento de víctimas de la violencia cuyo líder más visible es el poeta y periodista Javier Sicilia, a quien le asesinaron un hijo, “la guerra contra el crimen organizado” lanzada por Felipe Calderón en 2007 dejó más de 70 mil muertos, más de 20 mil desaparecidos, más de 250 mil desplazados, cientos de miles de familias rotas y ciudades, pueblos y rancherías sometidos al miedo, la violencia y la desolación.

Estamos conscientes de que la guerra no termina con el sexenio y que el siguiente gobierno está endeudado de antemano en tomar las medidas que pueda, al más corto plazo posible, sacar al país del desastre en que se encuentra.

Lo que urge. Peña Nieto tiene una deuda enorme con México. Debe ponerle fin a esta masacre. Debe regenerar un Estado descompuesto donde la ausencia de autoridad hace que cada quien la ejerza como quiera: justicia por mano propia, extorsiones, "peajes" a los grupos criminales para poder trabajar en tranquilidad, para evitar tragedias familiares.

Peña Nieto tiene una deuda con los derechos humanos. Urge que se ponga a trabajar para evitar más inocentes presos y más culpables sueltos. Para que la tortura no sea más un mecanismo usado para que los arbitrariamente detenidos se autoinculpen de crímenes que no cometieron. Le urge evitar que las fuerzas armadas violen los derechos de la gente en los operativos. Y urge que genere mecanismos para proteger a periodistas y a defensores de los derechos humanos.

Peña Nieto tiene la obligación de depurar de corrupción a las fuerzas policiales y a los gobiernos. Todo está demasiado contaminado. Hace poco, el hijo del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI (alejado de ese cargo tras haber sido acusado de corrupción) fue asesinado. También era el sobrino del actual gobernador de ese estado. En este caso, la justicia llegó mucho más rápido que para la mayoría de los desconocidos, invisibilizados, ignorados.

Otra obligación de Peña Nieto es evitar represiones policiales. El sábado, afuera del Congreso, antes de la llegada del nuevo presidente a protestar como jefe de Estado –en México se protesta, no se jura– hubo manifestaciones del movimiento #Yosoy132 (y otras organizaciones), surgido luego de la presencia de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana.

En su origen, este movimiento que hoy reúne a estudiantes de universidades públicas y privadas, reclamó a Peña su represión a los manifestantes de San Salvador Atenco cuando él era gobernador del estado de México. Esa represión provocó muertos, encarcelados, heridos y mujeres violadas por policías.

El nuevo presidente asume con deudas y muy cuestionado. El tema de la seguridad estuvo presente durante los discursos de los representantes de todas las fuerzas políticas en el Congreso, antes de la toma de posesión (para lo que se tuvo que blindar el lugar, ¿aislarlo de la gente?).

Durante su campaña electoral, Peña Nieto se comprometió públicamente a disminuir un 50 por ciento la tasa de homicidios y secuestros, y reducir las extorsiones y los secuestros.

Ya no hay posibilidades de seguir esperando. Es demasiado tarde. El sufrimiento, la violencia y el dolor pasaron hace rato el límite de lo inenarrable. Y aún siguen estremeciendo.