A un mes de su elección, la Constituyente acumula poderes
Críticas globales no frenaron la Asamblea de Maduro, que impone blindaje al chavismo. El Supremo venezolano se puso ayer a la orden del polémico órgano para encarcelar “traidores”.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela cumple un mes de su elección. Pese a la estampida de críticas sobre su legitimidad, el órgano integrado sólo por oficialistas avanza imparable en su afán por blindar al chavismo gobernante.
A su manera, este suprapoder ha ido cumpliendo los propósitos para los que fue constituido, pues su puesta en marcha significó el fin de las protestas antigubernamentales que sacudieron al país durante cuatro meses y que se saldaron con más de 120 muertos, unos dos mil heridos y cerca de cinco mil arrestos.
Pese a que los constituyentes se atribuyen esta “victoria de paz”, la ANC no hizo nada concreto para detener las manifestaciones. Fue su elección en sí lo que desairó las calles ante la llegada de este temido cuerpo que es visto por los opositores como un instrumento para consolidar al régimen.
Los 545 miembros de esa Asamblea, todos fieles a la Revolución Bolivariana, aprobaron por unanimidad cada una de las decisiones, aunque su presidenta, la excanciller Delcy Rodríguez, insiste en defender la pluralidad y las “distintas corrientes de pensamiento” que convergen en la ANC.
Los constituyentes han actuado contra quienes consideran detractores de esa calma que pregona el chavismo, en la que la oposición política es apátrida y los empresarios los culpables de la crisis económica.
Rodaron cabezas
Con esta premisa, y con el poder incontestable de la Constituyente, comenzaron a cortar cabezas. La primera que rodó fue la de la exfiscal General Luisa Ortega, a quien señalaron como responsable de la violencia desatada durante las protestas y le achacaron supuestas faltas graves en el desempeño de su cargo.
Ortega se había convertido en la voz crítica institucional contra el Gobierno de Nicolás Maduro y la Justicia venezolana. Denunció "la ruptura del hilo constitucional". Por eso le quitaron la titularidad de la acción penal y designaron en su lugar a quien fue defensor del pueblo, Tarek William Saab, una ficha leal al oficialismo que ha dedicado sus primeros días en el Ministerio Público a denunciar una supuesta red de extorsión vinculada a la exfiscal y a su marido, el diputado Germán Ferrer.
Este legislador, ahora disidente del chavismo, motivó el siguiente movimiento de la Constituyente, que decidió retirarle la inmunidad y avalar una orden de aprehensión dictada por el Supremo. No se pudo concretar porque Ferrer y su esposa abandonaron Venezuela y ahora denuncian “persecución política”.
El cuerpo oficialista ha hecho sentir su superioridad al demandar la subordinación del resto de los poderes y al lograr que Maduro, el fiscal Saab y hasta los rectores electorales acudieran a ponerse a la orden, con lo que consiguieron ser ratificados en sus cargos.
A su disposición
Ayer fue el turno del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), que se puso a la orden de la Constituyente para dar inicio a una investigación a dirigentes políticos por el delito de traición a la patria.
El martes, el órgano aprobó el comienzo de un “juicio histórico” contra opositores por supuestamente pedir y respaldar las sanciones económicas dictadas por Estados Unidos contra el país.
En cambio, la directiva del Parlamento rechazó la invitación de la Constituyente y recordó “su origen fraudulento”, lo que no impidió a los oficialistas arrogarse las competencias para “legislar sobre materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía”.
Con esta facultad, la ANC discute ahora una ley contra el odio, que regulará los mensajes en las redes sociales y medios de comunicación. Además, a través de un Consejo Nacional de Economía, estudia medidas para paliar la escasez de alimentos y medicinas.
Asimismo, la Constituyente avanza con una Comisión de la Verdad que juzgará a los responsables de la “violencia política” y que investiga al presidente del Parlamento, Julio Borges, y a varios opositores, a quienes considera responsables de las muertes en protestas.
Mientras el Gobierno de Maduro tiene una caducidad anunciada para fines de 2018, la ANC ha decidido mantener su poder incontestable por al menos dos años, aunque, como reitera su representante más emblemático, Diosdado Cabello, esto puede extenderse “el tiempo que sea necesario”.
Maduro quiere ayudar a las víctimas de Harvey. El Gobierno de Venezuela entregará ayuda humanitaria por cinco millones de dólares para afectados en Estados Unidos por la tormenta tropical Harvey. La asistencia se dará a través de las ganancias de la empresa Citgo, firma venezolana que opera en Estados Unidos con una cadena de refinación y comercialización de combustible. El líder opositor Henrique Capriles criticó el anuncio, en momentos en que el país sigue afectado por dos recientes tragedias. "Nos debe causar indignación que con lo que pasó en Choroní y en Amazonas, el Gobierno done cinco millones de dólares para atender a los afectados de Houston", expresó.
