Sin conciencia de género

Esta semana se cumplieron 10 años de la sanción de la ley 9.182 de jurados populares que Córdoba exhibe como pionera en todo el país. El mismo martes se celebró el acto de sorteo de quienes integran el padrón de ciudadanos a ser convocados en todas las jurisdicciones de la provincia para administrar justicia junto a los jueces técnicos. El método aleatorio suele ser preciso en cuanto a la representatividad de quienes son elegidos. Quienes integran un jurado popular, si del padrón son elegidos al azar, serán una porción que reproduce en pequeña escala lo que sucede en el colectivo social.En este juicio por jurados, seguramente pasó lo que se verifica en la sociedad. El veredicto se produjo tras la deliberación de los jurados populares, luego de que el fiscal cambió la calificación legal por una figura más benigna.Los ocho representantes del pueblo más dos de los camaristas emitieron sus votos. Hubo seis jurados populares a favor de la petición fiscal, uno por la absolución y uno por el homicidio calificado. El vocal Montero adhirió a la postura del fiscal Gualda; Achával, en contra.Entre esos votos, sólo dos hombres (Achával y un juez lego) se inclinaron por la acusación original que debía terminar en perpetua. En cambio, el voto para absolver al acusado de matar a su esposa correspondió a una mujer.Muchas son las reflexiones que pueden extraerse. Acaso puedan transpolarse conclusiones sobre lo que se reproduce a nivel social.Si bien habrá que aguardar dos semanas los fundamentos de esta sentencia, en general puede decirse que la consciencia de género no es una cualidad que abunde entre los ciudadanos de a pie, pero tampoco entre los más instruidos. No es algo exclusivo de las clases sociales el acceso a posiciones progresistas en esta materia. Tampoco respecto de cada sexo: hay hombres y mujeres machistas.A diario nos topamos con experiencias de avasallamiento de los derechos de los más desprotegidos, de los más débiles, de quienes tienen menor posibilidad de acceso a los bienes y a los servicios que la comunidad ofrece de modo inequitativo.Los tribunales y sus operadores son parte del entramado social. Sus decisiones no son más que el reflejo del sentir colectivo, especialmente en los juicios populares.