Sin asignación porque el marido preso cobra $ 140
Una mujer denunció que perdió el beneficio de los $ 180 debido a que su esposo hace laborterapia en prisión / Mantiene a 5 hijos con $ 200.
Río Segundo. "Estoy desesperada porque no tengo para darles de comer a mis hijos y tengo miedo de que me los saquen", dice Viviana Arcos, una vecina de la ciudad de Río Segundo que desde que dejó de cobrar la asignación universal por hijo vive con 200 pesos mensuales que le otorga como subsidio mensual la Municipalidad local.
La mujer es muy humilde y vive en una casa de dos ambientes con sus cinco hijos de 17, 14, 12, 9 y 4 años, cuatro de ellos con discapacidades. En esta situación, viajar a la ciudad de Córdoba, a 41 kilómetros, para continuar con sus tratamientos es casi imposible.
Durante tres meses, sus vidas mejoraron. En ese lapso, Viviana cobró 180 pesos por cada uno de sus hijos, y en febrero inició el trámite para que se les reconociera la discapacidad de cuatro de ellos para que perciban un monto mayor (720 pesos por cada uno).
Pero desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le dijeron que quedaba excluida del programa porque su marido, que está preso desde hace diez años, figura en los registros de la repartición con un sueldo de 140 pesos, y el programa -según la reglamentación dispuesta por el Gobierno nacional- es sólo para desocupados o trabajadores informales.
"Mi marido cobra esa plata por una laborterapia que hace en la cárcel, pero nosotros en casa no recibimos un centavo de eso, que además es muy poco", explicó Arco, quien no puede trabajar porque la atención de sus hijos le lleva todo el día.
Desde que se revisó su caso, dejó de percibir la ayuda del Estado y se las rebusca para alimentar a sus hijos con los 200 pesos mensuales que le aporta el municipio, mientras continúa las gestiones para volver a cobrar la asignación nacional, que en la provincia de Córdoba tiene a 279.006 niños y niñas de 0 a 18 años como beneficiarios.
Desde Anses explicaron que el caso se inscribiría entre los posibles grupos de beneficiarios que aún están en análisis: monotributistas de las categorías más bajas, privados de libertad y alumnos que asisten a colegios privados.
