Saillén y Catrambone, libres después de 7 meses y $ 20 millones

Luego de una semana de espera, los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone dejaron ayer la cárcel de Bouwer. La cuarentena por la pandemia del coronavirus, que los ayudó a lograr la excarcelación, había sido el mismo motivo que estos días les había impedido salir.

Esa es la paradoja que vivieron los mandamases del Sindicato de Recolectores de Residuos de Córdoba (Surrbac), que cumplieron más de siete meses en la cárcel de Bouwer, procesados por haber cometido, supuestamente, graves delitos contra las finanzas de su sindicato, su obra social y su mutual.

Como los bancos no están funcionando, y tampoco se encuentran abiertas las oficinas del Registro de la Propiedad y del Registro del Automotor, se les complicaba cumplir con el requisito de pagar la fianza de 20 millones de pesos (10 millones cada uno) que se les exigió desde la Justicia para quedar en libertad.

Ambos habían logrado la excarcelación el jueves 26 de marzo, con una resolución que emitió la Cámara Federal de Apelaciones, en fallo dividido y polémico.

¿Por qué polémico? Porque dos de los tres jueces del tribunal consideraron que ambos ya no muestran riesgo de fuga y además que su libertad no representa un peligro para la continuidad de la investigación.

Además, los jueces citaron la pandemia de coronavirus como uno de los motivos para excarcelarlos, si bien en la cárcel de Bouwer no existe todavía un solo caso de la enfermedad.

Desde aquel día sus abogados comenzaron diferentes gestiones para ver cómo cumplir con el pago de la fianza de 10 millones de pesos cada uno, que les fijó la Justicia federal para acceder a la salida de la cárcel.

Los letrados intentaron que se les aceptaran cauciones juratorias, cauciones personales, y luego avisaron que presentarían un grupo de autos que algunos miembros del sindicato de recolectores Surrbac ofrecerían como garantía para que sus jefes recuperaran la libertad, aunque en un primer momento no aportaron los documentos de los vehículos para avanzar en ese sentido.

Finalmente, en la tarde ayer, Saillén y Catrambone lograron que desde el Registro Nacional de Propiedad del Automotor respondieran positivamente a la posibilidad de embargar los automóviles que presentaron para cubrir el monto de la fianza. Y así lograron dejar el penal.

Los gremialistas no pudieron presentar para esta circunstancia los numerosos inmuebles, automóviles o dinero que, en diferentes allanamientos, encontró la Justicia como parte de la investigación que se sustancia contra ellos por varios delitos.

La investigación que involucra a Saillén y a Catrambone la lleva adelante el juzgado que encabeza Ricardo Bustos Fierro, pero hasta el lunes el juez de feria que debió decidir sobre su libertad fue Alejandro Sánchez Freytes.

El martes, el tercer juez federal que intervino en la causa, Miguel Hugo Vaca Narvaja, fue quien terminó firmando los oficios para que se concretara la libertad de ambos sindicalistas.

Junto a otras 17 personas, ambos dirigentes están procesados por haber cometido supuestamente delitos contra las finanzas del sindicato, la mutual y la obra social, entre los que se cuentan asociación ilícita, usura, defraudación y lavado de dinero. Ahora, volvieron a la libertad y seguirán así durante la investigación.

Si bien el Ministerio de Trabajo de la Nación intervino el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), el poder de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone nunca se vio afectado. A través de sus hijos, miembros de la comisión directiva, continuaron con la toma de decisiones en el sindicato.

El interventor, el abogado Alberto Ricardo Simón, asumió el pasado 10 de marzo. Sin embargo, la comisión directiva del Surrbac mantuvo sus funciones.

Mientras estuvieron detenidos, la conducción de hecho recayó en Franco y Juan Saillén, dos de los hijos de Mauricio, que forman parte de la comisión directiva.

Simón sólo se encarga de las cuestiones financieras y administrativas del gremio, mientras que la comisión directiva continúa con el resto de las funciones. Es decir que no fue suspendida, como suele ocurrir cuando se determina la intervención de un gremio.

Fuentes del Ministerio admitieron en su momento, en off the record, que no es habitual una intervención con poder tan acotado.

Esa sería la razón por la cual la llegada del interventor pasó totalmente desapercibida, pese a que un nutrido grupo de afiliados encabezado por Franco y Juan Saillén habían rechazado la medida dispuesta por el Gobierno nacional a pedido de la Justicia federal.

Los duros cuestionamientos sobre los cuales se había fundamentado la intervención quedaron desdibujados ante las fuertes limitaciones que le impuso el ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni.

La resolución del Ministerio de Trabajo por la que se interviene el sindicato habilita a Simón para “ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades existentes, determinadas por la autoridad judicial”.

Así las cosas, con Saillén y Catrambone en libertad, no habrá cambios sensibles en el Surrbac. Todo será como hasta ahora.

“Nos condenan por estar del lado del trabajador.”

“Fueron meses de extrañar esa imagen tuya, con tu mate con edulcorante por la mañana, el consejo antes de salir, la opinión al regresar, la fortaleza de la enseñanza de todas las luchas ganadas y perdidas que a lo largo de esta vida te han tocado”, escribió ayer Franco Saillén, uno de los hijos de Mauricio. A través de su cuenta de Twitter, se mostró con su padre, liberado en horas de la tarde. “Esto es así, nos condenan por estar siempre del lado del trabajador, sea quien sea que esté en frente y allí, en esa trinchera ideológica, codo a codo”.