Pidieron cinco años de prisión para los hermanos Barey

Cuando los guardias les sacaron las esposas, Favio Ricardo Barey (42) y su hermano Daniel Alejandro “Cheto” Barey (34) sonreían de oreja a oreja y saludaban a las numerosas mujeres y familiares que ocuparon gran parte de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N° 1 para escuchar los alegatos.

El público se tuvo que retirar un tanto frustrado porque al cabo de casi tres horas de iniciado el debate, al único que se escuchó fue al fiscal Maximiliano Hairabedian, quien solicitó cinco años de prisión para los hermanos propietarios de cuatro whisquerías y un local utilizado para que mujeres ejercieran la prostitución.

Al iniciar su exposición el fiscal advirtió que le costaría probar que los dos principales imputados en la causa eran culpables por el delito de trata de personas, ya que eran juzgados por la ley anterior y no por la actual porque no estaba vigente en el momento de allanar las whisquerías, detener a todos los involucrados en la supuesta trata de mujeres mayores para explotación sexual y secuestrar elementos de prueba.

El fiscal sostuvo que iba a probar que las mujeres que trabajaban en esos locales nocturnos fueron reclutadas por los Barey, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Habló de dos tipos de vulnerabilidad: la objetiva y la subjetiva.

Para comprobar la parte objetiva, nombró por sus iniciales a 19 de las 25 chicas que trabajaban para los hermanos que permanecen detenidos desde hace casi tres años. En la mayoría de los casos se trataba de mujeres madres de varios hijos, algunas sin estudios primarios completos y con sus maridos presos, desocupadas, que se vieron obligadas a prostituirse para alimentar a los chicos.

La antigua ley exigía que hubiera violencia, encierro, amenazas y/o el aprovechamiento de la vulnerabilidad. Concluida la historia de vida de las 19 víctimas en lo que hace a la cuestión objetiva, el fiscal reconoció que desde el punto de vista subjetivo, no habían existido los requisitos exigidos por el código penal para la configuración del delito, ya que las mujeres trabajaban cuando querían, no eran maltratadas. Incluso, no se podría hablar del aprovechamiento de la vulnerabilidad ya que cuando llegaban a pedir trabajo no le preguntaban el porqué y sólo se limitaban a decirles cuánto cobrarían.

Ante este contratiempo, Hairabedian apeló a una figura poco conocida para probar el dolo: la ignorancia. Sostuvo que los Barey conocían a la perfección la ley de trata porque ya habían tenido una causa con anterioridad. “Desplegaron una estrategia para ubicarse en una posición de ignorancia deliberada. Utilizaron triquiñuelas y otros subterfugios. Incluso surge de las intervenciones telefónicas, cuando alguien les ofrece una chica y había que pagarle el pasaje de ómnibus y Barey no acepta porque eso constituía trata. Respondió que si quería venir que viniera por sus propios medios. Incluso, de las conversaciones surge que sólo contrataba mujeres cordobesas”.

“Con su experiencia y antecedentes, no les hacía falta preguntarles nada, con sólo verlas ya sabían de las carencias que las llevaban a ejercer la prostitución”, subrayó el fiscal para justificar el pedido de cinco años de cárcel, una abultada multa y el decomiso de los autos de alta gama adquiridos con las ganancias que obtenían con la explotación sexual.

En el caso de Brenda Artaza, encargada de uno de los locales de los Barey, el fiscal consideró que su participación sería secundaria y pidió sólo dos años de prisión en suspenso, en caso que el tribunal no decidiera absolverla. Estimó que tenían que ser absueltos José Antonio Baracat, Adolfo Rodolfo Cordero, Agustín Cabrera Raimondi y Pablo Hugo Bottiglieri.

El lunes se escuchará el resto de alegatos, y la expectativa está en los argumentos que utilice el abogado Marcelo Brito para pedir la absolución de los hermanos Barey.