Multas sospechosas

Sobre una mesa de madera, en una oficina del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), delegación Córdoba, edificio ubicado sobre la avenida Vélez Sársfield frente a la Plaza de las Américas, "reposan" 11 de los 30 radares adquiridos para la Policía Caminera de la Provincia hace ya dos años. "Están listos hace rato, pero no sé por qué no los vienen a buscar", se pregunta el ingeniero Roberto Muñoz. La revelación sorprende al periodista que, en realidad, intentaba confirmar si durante un lapso de 50 días (entre el 5 de marzo y el 23 de abril de 2009), la Caminera cobró una suma millonaria en multas por exceso de velocidad, que son ilegales porque los radares no habían sido homologados. La revelación del ingeniero crispa los nervios del ministro de Gobierno, Carlos Caserio, quien sostiene que no se hizo nada ilegal.Muñoz precisa que los cuestionados cinemómetros son de la empresa norteamericana Stalker y del modelo Stalker Lidar (ya no se fabrican más). "La empresa Servitec SRL, a través de su gerente y/o dueño, Juan Ortolani, le vendió 30 pistolas (radares) a la Policía. Lo primero que se hizo fue la verificación primitiva; es cuando un aparato nuevo entra en servicio. Servitec es un importador que les introduce algunas reformas particulares en función de las exigencias en el país, como ser que las leyendas estén en castellano", indica el ingeniero.Una vez que los técnicos del Inti realizan la verificación primitiva, la remiten a la Dirección Nacional de Comercio Interior, autoridad de aplicación de la ley 19.511, de Metrología Legal. "Estos cinemómetros están dentro de lo que se llama Metrología Legal; es cuando se mide una magnitud física para ponerle el precio a una cosa, como puede ser una balanza, un surtidor de combustible o el caso de los radares para aplicar una sanción económica", comenta Muñoz.Muñoz dice que de acuerdo a la ley, "el fabricante o importador tiene que presentar un aparato para hacer la aprobación del modelo. Nosotros emitimos un informe de sello de aprobación de modelo y la autoridad de aplicación, que es la Dirección Nacional de Comercio Interior, analiza ese informe y aprueba el modelo o, si tiene alguna duda, nos pregunta; a veces nos piden algún ensayo adicional. Una vez aprobado el modelo, el fabricante o importador puede ingresar equipos, pero éstos no pueden entrar en servicio. Se hace la verificación primitiva y allí el Inti constata si dichos aparatos son equivalentes al prototipo de modelo aprobado. Con este informe, el fabricante o importador tiene que ir a la Dirección de Comercio Interior y, si está de acuerdo con nuestra verificación, a través de Metrología Legal, extiende el certificado de homologación".Los radares incorporados por la Policía Caminera tuvieron demasiados problemas y recién fueron homologados el 23 de abril de 2009. No obstante, se utilizaron en enero y febrero de ese año para detener a automovilistas y notificarlos de infracciones por exceso de velocidad, pero sin aplicarles multa.Transcurrido ese lapso de prueba, a partir del 5 de marzo, la Caminera comenzó a cobrar las infracciones. "Si no estaban homologados, no eran legales, porque el dictamen de Metrología Legal es una exigencia insalvable para que el aparato pueda estar en servicio", insiste Muñoz. –¿Esto significa que se cobraron multas ilegales, porque los radares no estaban legalizados? –Yo no le puedo decir si se cobraron multas o no; yo me remito a lo técnico, a lo que exige la normativa. Esos radares no debieron ser utilizados; si los utilizaron o no, lo desconozco. Le repito, cuando nosotros hacemos la primitiva, el aparato todavía no tiene validez legal. Recién la tiene cuando certifica Comercio Interior. Fallas en radares. En el Inti, se verifican cientos de radares de todas las marcas y modalidades (con cámaras o sin cámaras, fijos o móviles). A los ingenieros del organismo les ha llamado la atención que los Stalker Lidar de la Policía fallen continuamente, cuando otros de la misma marca y modelo, utilizados por otros organismos, no presentan "novedades" y se verifican a lo largo de tres, cuatro o cinco años sin necesidad de reparaciones. "Pasan cosas que yo no entiendo. Salieron de servicio muchos de ellos. Después, yo tengo acá nueve que no los retiraron nunca; es decir, los verificamos. Primero trajeron tres, después trajeron dos, después cinco. El tema es que en este momento tengo nueve (en realidad, son 11). Se han ido rompiendo, más bien por golpes. Hubo fallas, después de un tiempo de ope-raciones salen malos", dice Muñoz. –El ministro Caserio se mostró muy molesto con ustedes y argumentó que las verificaciones se demoraron porque estaban de vacaciones. –Acá no se cierra nunca. Puede haber vacaciones del personal, pero siempre está abierto. Si ellos querían traer las pistolas, podían hacerlo. Quizá las inspecciones no se podían hacer en una semana, pero se hacían en la siguiente.Cuando consultamos al ministro Caserio sobre el estado de los radares, las multas ilegales y por el supuesto sobreprecio que pagado por los 30 aparatos, el funcionario respondió que hablaría sobre la licitación, pero sobre los otros temas quien debía responder era el jefe de la Caminera.Sin embargo, negó que se hayan cobrado multas ilegales y dijo que esperaba que quien entendiera lo contrario "no hable en off ; que dé la cara".Al señalarle que un ingeniero del Inti explicó que la utilización de los radares durante 50 días era ilegal, e incluso que también no era legal su uso entre abril y mayo de este año, porque se demoraron en realizar la verificación anual de varios radares, Caserio, visiblemente molesto, respondió: "Multas ilegales es un término que usted usa; a mí no me consta. Usted ya habló con la Policía y ya se dijo lo que se tenía que decir; para qué vamos a hablar dos sobre el mismo tema. Ahora, si tiene alguna duda...". –Yo le pregunto si entre el 5 de marzo y el 23 de abril de 2009, fecha ésta en la que recién se autorizó el uso de radares, se cobraron multas. –Esos 30 días (en realidad, son 50) a los que usted se refiere, como estaba demorada la homologación total, faltaban algunos pasos, la Policía Caminera solicitó a la Dirección de Prevención de Tránsito un informe para saber si estaban habilitados y el director (Miguel Ledesma) les respondió que sí podían actuar y así lo hicieron. –En el Inti me dicen que en esa fecha no estaban legalizados. –Las cosas son ilegales cuando alguien hace una denuncia y la Justicia verá si hay o no ilegalidad. –Hubo una periodista de los SRT que fue multada y denunció públicamente que era ilegal, porque los radares no estaban homologados. Lo negaron desde la Policía, pero ahora vemos que ella tenía razón... –Eso lo dice usted. Acá hay un trámite, hay pasos. La Dirección de Tránsito, el ingeniero Ledesma, consideró que podía actuar así. Si no es así, que se haga un reclamo administrativo y, si no, se recurre a la Justicia; tiene el derecho, como cualquier ciudadano. El director de Tránsito tomó una decisión en función de su conocimiento, lo que le compete y lo que considera. Puede recurrirse administrativamente o a la Justicia. –Pero eso, el ciudadano común no lo sabe. –Está usted como periodista, que se lo dice; cada uno se presentará cuando le corresponda. –¿A esta altura, cuando ha pasado más de un año? –Pero usted habla de una ilegalidad que no es manifiesta, que se lo dice alguien; es su criterio, no es la Justicia... –Ustedes han criticado a las municipalidades porque no tenían homologados sus radares. –No le voy a permitir lo que usted está diciendo; es capcioso. Estamos hablando de un período de 30 días (son 50), donde todo está ajustado a la ley, los radares son legales, sólo que hay una disposición administrativa que puede ser discutible. Yo no violo ninguna ley. Están (los municipios) violando la Ley de Tránsito de la Provincia, utilizando elementos que no están aprobados por la ley. –En Pampayasta apelaron y el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón. –Siempre hay un tribunal que opina sobre lo que decide otro. Nosotros creemos que tenemos razón. Sólo siete funcionan A todo esto, el jefe de la Policía Caminera, comisario general Julio César Berrocal, reconoce que los cinemómetros recién fueron homologados el 23 de abril de 2009. Mientras Caserio sostiene que la Policía preguntó al director de Prevención de Tránsito si podían utilizar los radares antes de la fecha mencionada, da una versión distinta. "Entre el 8 de enero y el l 5 de marzo de 2009 hubo un período de concientización, con más de siete mil actas, y a partir de entonces la Caminera trabajó con una orden del ingeniero Miguel Ledesma, de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, donde ellos habilitaban los aparatos con una verificación primitiva. Eso fue hasta el 23 de abril, cuando llega la homologación". –Pero desde que ustedes empiezan a cobrar, desde el 5 de marzo al 23 de abril, todo es ilegal. –Yo no sé decirle si son ilegales o no. –De acuerdo a información recogida en el Inti, la Policía no habría cuidado debidamente los radares. Muchos llegaron golpeados. –No es así. Lo que pasa es que periódicamente se rompen. La verificación de cada aparato se hace una vez por año y acá se hicieron mucho antes. Le explico cómo es el circuito: lo vemos a Juan Ortolani (el importador que vendió los equipos) para que haga un presupuesto de la reparación y lo ve Finanzas para su aprobación. La verificación del Inti sale 1.700 pesos y a eso se le suman tres mil pesos del alquiler del autódromo Cabalén.A Berrocal le consultamos cuándo se daban cuenta de que un radar estaba fuera de servicio y si el personal policial a su cargo llegaba a la desidia de no cuidar o romper los aparatos. ¿O acaso son de mala calidad?"Le puedo decir que a pesar del cuidado de los policías, no duran mucho. Nosotros tenemos 30 y sólo hay siete sanos. Hay cuatro que están listos para retirar y ya está ingresando la plata el lunes para retirar el martes otros nueve. Hay otros ocho que no funcionan; los está presupuestando Ortolani. Tiene que acercarnos el presupuesto para que lo apruebe Finanzas". Berrocal, que desde julio último se hizo cargo de la Caminera, defiende a sus subordinados. "Se rompen siempre. No sé de calidad, pero tampoco sé si son uno o dos casos que el personal puede haberlos golpeado", concluye el comisario.El importador Juan Ortolani se negó a responder preguntas sobre la calidad de los equipos que vendió y de la gran diferencia entre el precio que le pagaron y el precio de venta de fábrica en Estados Unidos. "No voy a responder. No soy yo quien debe hablar, no me correspon-de. Hablen con la Caminera", indicó.