Mejor que antes, pero todavía falta mucho

Este año se cumple ya una década desde que se sancionó en el país la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, por la cual el Estado garantiza la provisión gratuita de anticonceptivos, asesoramiento y acceso en materia de salud reproductiva a toda la población. Al año siguiente, a través del decreto reglamentario 1.282/03, lentamente y con muchas dificultades, arrancó el Programa Nacional de Salud Reproductiva para garantizar estos derechos a todas las mujeres argentinas. Y en particular a las más vulnerables, que son las únicas que en la práctica no pueden acceder a métodos que siempre fueron una realidad en las clases medias y altas. Sin embargo, aunque es innegable que se han registrado avances importantes, 10 años después el objetivo dista de estar cumplido, porque, tal como advierte el crítico informe que una decena de ONG presentaron ante Naciones Unidas, son todavía muchos los obstáculos concretos que persisten para acceder a la salud reproductiva en los centros de salud. Las trabas, además, son una verdadera telaraña en la que confluyen, entre otros factores, políticas erráticas, problemas operativos, presión de los sectores conservadores, desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos, y con demasiada frecuencia, también la postura individual de profesionales que transforman su derecho a la objeción de conciencia en una barrera institucional casi infranqueable. Y lo que se deja de hacer en materia de anticoncepción, después se traduce sin anestesia en la cifra negra de abortos, de complicaciones por abortos y de mortalidad materna por esta causa. En Córdoba, en un año y sólo en cuatro hospitales, la cifra oficial de internaciones por abortos fue de 3.283, mientras que los abortos se estiman en 50 mil al año, según reconoció el ex ministro de Salud, Oscar González.