Las diferencias con Argentina

Uruguay se encuentra desde ayer entre los pocos países de América latina que despenalizaron el aborto en cualquier caso en que una mujer lo requiera. En comparación con Argentina, la situación del país vecino era muy diferente aun antes de la aprobación de la nueva la ley.

Penas. Mientras que en Uruguay la sanción a la mujer que consiente que le practiquen un aborto era, hasta ayer, de tres a nueve meses de prisión, en Argentina la pena asciende a un mínimo de un año y un máximo de cuatro. Es decir, la ley uruguaya tenía un espíritu de menor reproche criminal hacia las mujeres.

Antecedentes. Hace años que el país vecino debate el tema. Es más, en 2008, el Parlamento uruguayo sancionó una ley de despenalización del aborto, pero el entonces presidente, Tabaré Vázquez, la vetó. En cambio, en Argentina, ningún partido político logró jamás que, al menos, el Congreso vote un proyecto de ley de despenalización. Es más, ni siquiera se logró debatir en las comisiones que integran los diputados y senadores en cada Cámara, paso previo necesario para que luego se trate en el recinto (el año pasado hubo un intento fallido).

Presidente. La despenalización del aborto fue una de las promesas electorales del partido gobernante, el Frente Amplio, que erigió como presidente a José Mujica. En Argentina, Cristina Fernández mantiene una postura pública contraria a la despenalización.

Clandestinidad . En Argentina, los abortos se hacen en la clandestinidad y son la primera causa de mortalidad materna, con alrededor de un tercio de la totalidad de los fallecimientos. En Uruguay, en cambio, durante años no se registró ninguna muerte por aborto. ¿Por qué? Porque en los hospitales públicos un equipo interdisciplinario atiende a la mujer que desee terminar con su embarazo y le explica cómo hacerlo con pastillas.

Aborto no punible. En Uruguay ahora está despenalizado en todos los casos. En Argentina, en la práctica, ni siquiera se puede interrumpir un embarazo cuando la misma ley los permite (violación, y riesgo de vida o salud de la mujer) debido a acciones judiciales de organizaciones pro-Iglesia y a los jueces que les hacen lugar.