Jueces de Paz modelo Schiaretti

El cambio que se venía reclamando hace décadas finalmente ocurrió. Por primera vez, la provincia de Córdoba comenzó a designar a sus jueces de Paz a través de concursos abiertos, avalados por una Junta de Calificación y Selección.

Aunque la imagen más difundida de los jueces los ubica siempre trabajando en edificios de tribunales e impartiendo sentencias detrás de un escritorio, existen cientos de otros jueces menos conocidos, pero no menos importantes. Los jueces de Paz, antiguamente llamados pedáneos, cumplen una tarea fundamental en el interior provincial. Se encargan de colaborar en operativos de allanamientos, embargos, son autoridades electorales, certifican firmas, notifican y cumplen, en especial, con la tarea de mediar entre vecinos y de llevar el servicio de Justicia a lugares generalmente alejados de las grandes ciudades.

Estos jueces, que en la provincia de Córdoba trabajan en más de 300 juzgados, históricamente fueron rebajados a punteros políticos y elegidos a dedo según las inclinaciones partidarias del gobierno de turno. Fueron radicales durante los gobiernos de Eduardo Angeloz, peronistas a partir de los gobiernos de José Manuel de la Sota.

Esa situación venía acompañada por el hecho de que, como siempre eran elegidos y nombrados de modo discrecional, su aptitud para los cargos dejaba, a veces, mucho que desear. Durante la segunda administración de De la Sota, se produjeron numerosas acusaciones contra jueces de Paz que delinquían o cometían errores graves debido a su falta de conocimiento de las cuestiones jurídicas.

¿No más elegidos a dedo? Luego de que el Colegio de Abogados impulsara en 2005 la instrumentación de los concursos, dos años después la Legislatura terminó aprobando la ley 9.449 que los incorporó, al tiempo que creó la Junta de Calificación y Selección.

Así fue que Córdoba pasó a ser la segunda provincia argentina, luego de Río Negro, que comenzó a poner punto final al juego de las amistades y los acomodos políticos en el proceso de elección de sus jueces.

Durante el gobierno de Juan Schiaretti se creó la junta, se dictó un reglamento y se comenzaron a realizar los primeros llamados a concursos. Hasta ahí, fueron todos pasos que se dieron por primera vez para mejorar el funcionamiento del sistema a través de la elección de los mejores postulantes.

Hecho a través del Ministerio de Justicia provincial, el primer llamado para cubrir cargos (hay 127 vacantes) convocó a 476 aspirantes. Hasta hoy, la junta aprobó 32 candidatos a jueces de Paz, 30 de los cuales ya fueron puestos en funciones luego de recibir el acuerdo de la Legislatura.

Potrero de Garay y Sebastián El Cano, ubicadas en zonas "calientes" para el trabajo de los juzgados de Paz, donde las usurpaciones de campos y los remates sospechados de lotes fueron moneda corriente en los últimos años, son dos de las primeras localidades en tener sus nuevos jueces, que también tuvieron su estreno en pequeños lugares como Villa Concepción del Tío, Morrison, Alicia, Villa de María y Lozada, entre otros.

Para ser juez de Paz, la Constitución cordobesa indica que se debe tener un mínimo de 25 años y tres años de residencia en el lugar donde está el juzgado. El tercer requisito que impone la carta constitucional es que, "en lo posible", los jueces de Paz sean abogados, ya que deben lidiar habitualmente con asuntos que suelen requerir por lo menos un conocimiento legal básico.

Aquí es donde está innovando el Gobierno de Schiaretti. Entre los 476 aspirantes a jueces de Paz, se presentaron 71 abogados. De las primeras 60 entrevistas, que dejaron a los 32 elegidos, sólo un abogado superó el corte y fue designado. ¿Casualidad? Parece que no.

Cuando la junta comenzó a funcionar, también comenzaron a escucharse las quejas de los postulantes que, pese a ser abogados o tener títulos universitarios, vieron que eran superados en los concursos por aspirantes que sólo tenían educación secundaria.

"En mi concurso, claramente hubo algo extraño", contó un aspirante que se postuló para un juzgado en el departamento San Justo y pidió que se reservara su identidad. "La junta cambió las reglas con los concursos ya iniciados, para poder favorecer a los amigos. Fue algo muy irregular, que dejó fuera de competencia a mucha gente mejor preparada para ser un buen juez de Paz".

Lo que sucedió es que la Junta de Calificación emitió una acordada en marzo de 2009, pese a que la convocatoria se había hecho a fines de 2008, cambiando el criterio para calificar los antecedentes, que son el 40 por ciento de la calificación. Esto es, modificó la manera de puntuar a los candidatos, pese a que estos ya habían enviado sus antecedentes para concursar, con base en las condiciones anteriores.

"En mi caso -cuenta otro aspirante que tampoco fue elegido-, tengo título de grado. Nunca nos dijeron que se iba a dar más puntos si poníamos en los antecedentes que habíamos integrado cooperadoras, asociaciones vecinales o comisiones. Pero la junta sacó su acordada, con el proceso ya iniciado, y terminó dándole más puntaje a alguien por integrar un centro vecinal que por ser profesional universitario. En el interior, nunca nos llegó la comunicación del cambio de las reglas de juego. Para colmo, la persona que resultó elegida gracias a esa acordada tiene relaciones familiares directas con funcionarios de la Provincia. ¿Este es el sistema nuevo y transparente?", se preguntó.

"En mi concurso -agregó el otro candidato derrotado-, también gracias a este cambio de último momento, eligieron a la hija de una funcionaria del gobernador, que además fue funcionaria de él cuando fue interventor en Santiago del Estero. Cuando fuimos a la entrevista personal, no nos preguntaron nada. Parece que ya estaba decidido quién ganaría". Las entrevistas personales, el capítulo donde más peso puede tener la discrecionalidad en las elecciones, significan el 60 por ciento del puntaje para los aspirantes. "Me dieron cuatro puntos por un título universitario y a ella le dieron ocho puntos por haber estado en un centro vecinal".

Sin abogados. El ministro de Justicia, Luis Angulo, uno de los integrantes de la Junta de Calificación, niega que haya habido un exceso en la valoración de los antecedentes de las actividades sociales de los candidatos. "Todas las decisiones de la junta fueron tomadas por unanimidad; no tuvimos ninguna situación polémica", señaló.

El organismo está además integrado por tres legisladores (sólo uno de la oposición) y representantes del Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General.

El legislador Enrique Asbert, del bloque Concertación Plural, integró la junta hasta hace poco y opinó que los antecedentes pesan menos a la hora de elegir a los nuevos jueces de Paz porque la idea es "buscar a quienes se llama ‘hábiles componedores’, árbitros naturales a la hora de las diferencias en los pueblos del interior. Puede ser que sea cierto que se sobrevaloró el peso de las actuaciones sociales por sobre los méritos académicos, pero es porque coincidimos en dar un vuelco en el tema y definir un perfil nuevo para los jueces de Paz".

Luego de pedir no ser citado por su nombre, un alto funcionario del Gobierno provincial, cercano a la Junta de Calificación, admitió: "No queremos llenar de abogados también a la Justicia de Paz. Los abogados buscan el conflicto, están acostumbrados a litigar y lo que hace falta acá es otra cosa, una persona que sepa mediar y alcanzar soluciones sin generar más ruido judicial". Cuando se le recordó que la Constitución establece que los jueces de Paz deberían ser abogados, respondió que "el Gobierno provincial tiene derecho a fijar un perfil de funcionario, si considera que es mejor para Córdoba".

La presidenta del Colegio de Abogados de Córdoba, Cristina Curtino, no quiso referirse al tema al ser consultada por este diario.

Desde el área de Asuntos Institucionales del Tribunal Superior, Gustavo Porcel de Peralta, integrante de la junta, destaca que Córdoba es la primera provincia que cerró con concursos todo el sistema de funcionarios judiciales. Agrega que un inconveniente suele ser la formación de los jueces de Paz, para lo cual están haciendo capacitaciones y entregando instructivos, a modo de manual.

En relación con la casi nula presencia de abogados entre los nuevos jueces, Porcel de Peralta dijo que "no se ha menospreciado la figura del abogado sino que, muy por el contrario, hemos hecho una valoración del perfil que se requiere y le hemos dado mucha importancia a la participación comunitaria, al voluntariado".

Los jueces de Paz modelo Schiaretti 2010 ya están saliendo a la cancha.