Hay que terminar de cerrar el círculo

Apenas el 24 por ciento de los conductores que son multados por la Policía Caminera acepta la infracción, va y paga. Si lo hace dentro de los 10 días, paga el 50 por ciento del mínimo. Igual no es poca plata: 688 pesos, desde ayer, por pasar en doble línea amarilla. Pero al otro 66 por ciento de los infractores que no pagó nunca, no le ha pasado nada. Y, como eso sucede desde hace tres años, están convencidos de que la zona de cero riesgo será para siempre. De última, la multa sólo crece en los papeles: aquella línea amarilla podría estar costando hoy arriba de los tres mil pesos. Pero quien no se asusta con intimaciones, o no las recibió nunca, o interpuso algún planteo jurídico, o vive en otra provincia y se olvidó, sigue como si nada. Es que el sistema, hasta ahora, se apoyó básicamente en la voluntad cívica de los conductores. El Gobierno de Córdoba comenzó en 2008 a labrar infracciones a quienes comenten faltas en las rutas de la provincia. Poco después, inició el cobro de esas faltas y el descuento de puntos. Pero fue recién en 2010 cuando logró aceitar el mecanismo en los juzgados de faltas del interior para que estos enviaran la multa a los conductores. Para esa fecha, hubo que tirar más de la mitad de las multas a la basura. Había errores de confección, papeleo perdido, abogados que le encontraban la vuelta. Recién este año se logró perfeccionar el título ejecutivo, lo que permite al Estado avanzar en la embestida prejudicial. Pero el círculo se va a cerrar si efectivamente se ejecutan esos juicios. Recién entonces, aquellos 500 mil infractores históricos que no pagaron nunca percibirán que están en riesgo. "Algo les va a pasar, lo aseguro", amenaza el director de Rentas, Alejandro Caridad. Con la Caminera, el Estado ha hecho una fuerte apuesta política y de recursos en pos de la seguridad vial: 1.100 policías, 150 móviles, exposición constante al enojo de los ciudadanos. Pero todavía el círculo no se cerró.