Entre lo razonable y lo aplicable

Sucede cada vez que alguien se extravía, en alguna excursión turística o recreativa en suelo cordobés, y luego el Estado (de algún modo, la sociedad) debe destinar costosos operativos para su búsqueda. La comunidad suele percibir ese gasto como necesario ante la urgencia, pero injusto si fue causado por descuido o exceso de confianza. Por eso suena razonable a los oídos que el que por negligencia se pierda y genere gastos, los pague. ¿Pero será realmente aplicable? La ley, que nació forzada, como reacción al impacto provocado por una muerte en un cerro en 2010, lleva dos años sin ser reglamentada. Ahora se dará ese paso. Pero sólo será ejecutable a los excursionistas en tres montañas. Aun en esos sitios, ¿se podrá aplicar de igual manera a los que no firmen el registro, cometiendo otra infracción, por evitarlo entrando por otro acceso? La declaración jurada a firmar en esos tres sitios implica que las personas deslindan la responsabilidad del Estado en caso de extravíos. Ya hay quienes anticipan como probable que ante un hecho concreto, ese criterio pueda generar discusiones jurídicas que terminen en la Justicia. Si el extravío es en otro punto del 99,9 por ciento del mapa restante, este criterio ya no rige. Los últimos casos de operativos de búsqueda que se recuerden no fueron en esos tres cerros emblemáticos.Si la norma no es golondrina de un solo verano, y los controles se mantienen, puede que al menos genere conciencia de que subir un cerro no es una simple caminata en ojotas y que una neblina no es igual allá arriba que acá abajo.Lo demás –que haya más presencia del Estado en sitios de interés turístico que requieren preservación y son ambientalmente vulnerables– nadie se animaría a discutirlo. Una duda adicional es cuánta gente –y costo– haría falta para controlar todos los días cada puesto, aunque en algunas jornadas asciendan cientos de personas y en muchas otras ni siquiera una.