El Riachuelo, una polémica que lleva ocho años
La Corte Suprema reanudó la audiencia pública para analizar los avances en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
En la primera jornada de la audiencia, la semana pasada, los ministros de la Corte escucharon la exposición del titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y del secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi.
Sin embargo, la nueva audiencia fue dominada por las sospechas sobre contrataciones para obras hidráulicas en la cuenca que involucran a cinco empresas vinculadas entre sí.
El detalle de las compañías y las obras fue entregado al máximo tribunal del país por la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que en una publicación realizada por Página/12 se asegurara que esas empresas están vinculadas a otra integrada por familiares del juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado de la ejecución del fallo de la Corte por el saneamiento. Los ministros del tribunal pidieron explicaciones a uno de los organismos involucrados en el plan de recuperación: Agua y Saneamiento Sociedad Anónima.
La causa se inició en julio de 2004, cuando un grupo de vecinos, encabezados por Beatriz Silvia Mendoza y otras 16 personas, presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca, y responsabilizaban de daños y perjuicios al Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También, a 44 empresas aledañas por volcar directamente al río los residuos peligrosos, por no construir plantas de tratamiento, por no adoptar nuevas tecnologías y por no minimizar los riesgos de su actividad productiva. El 20 de junio de 2006, la Corte intimó a los demandados a presentar un plan de saneamiento de la cuenca. El 8 de julio de 2008 dictó un fallo histórico, en el cual se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento, y el plazo en que deben ser ejecutadas.
