El problema es la práctica policial

A  un año del autoacuartelamiento policial, se impulsa una nueva reforma parcial del Código de Faltas provincial. Se trata de una nueva norma que, si bien propone un cambio de nombre (Código de Convivencia), es la continuidad de un paradigma represivo que sigue otorgando facultades discrecionales a la Policía para detener, e incluso amplía su capacidad punitiva, con la incorporación de nuevas figuras. Intenta modificar uno de los aspectos constitucionales más controvertidos, como el del juzgamiento por parte de la autoridad policial, pero está lejos de resolverlo en su totalidad y, por sobre todo, no otorga garantías de cómo se resolverán los problemas cotidianos que este instrumento legal ocasiona. Es decir, plantea el problema como de índole normativa, cuando se trata de un problema de índole práctica.Desde el Estado, se deben prever herramientas para erradicar las prácticas policiales abusivas, arbitrarias e ilegales, que vulneran derechos de amplios sectores sistemáticamente detenidos, demorados y controlados, pero que también vulneran derechos laborales de los propios integrantes de la Policía.Los sucesos de violencia social (saqueos, linchamientos), los casos de violencia policial letal, los casos de violencia delictiva urbana, son sólo algunos ejemplos que pueden mencionarse para caracterizar la crisis de seguridad que estamos atravesando. Lo que hace falta es que el Estado, de una vez por todas, decida intervenir en las prácticas policiales y deje de buscar medidas publicistas o de reformas legislativas como maquillaje para superar esta crisis.

*Abogada especializada en seguridad y política criminal (UNC)