El precio que pagamos todos por la inseguridad

La decisión política de Unión por Córdoba es aprobar el nuevo Código de Convivencia provincial el próximo 2 de diciembre, en la última sesión de la actual conformación de la Unicameral. El oficialismo está convencido de que los cambios que ha introducido en el proyecto de ley con el que reemplazará al polémico Código de Faltas vigente son muchos y profundos. Destaca uno que es evidente: los policías que detienen a los presuntos contraventores ya no tendrán la facultad de juzgar como hasta ahora. La inclusión de los ayudantes fiscales y los jueces de paz para este paso les otorgará a los ciudadanos una garantía fundamental que hoy no tienen. Y asegurar el derecho de defensa a lo largo de todo el proceso también es un cambio importante, casi ideal.Varias de las nuevas figuras incorporadas (relacionadas con la convivencia, con la prevención de la violencia –en especial, la de género–, la defensa del ambiente, entre otras) abonan el consenso que Unión por Córdoba pretende obtener de la oposición. Cuenta para ello con un argumento: "Votar en contra de esta reforma –esgrimen– es avalar la continuidad de lo que cuestionan". Sin embargo, el paso adelante del que habla el oficialismo parece haber quedado rengo en la cuestión del merodeo, en la figura de la detención preventiva y en otras contravenciones cargadas de subjetividad, que seguirán estando con algunos retoques.El delasotismo no lo dice con todas las letras, pero en la base de su argumentación para sostener la figura del merodeo hay una necesidad operativa (o represiva) encubierta, que tiene que ver con la inseguridad. Esta es un impuesto que tenemos que pagar todos: los que se sienten inseguros y los que por ello terminan siendo sospechosos. No hay lugar aquí para una ley ideal.