El bono jubilatorio que reclama Antonio

“Yo quisiera saber si ahora, en diciembre, nos van a dar un bono de fin de año a los jubilados nacionales, como les han dado a los provinciales y como todo el mundo está consiguiendo haciendo paro”, se quejaba Antonio, un jubilado de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social que el jueves fue a ver si tenía depositado su haber en el cajero automático y este no expedía dinero: era el segundo día de paro en la semana del gremio bancario y en esa sucursal no habían abastecido a los cajeros.

No sabía Antonio que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había negado una vez más la posibilidad de un bono.

Cobra la mínima, hoy de 3.135 pesos en mano, después del descuento del Pami.

Su señora también cobra lo mismo y, pese a contar con dos ingresos, no logran superar un mes sin urgencias económicas. A veces piden auxilio a los hijos, también apretados. La mayoría de los casos, postergan: no compran, no pagan, comen mal.

Hoy, el 93,8 por ciento de los mayores de 60 y 65 años percibe alguna prestación jubilatoria. Cuando termine la segunda etapa del programa de inclusión previsional, el ciento por ciento de la población de adultos mayores percibirá alguna ayuda del Estado. En 2005, esa asistencia era del 57 por ciento.

Pero hay dos problemas: las moratorias han atacado la consecuencia pero no las causas. Es decir, gente que con edad de jubilarse no lo hace porque no ha reunido el requisito básico del sistema, que es haber aportado en la vida activa (para sostener a los pasivos de entonces) esperando luego que los activos sostengan a uno en la pasividad.

Hoy, con una informalidad del 33,5 por ciento, se garantiza la perpetuidad del problema.

No existe en Argentina el principio de solidaridad, propio de los sistemas de reparto, porque hay un tercio de activos que no aporta y a los que luego, de alguna manera, el Estado deberá sostener.

Otorgar una moratoria para “jubilarse” es despreciar el esfuerzo del que aportó los 30 años de su vida activa. Se debería llamar subsidio y reservar el nombre de jubilación para quien jugó según esa 
regla tan simple: el activo sostiene al pasivo.

Eso implica una profunda injusticia para que el que aporta en su vida activa, porque tendrá menos chances de jubilarse con un monto con alguna proporcionalidad de lo que percibía cuando trabajaba.

Si hay más gente para repartir lo mismo y no se implementan políticas para reducir esa informalidad, habrá en el futuro menos para todos.

Como hay altas chances de que suceda eso, no hay aliciente para estar en blanco. Hoy aportan sólo los que tienen al fisco encima, que caza siempre dentro del zoológico.

El que puede optar (o blanquear una parte y el resto no) lo hace, a sabiendas de que en su vejez cobrará la mínima.

El segundo problema tiene que ver con los montos. Una cobertura previsional del ciento por ciento es una conquista social excelente si garantiza la supervivencia de quien percibe ese haber. Hoy, eso no es posible con 3.135 pesos: 368 dólares oficiales, 233 de los blue . Es una cifra que no cubre siquiera la compra de alimentos. Ni aun con dos haberes, por ejemplo, se llega a los 6.720 pesos de la "canasta de la tercera edad" que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Se ha avanzado? Sí, pero sólo a los fines estadísticos. Es importante extender la cobertura previsional, pero que eso no implique repartir pobreza.

Un ciento por ciento de alcance previsional es imbatible en términos de relato electoral. Pero es maquillaje de un problema mucho más profundo.