Corte decide sobre la lucha contra narcos

La Corte Suprema de la Nación deberá resolver una medida cautelar presentada por un vecino de la ciudad de Córdoba que solicitó al Gobierno nacional que elaborara un plan de contingencia especial para luchar contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba.

El planteo es un capítulo más del amparo masivo que cinco mil vecinos de la ciudad de Córdoba presentaron a fines de 2006 en los Tribunales Federales, solicitando medidas "urgentes" para detener el avance de los "narcos" en diferentes barrios de la Capital provincial.

Los amparistas, representados por el abogado Aurelio García Elorrio, se apoyaron en dos pilares que consideraron "fundamentales" para intentar contrarrestar el avance del narcotráfico.

Por un lado, pidieron ser incluidos en planes ocupacionales "concretos". Sobre esta medida, la ex jueza federal Nº 3, Cristina Garzón de Lascano, dio lugar a más de 300 pedidos de los amparistas, que deben ser asistidos laboralmente a través de un "plan de contingencia".

Los vecinos plantearon que la inserción laboral serviría para que aquellos desocupados que se ven tentados por los billetes de los narcos desistan ante algún ofrecimiento para trasladar o almacenar droga o directamente venderla al menudeo. De esta manera, se reduciría el "ejército de mano de obra barata" que hoy pueden conseguir los narcotraficantes.

Por otro lado, reclamaron a la Nación que reforzara a la Provincia con un plan integral de seguridad para la persecución de los narcotraficantes denominados "gordos", ya que los vecinos planteaban que la Policía Local había "abdicado" de la lucha contra la droga.

En aquel diciembre, al dar lugar al amparo, la Sala B de la Cámara Federal señaló que cuando el poder político no daba soluciones para que se respetaran los derechos humanos básicos de las personas, era responsabilidad de los jueces ordenar que se hiciera.

En octubre de 2007, y mientras se resolvía la totalidad del amparo, uno de los vecinos que firmaba la petición original presentó una medida cautelar pidiendo un plan de contingencia de seguridad, medida que tuvo acogida a favor en 2008.

Sin embargo, en agosto del año pasado, la Cámara federal revocó la medida cautelar. El fallo hizo lugar a un recurso de apelación de la Nación en contra de un decreto dictado por la jueza Garzón de Lascano, que ordenó elaborar un Plan de Contingencia para Córdoba.

En el mismo fallo, se le ordenó a Garzón de Lascano (que se jubiló a fines del año pasado) que citara "como tercero interesado a la Provincia de Córdoba en la persona del señor gobernador a los fines de que intervenga en la causa". El objetivo que se perseguía era que la Provincia explicara qué planes concretos desarrollaba para luchar contra el narcotráfico.

Ante este fallo desfavorable, el vecino presentó un recurso extraordinario ante el Tribunal de Alzada que en los últimos días resolvió que la Corte Suprema de la Nación es la que debe decidir si corresponde o no la medida cautelar.

"Este Tribunal estima que en el caso que nos ocupa se configura interés suficiente que justifica la concesión del remedio intentado, para convertir en federal a la cuestión, más cuando se cuestiona en la demanda la actuación de autoridades públicas de la Provincia de Córdoba y de la Nación", se lee en el fallo.