Conflicto con Catamarca

El 22 de abril último, en la sala de remates de la ciudad de Córdoba, se subastó un campo de 26.600 hectáreas a través de un "concurso especial" solicitado por el Banco de Córdoba, en el marco de la quiebra de la empresa Antonio García e Hijo Sacif, decretada por el juzgado de 39ª Nominación, Concursos y Sociedades número 7, a cargo de Verónica Francisca Martínez de Petrazzini.

Según tres actas de constatación, el inmueble, ubicado en la provincia de Catamarca, "se encontraba desocupado de cosas y personas". En realidad, incluye el pueblo de El Quimilo (consta de edificio del Ejecutivo local, Registro Civil y destacamento policial), cuatro escuelas y viven más de 200 personas que desde tiempos lejanos se radicaron en ranchos para criar cabras y vacunos.

El Gobierno de Catamarca, al enterarse del remate a través de edictos, hizo una presentación ante el juzgado, lo que no fue impedimento para que se realizara la subasta. El martillero dio por cerrado el acto adjudicando el campo en un millón de pesos (a razón de unos 50 pesos la hectárea). El comprador fue Ernesto Cuestas, quien lo hizo a nombre de Nicolás Cuestas y Roberto Juan Fakiani.

Desde ese mismo instante, se inició lo que podría considerarse un conflicto entre Córdoba y Catamarca.

¿Cómo el Banco dio suculentos créditos a una empresa cuya garantía era un título de propiedad, sin constatar el valor, ubicación y utilidad del campo, a grado tal de ignorar que vivía gente, que había un pueblo, escuelas, puestos y ranchos ocupados desde hace décadas?

¿Por qué la jueza dispuso el remate si el campo estaba habitado?

A la hora de responder, nadie quiere dar la cara. "Los abogados del Banco aconsejaron al Directorio no hacer declaraciones, para evitar futuros juicios", explica el vocero de prensa de la entidad crediticia. De manera extraoficial, uno de los gerentes precisó que la empresa registraba deuda "tanto en el ex Banco Social como en el Banco de Córdoba y en diciembre de 2003 se celebró un contrato de gestión de cobranza con Cobrex Argentina SA".

En un aparente intento por despegar al Banco de Córdoba del cuestionado remate, el gerente consultado dijo que "en las constancias judiciales figura el Banco, pero es Cobrex; los abogados son de esa empresa, no del Banco". Y al preguntarle cómo se habían podido dar cuantiosos créditos sin constatar qué había en el campo, el funcionario se excusó diciendo: "No estábamos nosotros".

El único que habló fue el abogado Alejandro Damia, de Cobrex. Lejos de coincidir con lo manifestado extraoficialmente por el gerente, dijo todo lo contrario: "Nosotros somos abogados del banco, nos dieron un poder para actuar en su nombre". En cuanto al campo de la discordia, Damia precisó: "Teníamos una hipoteca del Banco de Córdoba y cuando hay bienes de privilegio, como en este caso, nos presentamos para pedir un remate de trámite abreviado, que se denomina ‘concurso especial’. Se corre vista al síndico de la quiebra, se formula el cálculo del crédito y se ordena la subasta sin más trámite".

Según Damia, "todo se cumplió perfectamente", pero admitió que hubo planteos de quienes dicen ser verdaderos propietarios. "Esos planteos se dirimen judicialmente, es una cuestión de pruebas", concluyó.

Faltaba preguntarle a la jueza por qué había rematado un campo "vacío" en el que había gente, escuelas y hasta un pueblo. "La jueza dice que se dirija a prensa del Tribunal Superior (de Justicia)" fue la primera respuesta obtenida en el juzgado. El vocero del TSJ reconoció que la jueza "no quería hacer declaraciones" y poco después, en una nueva comunicación, informó que Verónica Francisca Martínez de Petrazzini "no tiene más la causa porque está jurando como camarista". No explicó por qué ello le impedía hablar del caso.

Hubo que conformarse con entrevistar a una funcionaria del juzgado que estaba empapada de la causa, aunque aclaró que se trataba de un encuentro "extraoficial" y sin grabador. En el expediente, hay tres actas de constatación del martillero Félix Bruno Juaneda, coincidentes en cuanto a que el campo está desocupado. "El tribunal parte de títulos que están acreditados, como es el caso del presentado por el Banco de Córdoba y de tres actas de constatación. Como se trata de un bien que está en otra provincia, la jueza no puede desplazarse y por eso se recurre a un oficial de justicia o un juez de paz y al martillero. Las actas son piezas legales y todas coinciden en que el campo está desocupado", aseguró la funcionaria judicial.

Respecto de la presentación del Gobierno de Catamarca, días previos al remate, la informante señaló que sólo advirtió que habría sobretítulos, "pero no pidieron la suspensión del remate". Hasta ahora, la subasta no ha sido "aprobada", porque falta resolver dos pedidos de nulidad (planteos de personas que dicen ser propietarias) y un incidente que alude a la falsedad de las actas de constatación.

Protesta

"Cuando advertimos a través de los edictos que se iba a rematar en la ciudad de Córdoba un campo de más de 20 mil hectáreas en el departamento La Paz, hicimos una presentación en el juzgado que había resuelto la quiebra (de Antonio García e Hijo Sacif), para advertir que vivía gente en el lugar y que había edificios públicos, bienes de Catamarca. Así y todo el remate se realizó", afirmó Luis Oscar Silva, ministro de Gobierno de la vecina provincia.

Tanto Silva como el subsecretario Daniel Alejandro Ortega hablaron de "errores y omisiones" en el trámite de la subasta. Ambos apuntaron al martillero Félix Bruno Juaneda como el autor del "primer error" que viciaría de nulidad el remate del jueves 22 de abril. "El martillero, con un oficial de Justicia de Catamarca, realizó una inspección ocular y afirmó que el inmueble estaba desocupado", dijo el ministro.

El 14 de diciembre de 2009, el martillero y la contadora Adriana Pérez, síndica de la quiebra, firmaron un acta en la localidad catamarqueña de Casa de Piedra. El documento por el que Juaneda toma posesión del inmueble alude a una inspección ocular del campo a subastar. "El mismo pudo ser recorrido en su sector que colinda con el camino que une Casa de Piedra con la localidad de El Quimilo, dado que el campo de referencia es un monte imposible de transitar y no existir en ese tramo camino alguno por el que se puede ingresar. El mismo no posee mejoras y se encuentra desocupado".

Esta es una de las razones por las que Catamarca sostiene que el remate es nulo. "Ese es el primer error", apuntó Silva.

El subsecretario Ortega consignó que a pesar del escrito presentado ante el juzgado de Córdoba, la subasta no pudo ser postergada. En el acta de remate leída el 22 de abril ante el público presente, se menciona la presentación de las autoridades de Catamarca, pero el funcionario pone en duda la veracidad del documento.

Después de aludir al acta de constatación del inmueble a subastar y que el tribunal "manifiesta que el citado bien cuenta con títulos perfectos", expresa lo siguiente: "Que sin perjuicio de ello, en autos obran tres presentaciones de particulares y un oficio presentado por la administración de Catastro de la Catamarca, en donde se manifiesta que podría existir superposición de parcelas y que el inmueble a subastar estaría ocupado, situación que no coincide con lo informado en las tres actas de constatación".

Ortega admitió que "la fallida (quebrada) tiene un título auténtico de 1993, pero nunca ha tenido la posesión del lugar. El título, para que sea perfecto, tiene que tener también la posesión y creemos que el comprador, Antonio García, ni sabe dónde está el campo".

Lo que se ignora en Córdoba es que en Catamarca existe la figura del campo "comunero". "Se considera que el campo no es de nadie y es de todos; hay gente que tiene posesión ancestral", explicó el ministro Silva.

A su vez, el administrador de Catastro, Raúl Blas, opinó: "El acta de constatación previa al remate, por parte del martillero y un oficial de Justicia de Catamarca, está bastante viciada. ¿Cómo van a decir que no hay nada, si tenemos el Centro Cívico de El Quimilo, el Registro Civil, el edificio municipal, el destacamento policial, que hay cuatro escuelas, más de 200 habitantes, ganado caprino, vacas, caballos?".

Precisa que entre los habitantes del campo subastado "hay títulos dominiales, hay títulos que se están saneando, hay derechos".

Lo que nadie dice oficialmente pero se murmura por lo bajo es que en el norte aparecen firmas o particulares que compran campos por muy poco dinero para hipotecarlos y sacar créditos millonarios, con la excusa de explotaciones agrícola-ganaderas o de minas. Verdaderas estafas con disfraz legal.