Cinco condenados por trata de personas

Buenos Aires. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas de hasta 14 años de prisión para un grupo de personas acusado de haber explotado sexualmente a cuatro mujeres, una de ellas menor de edad que había sido "vendida" por su novio y logró fugarse con la ayuda de un cliente.

La Sala III del máximo tribunal penal del país confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, que fijó penas de entre 14 y 6 años de prisión para un hombre y cuatro mujeres por el delito de "trata de personas".

Las condenas recayeron en Ricardo Julio Rodríguez Vignatti, a 14 años; María Josefa Buslemen, a 10 años y medio, y Antonia Beatriz Bossi, a 12 años, mientras que Teresa Luisa Monzón y María Cristina Monzón recibieron penas de seis años de cárcel.

Prostíbulos. Los hechos ocurrieron en dos locales donde se ejercía la prostitución: uno se llamaba "El quilombo de la Tía Marisa" y estaba en Carmen de Areco, mientras que "La Casita de Barro" funcionaba en Gálvez, provincia de Santa Fe.

La causa se inició en 2009 por la denuncia de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros y Trata de Personas, cuando una chica, identificada como C.C., logró escapar, con la ayuda de un cliente, de un burdel adonde había sido trasladada para trabajar como prostituta.

En ese marco, la Justicia dispuso tareas de inteligencia y procedió a allanar los locales donde se llevaba a cabo la actividad ilícita, se rescató a las otras chicas y se procedió a la detención de los sospechosos y el decomiso de drogas.

Había sido vendida. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín encontró a los acusados responsables del delito, al valorar "los dichos de C.C., menor al momento de los hechos, quien relató en el 2009 cómo fue vendida por su novio y cómo llegó al local de Carmen de Areco, en donde trabajaba".

"Fue captada en enero del año 2009 y fue alojada en el local El quilombo de Tía Marisa, entre los meses de marzo y junio de 2009, luego de ser transportada desde la Provincia de Santa Fe, con fines de explotación sexual", dijeron los jueces.

"Abonan la prueba los propios dichos de la menor, quien relató la forma en que fue vendida por su novio, transportada y obligada a contribuir a la explotación sexual; y de la amenaza a su familia y a ella misma en caso de querer huir, habiendo recibido su padre el mensaje de que no la buscara", añadió el fallo.

También hubo testimonios de clientes y otras víctimas que acreditaron el funcionamiento de esos burdeles.

Pero las defensas apelaron ante Casación y, tras denunciar que la droga encontrada había sido "plantada" por la Policía, cuestionaron las pruebas que derivaron en la condena.

También reclamaron la nulidad del alegato fiscal "por no haber individualizado a las víctimas ni haber explicado de qué manera se afectó su voluntad y fue aprovechada por los imputados".

Al revisar la causa, la Casación sostuvo que al analizar las pruebas se "revela sin ambages la existencia de sendos locales dedicados a la explotación de actividades sexuales".

En el fallo al que accedió DyN, los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky aseguraron además que "la fuga de la menor y la forma en que lo hizo puesta de manifiesto por el sentenciante revela la retención involuntaria a la que fue sometida la menor", porque "nadie que pueda irse libremente de un lugar necesita escaparse".