Yendo del Congreso a Tribunales

Las diferencias del agro con la política oficial han ido en los últimos días desde el Congreso a los tribunales judiciales. La semana pasada fue la incursión de la Mesa de Enlace ante los legisladores, para pedir que se trate en el recinto la derogación de los cupos y del sistema de licencias previas de exportación (ROE), que afecta a los principales productos.Mientras los candidatos electorales desfilan para hacerse conocer por las entidades, la Sociedad Rural Argentina dio otro paso: activó en la Justicia una presentación en contra de las retenciones.La acción judicial fue entablada por la Fundación Sociedad Rural Argentina para reclamar que se declaren inconstitucionales y confiscatorias estas cargas sobre el comercio exterior. La fundación es dueña de un campo en Realicó (La Pampa), donde funciona un colegio con actividades agropecuarias. Entre 2006 y 2009, habría tenido un perjuicio económico de 240 mil pesos por las retenciones.El recurso se tramitó ante el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de María José Sarmiento, que se declaró competente. Es la misma jueza que frenó el uso de reservas del Banco Central (BCRA) en enero de 2010. En la Rural están dispuestos a llegar hasta la Corte con el planteo. Diferendo por la aftosa. La vía judicial podría caber también a otro tema conflictivo, que saltó en los últimos días: la potencial descentralización del sistema de vacunación contra la aftosa, actualmente bajo la potestad de los entes y fundaciones controladas por las organizaciones de productores. A los medios rurales llegó una novedad que ya en otro momento se barajó: que el Senasa "liberalice" el sistema, con mayor participación de los veterinarios privados. Jorge Amaya, titular del organismo sanitario, prepara la modificación de la Resolución 624/02 como última medida de relevancia antes de jubilarse y dejar el organismo en julio, se menciona en las entidades.En las cúpulas rurales el tema sembró preocupación y anticipan que, de producirse la modificación normativa, cabría la presentación de recursos de amparo por parte de los entes sanitarios.Al respecto, se menciona un antecedente: que la Corte Suprema ya avaló el sistema de vacunación en manos de estos entes y fundaciones, por tratarse de una campaña sanitaria de interés nacional. "Si pretenden que los entes se conviertan nada más que en heladeras (para resguardar la cadena de frío de las vacunas), le devolvemos todo al Estado. ¿Quién asegura que se va a vacunar? ¿O pretenden que vuelva la aftosa?", advierten en las entidades. ¿Y las regalías?. Los acuerdos con productores y el sistema comercial de granos impulsados por Monsanto para introducir sus nuevas tecnologías protegidas por patentes y otros derechos de propiedad intelectual están en el radar de las decisiones en el sector. Se trata de las tecnologías RR2Y y/o RR2YBt en soja –aún no introducidas en el país– que apuntan a obtener rindes superiores a los actuales, reducir los costos en insumos y mejorar la competitividad de los productores.El acuerdo de adhesión prevé tres opciones para pagar la regalía: al momento de compra de la bolsa de semilla certificada; al momento de la declaración y siembra de semilla para uso propio, o al momento de la entrega de los granos al exportador.Algunos puntos del convenio están bajo la lupa de los productores. Entre ellos, que deberán entregar esos granos a aquellos exportadores o elevadores participantes del sistema, y que Monsanto podrá evaluar la presencia de sus tecnologías en los campos del productor.