Ley de tierras, en debate
El movimiento Crea advirtió que en el proyecto elevado por el Ejecutivo al Congreso hay puntos que deberían debatirse más intensamente entre expertos antes de convertirse en ley, más allá de la agenda política.
–Usted ha visto, mi estimado don Productivo, que el Ejecutivo ha remitido al Congreso el "Proyecto de Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales". Tan extenso título prevé limitar al 20 por ciento la posesión por extranjeros y establece –aunque no con carácter retroactivo– que un mismo titular foráneo no podrá superar las mil hectáreas. También dispone un relevamiento catastral y dominial, y la creación del Registro de Tierras Rurales. –Así es, compañero don Tecnológico. ¿Y qué de nuevo bajo el sol con este proyecto?–Simplemente que tengo en mis manos un punteo que acaba de hacer el movimiento Crea, con varias observaciones. En primer lugar, los productores entienden que temas tan importantes como el dominio sobre la propiedad de las tierras rurales se debe analizar con detenimiento y en profundidad, buscando el consenso entre todos los actores involucrados, con una mirada de largo plazo. Y que en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hay puntos que deberían debatirse más intensamente antes de convertirse en ley, más allá de la agenda política.–Me parece bastante lógico el razonamiento. ¿Y qué otros aspectos ponen en cuestión?–Por ejemplo, que se propone como Autoridad de Aplicación de la ley a un Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De este modo, resulta desconocido el rol de las provincias, a pesar de que la Constitución Nacional establece que "corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".–Asunto no menor...–También los Crea advierten que el límite de mil hectáreas no contempla las diversidades geográficas y que la productividad por hectárea varía de acuerdo a la región. Dicho cómputo lo determinará la autoridad de aplicación atendiendo a parámetros complementarios (localización, capacidad y calidad de las tierras, y situación de titularidad de dominio). Se debe tener en cuenta que existe legislación provincial que establece el concepto de Unidades Económicas Agrarias en función a parámetros productivos, estableciendo su extensión para permitir una explotación rentable.
