Una buena noticia para la libertad de prensa

El ejercicio de la libertad de prensa en Argentina fue una de las áreas que obtuvo un importante beneficio por la reforma constitucional de 1994. Esto se debe a que la modificación, en el inciso 22 de su artículo 75, incorporó los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos a la cabeza de la pirámide jurídica argentina. Entre los tratados se incluyó la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en su enumeración de derechos incluye, en su artículo 13, una defensa contundente de la libertad de pensamiento y de expresión.Esa incorporación dio como resultado una modificación vital en el marco jurídico argentino con motivo de la resolución del llamado "caso Kimel".Eduardo Kimel fue un periodista y escritor argentino que en 1989 publicó el libro La masacre de San Patricio, sobre el asesinato de tres curas palotinos y dos seminaristas ocurrido en 1976, durante la dictadura. En esa investigación criticó la actuación del juez Guillermo Rivarola, quien se sintió agraviado por el texto y lo querelló. Kimel fue condenado como autor de calumnias e injurias contra el magistrado en 1995. La sentencia fue apelada y llegó a la Corte Suprema, que en 1999 (10 años después de la publicación del libro que motivó la acusación) confirmó la condena contra el periodista.Si la reforma constitucional no se hubiera producido, ese probablemente habría sido el final del caso, al haberse topado con la máxima expresión judicial a la que podía apelar un ciudadano argentino. Gracias a la incorporación de la Convención en la nueva Constitución, el caso fue apelado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargada de interpretar y aplicar el pacto, suscripto por Argentina. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunciaron que la sentencia de la Corte Suprema violaba los artículos de la Convención sobre libertad de expresión (artículo 13) y sobre garantías judiciales (artículo 8).En 2008 (19 años después de la publicación del libro) la Corte Interamericana anuló la sentencia del máximo tribunal argentino. Señaló que el proceso judicial contra Kimel excedió la duración razonable y, lo más importante, ordenó al Estado argentino que modificara su legislación penal en lo que se refiere a las acusaciones de calumnia e injuria que involucren a funcionarios públicos, como lo era el juez Rivarola, para hacer realidad la declamada libertad de expresión.En 2009, el Congreso argentino aprobó un proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández que eliminó las figuras de calumnias e injurias cuando se refieren a asuntos de interés público, como los que trataba el libro de Kimel.Aunque todavía no ha desaparecido la costumbre de algunos funcionarios públicos argentinos de querer llevar a juicio a los periodistas por publicar temas de interés público que ellos consideran calumniosos o injuriantes, la modificación permitió fortalecer la libertad de expresión y extender sus límites, para hacer posible no una prerrogativa periodística sino el derecho de toda la sociedad a estar bien informada.