Populismo constitucional

Como la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad del populismo comunicacional que nutre la ley de medios, reflexionemos sobre este particular paradigma que sólo rige en Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia. En Vox populista. Medios, periodismo, democracia (Gedisa, 2013), Silvio Waisbord recuerda que los politólogos hoy definen al populismo como "la ideología según la cual el pueblo virtuoso y homogéneo está enfrentado contra las élites" y otros actores igualmente peligrosos "que niegan (o intentan negar) al pueblo soberano sus derechos, valores, prosperidad, identidad y voz". En esa perspectiva binaria no hay neutralidad posible: al trasladarla al sistema de medios, se reorganiza al conjunto desde el principio "amigo/enemigo", bajo "una visión estatista destinada a fortalecer el poder comunicacional de la presidencia".En consecuencia, (1) el periodismo ya no es autónomo del poder; (2) el mercado ya no organiza a los medios, y (3) la sociedad ya no está en el centro de la comunicación. Ahora, el periodismo es entendido como "mero instrumento y portavoz de los intereses propietarios que dominan los medios". Exactamente por eso, la ley de medios busca impedir que esos propietarios posean más de una determinada proporción de los medios existentes. Entonces, los grandes tendrán que achicarse y los chicos sólo podrán crecer un poco, al mismo tiempo que plantea mecanismos para limitar el segmento de la población al que podrán hacer llegar sus propuestas. Salgo un momento del libro de Waisbord porque esto nos lleva al conflictivo punto del fallo de la Corte que declara constitucional el cambio de las reglas de juego en medio del partido: que el Estado haya otorgado cierta licencia tiempo atrás no impide que luego pueda modificar las condiciones, aun cuando el nuevo escenario vuelva inviable la explotación de aquella licencia; se resarce económicamente al empresario, y listo. Lo que hoy es constitucional en el caso de los medios, mañana puede serlo para frenar a LAN, Chevron, o cualquiera que opere en el país una licencia otorgada por el Estado. Y como en el caso de la autorizada fusión de Cablevisión con Multicanal, ambas decisiones pueden ser tomadas por el mismo (y populista) gobierno, según sus insondables intereses: te doy cuando quiero, y te quito cuando quiero, y la Justicia siempre me da la razón. Ese caprichoso decisionismo presidencial tiene ahora validez constitucional, lo que me lleva de vuelta al libro de Waisbord: en la era de las "telepresidencias", el paradigma populista legitima un esquema de "comunicación unidireccional", de arriba hacia abajo, destinado a reafirmar el poder presidencial (en detrimento de todos los otros poderes, por supuesto). Como para el populismo el que comunica es el que gobierna, "gobernar es comunicar". El único problema político de peso, entonces, es perder el control de la comunicación (no perder una elección, para poner un ejemplo reciente). Este populismo, por si no queda claro, no implica ninguna revolución sino un posicionamiento conservador: "Las ráfagas constantes de comunicación presidencial están impulsadas por la intención de desplegar de modo teatral el poder como objeto de atención, relegando la ciudadanía al rol de espectador". Eso sí: como la Corte le ha dicho que no provoca inseguridad jurídica, puede ir por todo lo que quiera.

*Especial