La política de buenos y malos

El sábado pasado, la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) recordó que la libertad de prensa "no es un privilegio de los periodistas", sino "un derecho humano esencial" de todos los ciudadanos; por eso instó a defenderla a diario entre todos. En El derecho a comunicar. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas (Siglo XXI, 2014), Damián Loreti y Luis Lozano, al describir la trayectoria de este derecho a lo largo del tiempo, en principio coinciden con Adepa, pero aseguran que hoy la definición es un tanto problemática: "El derecho a la libertad de expresión es el derecho de las personas a tomar la voz pública y hacer conocer a los demás lo que piensan o la información que poseen. Sin embargo, esta verdad incuestionable parece ser condición necesaria pero no suficiente para dar cuenta de los fenómenos vinculados al derecho a la comunicación y sus dilemas actuales".Resumo la coincidencia. A lo largo del tiempo, y desde distintas perspectivas, la libertad de expresión ha sido considerada (1) "un instrumento fundamental para el descubrimiento de la verdad", porque evita "concepciones equivocadas sobre los hechos y los valores"; (2) "condición para el autogobierno personal, el desenvolvimiento autónomo y la autonomía política", ya que favorece la participación política y los deberes cívicos; (3) una importante "contribución al fomento de ciertas virtudes" esenciales para la democracia, como el respeto de las creencias ajenas. Por ello, "la libertad de expresión no sólo confiere derechos, sino que refleja los valores de la diversidad y la variedad. Implica la ausencia de censura, pero también significa un debate público robusto".Ahora, la discrepancia: si estamos de acuerdo en este encuadre, ¿cuáles son los "dilemas actuales" que tornan "insuficiente" esa "verdad incuestionable" sobre la libertad de expresión? El libro subraya uno: el poder que la concentración de medios otorga a una determinada empresa en detrimento del conjunto social; poder contra el que debe saber luchar el Estado desde todos sus poderes… lo que desemboca, indefectiblemente, en el debate por la ley de medios audiovisuales y la controversia judicial planteada por el Grupo Clarín. Para Loreti y Lozano, cuando la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Clarín en una de esas instancias, "desperdició la oportunidad de dar un mensaje claro de autonomía frente a uno de los actores corporativos más poderosos del país"; en otras palabras, están diciendo que la Corte no obró según su forma de entender la ley sino que exhibió los lazos de dependencia a este grupo económico. En consecuencia, aplauden el lanzamiento de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima porque sus fundadores expresaron su "repudio al funcionamiento corporativo de la Justicia" y se han propuesto "generar reformas democráticas en el interior del sistema". El giro del libro es innegable: si, en principio, la libertad de expresión resultaba esencial para el funcionamiento político de la sociedad, luego la relación se invierte y es la política –entendida, además, como la lucha entre el bien y el mal– la que debe regular la libertad de expresión para que los buenos puedan silenciar a los malos.