El gran narcodebate nacional

Y  se armó la discusión por culpa del narcotráfico. En los últimos días, funcionarios de la Nación y de diversas provincias polemizaron con dureza en el marco de la Primeras Jornadas Nacionales de Narcodebate, iniciadas luego de que la Suprema Corte solicitara al Gobierno la adopción de medidas urgentes para frenar el ingreso de la producción de droga de países vecinos por las fronteras del norte del país, "sin que afecte los sagrados principios de la unidad latinoamericana". El desarrollo de las jornadas fue considerado muy positivo desde el Gobierno, ya que hubo un fructífero intercambio de acusaciones e imputaciones entre el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y representantes de gobiernos provinciales, al tiempo que se comprometieron medidas de seguridad para contener este flagelo que jamás serán llevadas a la práctica.De todos modos, como consecuencia de la discusión, surgió la necesidad de frenar el ingreso de la droga, tanto por tierra como por aire, dentro los límites presupuestarios derivados de la difícil situación económica por la que atraviesa el país.Al respecto, desde fuentes del Ministerio de Seguridad, se indicó que el titular de la cartera, Arturo Puricelli, fue puesto inmediatamente al tanto del pedido de la Corte y de la situación en general. "Se le explicó al señor ministro lo que es una frontera e, incluso, pudo tocar con visible emoción un mojón que nos hizo llegar el Instituto Geográfico Nacional", indicó un vocero.El funcionario explicó también que las dificultades para frenar el paso de droga a través de las fronteras se advierten con sólo mirar los mapas. "Si uno se fija con atención, los límites fronterizos están demarcados en los mapas con rayitas separadas por pequeños espacios, es a través de esos intersticios por donde los narcos ingresan la mercadería", sostuvo el funcionario, quien agregó que, por esa razón, ni los norteamericanos pueden frenar el ingreso de cocaína desde México.Al ser advertido de esta situación, el ministro Puricelli propuso que, de ahora en más, los mapas de Argentina, incluso los de uso escolar, tengan una línea continua "para así entorpecer la tarea de los pasadores de droga".Mientras se estudia excavar una versión norteña de la Zanja de Alsina a lo largo de la frontera boliviano-paraguaya, otra forma inmediata (y económica) de entorpecer el paso de los camiones cargados con droga al país consistiría en colocar piedras de "respetable tamaño" en los caminos fronterizos o, en su defecto, clavos miguelito. "A grandes problemas, pequeñas soluciones", afirman desde la cartera de Seguridad. En materia aérea, uno de los puntos en discusión es la denominada Ley de Derribo, que permitiría abrir fuego contra los aviones que ingresan en el espacio aéreo nacional clandestinamente, cargados con droga, los cuales serían previamente detectados por radares de alta tecnología estratégicamente ubicados.De todos modos, hay dos problemas: la instalación de los radares va más lenta que la columna de tanques del general Alais, y ya no hay aviones de combate ni para interceptar un planeador. El Plan B consistiría en la instalación de mangrullos del tipo fortinero, con vigías de escasa estatura que gritarían "¡El avión! ¡El avión!" al detectar una nave incursora. El aviso pondría en acción a efectivos especialmente entrenados para lanzar piedras a gran altura, con las cuales se procuraría derribar a la aeronave narco. Por sus características, esta planificación se conoce con el nombre en clave de "Operación Neanderthal". Mientras esta discusión cobraba fuerza a nivel nacional, en Córdoba, la opinión pública creía estar asistiendo a un "narcoescándalo", a partir de una investigación judicial con varios policías encarcelados por supuestos vínculos con el narcotráfico. Pero sólo se trató de una falsa alarma. Concretamente, la propia ministra de Seguridad de la Provincia, Alejandra Monteoliva, tuvo que salir a aclarar que los hechos no constituyen técnicamente un "narcoescándalo", como se empeña en titular cierta prensa sensacionalista local.Según dio a entender la funcionaria, esta calificación se aplica a un affaire mucho más grande, como el denominado Proceso 8000 que investigó al presidente colombiano Ernesto Samper por nexos con los carteles de la droga. En consecuencia, el Ministerio de Seguridad provincial recomendaría que la prensa local cambie la denominación de "narcoescándalo" por la de "malentendido" para referirse al caso cordobés.Siguiendo el sólido razonamiento de Monteoliva, el caso rosarino, con 10 policías presos por presuntos vínculos narcos, dos jefes policiales destituidos y la casa del gobernador ametrallada, tampoco sería un "narcoescándalo", sino una "comedia de enredos". Nada más adecuado que hablar con propiedad.