El federalismo que nos falta

Desde hace 19 años, Argentina espera una ley convenio de coparticipación impositiva. Parece mentira, sobre todo si se tiene en cuenta que la Constitución Nacional reformada en 1994 establece en una de sus cláusulas transitorias (número 6) que ese sistema debería estar sancionado antes del 31 de diciembre de 1996. ¿La consecuencia? Todos los gobiernos que pasaron desde esa fecha, tanto en la Nación como en las provincias, violaron sistemáticamente esa norma constitucional, contribuyendo a profundizar la tendencia al centralismo. Pero ese es sólo un aspecto de las debilidades mostradas por el sistema federal del país, que en realidad hoy parece más bien una quimera. En la obra Propuestas para fortalecer el federalismo argentino , coordinada por Antonio María Hernández, Ernesto Rezk y Marcelo Capello, distintos especialistas (como Juan José Llach, Alberto Porto, Miguel Ángel Asensio y Martín Rodríguez Brizuela, entre otros) analizan las deficiencias de la organización político-administrativa del país y formulan una serie de aportes para revertir la situación. Si bien Constitución reformada en 1994 profundizó la descentralización del poder con tres grandes capítulos (el federalismo, el reconocimiento del principio de la autonomía municipal y el estatus especial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los académicos observan que se sigue transitando el camino inverso. "Desafortunadamente, lo que tenemos hoy es unitarismo fiscal y lo único que rige es la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, poniendo de manifiesto la máxima patología institucional argentina, que es el hiperpresidencialismo", enfatiza Antonio María Hernández, vicepresidente de la Comisión de Redacción en la Convención Constituyente de 1994. A la luz de los hechos, la falta de sanción de una ley convenio de coparticipación, tal como lo establece la Constitución, no parece una omisión involuntaria. Esa transgresión les permite a los presidentes manejar discrecionalmente la caja y mantener subordinadas a las provincias, ensanchando cada vez más las asimetrías. De todas maneras, Hernández advierte que "no hay que creer que el centralismo es por culpa de los porteños", afirmación que explica con el siguiente argumento: "Mucha gente del interior del país llega a la gran capital y a los tres meses está votando con dos manos las leyes centralistas que violan la Constitución. Los provincianos no han defendido suficientemente las autonomías tanto provinciales como municipales y esto permitió esta centralización tan aguda del país".Si la Constitución es violada sistemáticamente, la pura lógica obliga a formular la siguiente pregunta: ¿por qué no hay sanción cada vez que eso ocurre? Frente a ese planteo, Hernández recuerda que en la "Segunda Encuesta sobre Cultura Constitucional", que dirigió junto a Daniel Zovatto y Eduardo Fidanza, el 83 por ciento de los consultados reconoce que Argentina es un país al margen de la ley.En esa misma investigación, los encuestados ven a los políticos como los principales transgresores de la Constitución, seguidos por la policía y los funcionarios públicos. "En cuarto lugar, aparecen los propios ciudadanos, porque no asumir la responsabilidad y transferir la culpa a los otros es una característica de los argentinos", remarca. En esa escala nada dignificante, siguen los jueces y los abogados.

Los efectos económico-financieros de la centralización ocupan un lugar relevante en las preocupaciones de los académicos. Entre las 20 propuestas formuladas por Hernández para fortalecer el federalismo (en el primer capítulo del libro que coordina), la necesidad de “respetar los principios federales en la sanción anual de los presupuestos” es otro punto considerado clave para revertir la inequidad en el reparto de recursos, distorsión que describe detalladamente un estudio desarrollado por el economista y sociólogo Juan José Llach (

Una década sin federalismo

).

Según el trabajo de Llach, “en 2011 la Nación recaudó el 84,4 por ciento, las provincias el 14,2 y los municipios sólo el 1,4”. En el mismo período, los gobiernos subnacionales tuvieron que afrontar 44,4 por ciento del gasto público.

Hernández subraya que “las provincias y los municipios deben prestar la mayoría de los servicios públicos más caros, como educación, salud, seguridad y justicia”. Hoy, la arbitrariedad en la distribución de recursos llega hasta tal punto que en el estudio de Llach surge otra particularidad: la porción más significativa de fondos del gobierno federal es destinada al distrito más rico del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

“Todos los argentinos pagamos el sueldo de 550 jueces nacionales y 15 mil miembros de la Policía Federal que prestan sus servicios en el ámbito de la Caba, cuando el artículo 129 del texto constitucional establece que eso es competencia y responsabilidad económico-financiera de la jefatura de gobierno de ese distrito”, destaca Hernández. Otra violación de la Constitución que le cuesta cara al interior.

“Hoy, el país exhibe una enorme concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires, porque en menos del uno por ciento del territorio nacional vive el 35 por ciento de la población, mientras en un radio no mayor de 500 kilómetros a partir de dicha área está asentado el 80 por ciento de la producción nacional”, explica Hernández. Ese fenómeno, según el constitucionalista, es propio de países subdesarrollados.

“El proceso de concentración, que conspira contra el equilibrio interno, se observa también en cada una de las provincias del país, inclusive Córdoba”, señala Hernández. Para cambiar el ordenamiento territorial, según su propuesta, “se necesitan verdaderos planes de desarrollo con la participación de distintos sectores estaduales o gubernamentales y con criterios democráticos y tecnología adecuada, para mejorar la calidad de vida, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura en todas las regiones”, afirma.

Entre las propuestas planteadas por Hernández también figura el traslado de la Capital Federal, como parte de la búsqueda de equilibrio que demanda el concepto de federalismo. “En Estados Unidos, se trasladó la capital de Nueva York a la ciudad de Washington; en Canadá, la capital está en Ottawa, en tanto que el caso más cercano es el de Brasil, donde Juscelino Kubistcheck, en sólo cuatro años, logró el propósito de trasladar la capital de Río de Janeiro a Brasilia, con una decisión claramente estratégica”, ejemplifica.

Cabe recordar que en 1987, por iniciativa del entonces presidente Raúl Alfonsín, el Congreso de la Nación sancionó la ley que dispuso el traslado de la capital al área de Viedma y Carmen de Patagones. Las circunstancias políticas que sobrevinieron tiempo después provocaron que esa ley no se cumpliera, como tantas otras.

Por último, en tiempos en los que el funcionamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) está en el centro del debate de los economistas, Hernández recuerda que aún está pendiente la federalización de ese organismo, cuestión que también establece la Constitución reformada en 1994. “No cabe duda la trascendencia que tendrá la participación de las provincias en la política bancaria, cambiaria y monetaria, porque no se puede continuar con esta estructura de Estado unitario que soslaya las realidades regionales y provinciales”, sostiene.

*Especial