El periodista y el hombre de los 90 pesos

Argentina es un país desconcertante. Y no se dice esto para llevar almíbar al oído de los pesimistas, a los opositores del gobierno de turno o a los depresivos consuetudinarios. No hay respuestas para comentar la decisión de un juez de la Nación que oficia a medios de comunicación para que brinden datos de los periodistas que escribieron sobre un determinado tema, en este caso el proceso inflacionario.Ese juez lo hace en virtud de la denuncia de un funcionario. ¿Es necesario semejante acto de genuflexión por parte de un magistrado?Es evidente que el juez federal porteño Alejandro Catania –autor de la preocupante medida– quiere conseguir información de los periodistas para, en el fondo, atacar y sancionar a las consultoras que miden los índices inflacionarios sin respetar los números del Indec. Eso viola derechos personales y laborales de los periodistas. Y escribimos esto sin la menor duda y sin el mínimo intento de actuar de manera corporativa. Un día después, el juez trató de dar marcha atrás y dijo que no había hecho lo que hizo. Sin embargo, su objetivo quedó claro: Catania no hizo otra cosa que tratar de congraciarse con el denunciante, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Y congraciarse con Moreno es convertirse en miembro del rebaño fiel que sigue al Gobierno nacional a todas partes.La semana que pasó produjo otro hecho asombroso, que en Córdoba tuvo ribetes sensacionales: la inspección masiva de la Afip para detectar a las personas que compraban dólares. Esto podría tratarse de una medida hasta ejemplar tomada por un gobierno, salvo que se persiga e interrogue con todo el rigor a quien adquiere 20 dólares. Sí, 20 dólares. Estamos hablando de que quedó bajo sospecha un "inversor" de algo menos de 90 pesos. Perseguir a esa pobre gente desesperada, que acude a los bancos buscando un resguardo mínimo, es perder tiempo y plata. El recurso humano es costoso y esos empleados abocados a esa tarea podrían haber sido destinados a otros menesteres. No hay derecho. Es como atacar un hormiguero con un fusil automático. Las medidas ejemplificadoras que deben tomar los funcionarios de cualquier gobierno deben seguramente pasar por otro lado. La legitimidad que confiere el poderoso respaldo ciudadano en las urnas al actual poder central es un respaldo, no una habilitación para hacer cualquier cosa, violando la Constitución y las leyes.El sentido común y la responsabilidad deben ser dos atributos básicos y obligatorios para cualquier persona que aspire a desempeñar una función en cualquiera de los tres poderes del Estado.Deben ser marcas a fuego. Jugar al vigilante y al ladrón desde el poder es peligroso para todos, incluidos los intereses defendidos por el que toma decisiones estrafalarias.