La libertad tiene un precio

La libertad tiene su precio… La sentencia resultará conocida. Alguna vez la hemos dicho o la hemos escuchado; casi siempre, es verdad, asociada a la idea de sacrificio. Supongamos a una persona joven que se va de la casa familiar y se instala en su propia vivienda; tendrá que ajustar sus gastos y, en principio, no se podrá dar esos pequeños pero importantes gustos que tanta satisfacción le han brindado hasta el presente. No importa, decimos, a modo de estímulo, eso es lo que vale la libertad alcanzada, porque la libertad tiene su precio. Ahora, si salimos del plano individual y doméstico y trasladamos la cuestión a un plano social, comunitario, nacional: ¿tenemos idea de cuánto cuesta nuestra libertad o cualquiera de nuestros derechos? ¿Podríamos utilizar algún mecanismo para reflejar el impacto en dinero de cada uno de nuestros derechos? Stephen Holmes y Cass Sunstein, dos profesores de Derecho en universidades de Estados Unidos, han escrito un libro sobre el tema para alimentar una discusión que consideran necesaria. Y el título del libro ya anticipa, en cierta forma, la posición de los autores: El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos (Siglo XXI, 2011). En principio, puede parecer un libro muy técnico, especializado, y acaso demasiado concentrado en discusiones propias de los Estados Unidos. Habrá que vencer los prejuicios y leerlo con calma. Si están en juego nuestros derechos, más vale no dejarlos exclusivamente en manos de especialistas. Y, como se verá, de un tiempo a esta parte, muchas de las discusiones que atraviesan el planteo de estos investigadores están presentes en las polémicas sobre política y economía que ocurren en nuestro país. La plata siempre es poca. El libro de Holmes y Sunstein tiene un objetivo muy concreto: demostrar que todos nuestros derechos dependen de los impuestos que recauda el Estado. ¿Por qué sería importante demostrar algo como eso? Porque a menudo se escucha a varios actores de la escena pública –políticos, economistas, técnicos, intelectuales, periodistas, dirigentes sectoriales– afirmar que (1) en este país (el que sea) se pagan demasiados impuestos, de modo que se debería reducir la carga impositiva, o (2) que la mejor manera de asegurar para toda la sociedad la plena vigencia de ciertos derechos básicos –la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de agremiación o el derecho a la propiedad– es la no intervención del Estado (ver recuadro).Pero, y esto es clave, si el Estado no interviniese, sea por falta de dinero, sea porque conscientemente ha decidido no intervenir, ¿quién garantizará y supervisará la efectiva vigencia de los derechos ciudadanos? En consecuencia, las discusiones habituales de las campañas electorales, más allá del nivel gubernamental del que se trate, desde un punto de vista a todas luces erróneo, podrían querer reducirse a la disputa entre aquellas fuerzas políticas que proponen más derechos a la población y aquellas que proponen que los ciudadanos paguen menos impuestos. En esa oposición, según Holmes y Sunstein, hay una trampa: "No habría que tomar decisiones de política pública sobre la base de una hostilidad imaginaria entre la libertad y el cobrador de impuestos, porque si realmente fuesen enemigos, todas nuestras libertades básicas serían candidatas a la abolición", ya que un derecho cualquiera no sólo tiene que estar escrito en la Constitución y en las leyes, sino que tiene que traducirse en partidas presupuestarias concretas, y esos dineros no pueden salir más que de la recaudación impositiva.Además, por más que nos fastidie, es muy fácil constatar que la plata siempre es poca. Recordemos, a propósito de esto, una discusión argentina relativamente cercana. En el Congreso de la Nación, las fuerzas opositoras se pusieron de acuerdo para votar una ley que garantizaba a los jubilados el cobro de una jubilación equivalente al 82 por ciento móvil de los salarios de los trabajadores activos. Tanto en la discusión entre el oficialismo y la oposición, como al aclarar las diferencias entre las distintas posturas de la oposición, una pregunta estuvo en el centro del debate: ¿de dónde saldría la plata para cumplir la obligación que generaba esa ley? La vinculación entre nuestros derechos y la necesidad de que existan fondos públicos al servicio de cada uno de ellos quedaba así a la vista de todos quienes quisieran reparar en ello.Aprobada la medida por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo decidió vetarla con el argumento de que su vigencia significaría el desfinanciamiento del sistema jubilatorio. Por ello, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió algunas críticas. En un sentido, por los usos alternativos que daba a los dineros del sistema jubilatorio; en otro, porque no se animaba a generar nuevos mecanismos de recaudación que hicieran posible el otorgamiento de un derecho incuestionable a los jubilados. Por ambas vías, las críticas también permitían vincular a los derechos ciudadanos con las cuentas del Estado y disparaban una pregunta de difícil respuesta: ¿en relación con qué derechos están mejor empleados los fondos públicos? Derecho y responsabilidad. De modo que la vigencia de cualquier derecho no sólo implica un costo determinado porque demanda, una maquinaria estatal de supervisión y control, sino que, en un plano acaso más profundo, implica "que las ramas políticas, que extraen y reasignan recursos públicos, afectan sustancialmente el valor, el alcance y la predictibilidad de nuestros derechos. Si el gobierno no invierte considerables recursos para prevenir los abusos de la policía, habrá muchos, sin importar lo que digan los libros de leyes". De allí que puede pensarse que en cada elección, al dar nuestro voto a un plan de gobierno, estamos avalando una particular reasignación de los fondos públicos, relativamente a favor de determinados derechos y en detrimento de otros, porque toda lucha política se puede definir a partir de los derechos que los distintos actores defienden o censuran.Para no cargar demasiado las tintas en las elecciones y los candidatos, podemos pensar en otras instancias de participación ciudadana que se han abierto en los últimos años en nuestro país, en base a cierta experiencia internacional. Por ejemplo, el llamado presupuesto participativo (aunque más no sea a nivel municipal y de una ínfima proporción del presupuesto total) o las audiencias públicas (organizadas por los poderes legislativos a nivel nacional o provincial para el tratamiento de muy distintas cuestiones), y más allá del bajo nivel de participación ciudadana que se puede registrar en ambos casos, servirían para observar cómo "la cantidad que la comunidad decide gastar afecta en forma decisiva la medida en que se protegen y se exigen los derechos de los ciudadanos".Tal vez se pueda decir que en el pasado las cosas fueron de otro modo. Tal vez alguien pueda demostrar que, en pleno siglo 19, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Río de la Plata, a nadie se le ocurrió preguntar de dónde saldría el dinero para hacerle frente al final de la esclavitud y la consiguiente igualdad jurídica de blancos y negros; se luchaba contra la esclavitud y se iba a la guerra si era necesario para alcanzar el objetivo, y punto. Pero en el mundo moderno, cada uno de nuestros derechos tiene un costo y, como dicen Holmes y Sunstein, "esto es tan cierto para los derechos antiguos como para los nuevos", de modo que los ejemplos se multiplican: "Tanto el derecho al bienestar como a la propiedad privada tienen costos públicos. El derecho a la libertad de contratar supone costos, no menos que la atención médica, el derecho a la libertad de expresión o a una vivienda decente. Todos los derechos reciben algo del tesoro público".Y pueden decirlo de otro modo, razonando por el absurdo: "En ausencia de una autoridad política que esté dispuesta a intervenir y sea capaz de hacerlo, los derechos no pasan de ser una promesa hueca y, por el momento, no gravan ningún tesoro público". Sin Estado, o en un Estado sin recursos, entonces, no hay derechos. Frente a esta realidad, podemos ser, como en todo lo demás, optimistas, escépticos o pesimistas. Pero, como advierten Holmes y Sunstein, "el hecho de tomar conciencia de los costos no tiene por qué reducir nuestro compromiso con la protección de los derechos básicos. Ante todo, preguntarse sobre el costo de los derechos no es lo mismo que preguntar cuánto valen los derechos". Y nuestro compromiso con la protección de los derechos es auténtico si admitimos que la cultura de los derechos se enmarca en una cultura de la responsabilidad. Los derechos de los cuales queremos gozar conformarán un bien público al alcance de todos sólo si nos comprometemos con el sistema y contribuimos económicamente a su sostenimiento en función de nuestras posibilidades.