Legalizar las drogas, feliz idea, imposible

Hoy por hoy, hay quien piensa que peor que el consumo de sustancias ilegales es el crimen organizado que se nutre de ellas. Por ejemplo, el ex presidente español Felipe González, que ha sido el último de una serie de dirigentes internacionales que creen que la situación de la violencia organizada ha llegado a tales niveles que hay que replantearse la lucha contra el tráfico y consumo de estupefacientes. La solución, según González, sería una conferencia internacional que debata la legalización de las drogas, porque "ningún país puede unilateralmente decidir eso sin un costo extraordinariamente alto para sus dirigentes", admitió. La imagen recurrente cuando se plantea este debate es la de la ley seca estadounidense, la prohibición de vender alcohol que estuvo en vigor entre 1920 y 1933, y que tuvo como consecuencia un auge del crimen organizado. González también aludió a este fenómeno, e invitó a "volver la vista atrás y pensar en la criminalidad organizada en Estados Unidos, con miles de muertos, y que dependía de la ilegalización del alcohol". Aquello terminó cuando se puso fin a la prohibición, y el negocio, con los impuestos que fuera, se hizo legal. Como indica González, la respuesta debe ser mundial. Naciones Unidas calcula que en el mundo hay más de 200 millones de consumidores de drogas, lo que implica un negocio de más de 270.000 millones de euros. Y la lucha no da frutos. Como mucho, la Unodc (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) reconoce en sus informes que hay una estabilización. También el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (Oedt) admite estos problemas, y en su último informe destaca que "en la mayoría de los países, rara vez se dictan condenas de prisión por consumo o posesión de droga". Porque este sería el primer paso: despenalizar la posesión y el consumo. Por ahí empezó la propuesta más llamativa hecha al respecto, y a la que González estaba adhiriendo: la de los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; México, Ernesto Zedillo, y Colombia, César Gaviria, que pidieron en febrero del año pasado en Río de Janeiro la despenalización de la posesión de marihuana para uso personal. Más aún, abogaron por un cambio de estrategia en la lucha contra las drogas. Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido ineficaz y negativo, dijeron, con gran número de muertos y de dinero gastado.Hablar y hacer. Aparte de la facilidad con que se hacen afirmaciones cuando se es un ex (ninguno de los mencionados se atrevió a nada parecido cuando estaba en el poder), hay algo en lo que coinciden con los máximos organismos internacionales: que hace falta un cambio. En su último informe, el director ejecutivo de Unodc, Antonio María Costa, lo resume así: "En primer lugar, los encargados de hacer cumplir la ley deberían centrarse en los traficantes, y no en los consumidores de drogas". En cambio, la ONU es firme en mantener la ilegalización del comercio de las sustancias. "El argumento a favor de legalizar y gravar no es ético ni económico. Propone un impuesto perverso, generación tras generación, a los grupos marginados (perdidos a causa de la adicción)", señala Costa.La delegada del gobierno español para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, apunta en la misma dirección. "Hace 12 años se planteó que el objetivo era una sociedad libre de droga, se invirtió un montón de dinero, y el tema no se ha resuelto". Y, en concreto, fundamenta las propuestas de los ex presidentes latinoamericanos en el hecho de que sus países pasaron de ser productores de droga a ser también consumidores. Es ahí donde Moya ve la utilidad de la descriminalización del consumo y la posesión, como tienen España, Portugal e Italia. "Al no perseguir al usuario se pueden hacer políticas de prevención y de salud pública entendidas de una manera integral". En cambio, liberalizar el comercio sería utópico. "Haría falta que lo adoptara todo el mundo y con medidas de control muy poderosas", opina. Y no cree que vaya a llegar. Brendan Hughes, analista legal del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (Oedt), sostiene: "Lo que dice la ONU es, básicamente, que debe haber un control de las drogas para proteger la salud, pero últimamente se ha actuado más en reforzar las leyes". En este sentido, se pueden encuadrar las políticas de descriminalización (no de legalización) del consumo de drogas. Para este experto, la diferencia es clave: "Al descriminalizarlo, el consumo no es delito, y no se va a la cárcel", pero eso no quiere decir que sea legal. Por ejemplo, en España se aplican multas, aunque hay poca evidencia de que cambiando su importe se cambie la tasa de consumo. Pero Hughes va más allá, y se presta a elucubrar sobre cuál sería la consecuencia de una liberalización mayor. "Los efectos de una legalización no se conocen. Todo lo que se dice es teórico, porque no hay casos para verificar", afirma. "Quizá la excepción sea la de Holanda, donde hay una legalización de facto del cannabis para su venta en establecimientos autorizados. Es el único caso conocido. Desde que empezó en 1976, hubo un aumento del consumo, pero también lo hubo en los países vecinos. Bélgica, Alemania y Francia, que castigan la venta de cannabis, tienen tasas de consumo entre adultos más altas. Esa es una primera observación, pero no es una prueba científica", explica Hughes.Dudas, nada más. Si en el asunto del consumo hay dudas y discrepancias entre los países, otra cosa es legalizar el comercio. "De hecho, la regulación de la ONU al respecto –que lo prohíbe– es de las que más adhesiones tiene. Y es muy difícil que 200 países cambien de opinión, suponiendo que hubiera la voluntad política de intentarlo". Algo sobre lo que Hughes duda, por el peso de la opinión pública: "Nunca hemos visto una encuesta nacional en la que una mayoría de la población apoye la legalización. Siempre son una minoría. Ni siquiera está claro si la población distinguiría entre legalizar y descriminalizar porque la gente lo ve como todo o nada: o todo prohibido, o todo legal". En este debate, quizá el problema sea que, como señala Hughes, no hay evidencias sobre las que trabajar. Además, no es lo mismo hablar desde una posición en que sólo se teoriza (como los ex presidentes) que hacerlo cuando hay posibilidad de cambiar la legislación. Las hemerotecas ofrecen ejemplos de esto, como el del portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso. Hace unos días rechazó que sea una buena idea legalizar el consumo de droga para acabar con la violencia del mercado ilegal de estupefacientes, ya que la experiencia ha demostrado que ni se mejora la salud ni se aniquilan las mafias. "Las propuestas para la legalización no tienen eficacia", sentenció. Pero el archivo de este periódico le juega una mala pasada. En 1998 no era tan tajante. En un artículo titulado "Así se legaliza la droga", explicaba un proyecto que establecía incluso los requerimientos para los puntos de venta. Inevitable. En este entorno lleno de incertidumbres destaca el mensaje claro de Domingo Comas, presidente del Grupo Interdisciplinar sobre Drogas de la Fundación Atenea. Comas ve inevitable que se despenalice el comercio con estupefacientes. "Estamos en ese proceso ya", dice. "El consumo terapéutico de la heroína es otro paso. Luego vendrá el recreativo de la cocaína. Cuando la sociedad lo acepte, alguien tendrá que decir que hay que regularizar la distribución", dice. Entonces entrarán las grandes empresas en el negocio. Y nadie sabe si eso será mejor o peor que ahora. Porque entre los flecos de esta historia falta uno: el efecto de la hipotética liberalización en la salud de los más jóvenes. Al respecto, el psicólogo educativo Jesús Ramírez dice: "En principio, lo prohibido es más llamativo, pero si el consumo es libre, la droga estará más a mano de los menores. Muchos la probarán por eso, porque se podrá comprar el un quiosco. Otra cosa es los que se enganchen". De eso se trata, precisamente, este debate y el gran problema para las familias y el Estado.