El Estado metido en las empresas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se convirtió en la accionista inesperada de 42 compañías de primera línea, varias de las cuales ya tienen en la mesa del directorio a representantes del Estado. El hecho de que el Estado sea accionista en una empresa privada no es un fenómeno nuevo ni en Argentina ni en el mundo (ver aparte). Lo que muchos critican o señalan como preocupante es la forma en que la Anses pasó a tener un mayor poder de voto en los directorios de estas compañías.En el marco de la ley 24.241, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) podían invertir en acciones de empresas con la condición de que su derecho de voto nunca sería mayor al cinco por ciento. Bajo ese régimen, muchas empresas tomaron sus fondos. Cuando el Gobierno estatizó la jubilación privada, esas acciones y el resto de las inversiones (bonos, plazos fijos, etc.) pasaron a la Anses.Así se formó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que garantiza parte del sistema jubilatorio. Entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2010, el FGS subió de 98 a 178 mil millones de pesos; el 13 por ciento de esta última cifra representa el total de acciones.Según el Banco Ciudad, estas compañías tienen 65.294 millones de pesos en sus cuentas de "utilidades no distribuidas" (ganancias que no se reparten entre los accionistas), de lo cual a la Anses le corresponderían 6.296 millones de pesos.La presidenta Cristina Fernández firmó hace dos semanas atrás el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 441/2011, que derogó la limitación que tenían las AFJP, con lo que la Anses alcanza el poder de voto en función de sus acciones, que en varios casos supera el 20 por ciento (ver aparte). Esto le permitió nombrar sus directores en los bancos Macro, Galicia, Patagonia y en Consultatio. ¿Por qué el apuro? Porque entre la segunda quincena de abril y la primera de mayo están previstas la mayoría de las asambleas de accionistas de las empresas en cuestión. El primer (y hasta ahora el único) enfrentamiento lo tuvo con Siderar, con quien disputa un fondo de 1.787 millones de pesos por ganancias no distribuidas, pero también una reserva especial de 6.455 millones de pesos. Entre ambos fondos le corresponderían a la Anses dos mil millones de pesos.Cuando la Presidenta exigió públicamente que "la corporaciones distribuyan las utilidades que le pertenecen a los 40 millones de argentinos", el mensaje era claro. Cambio de reglas. Según Oscar Oszlak, investigador del Conicet, la participación del Estado como accionista en empresas privadas es más habitual de lo que parece. "El Estado argentino llegó a tener el ciento por ciento de Siam Di Tella; algo similar sucedió con la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad. Lo hizo para preservar los empleos mientras se rehabilitaba", resalta el politólogo.El problema es tener en una misma mesa intereses contrapuestos: la empresa busca su capitalización, el Estado quiere las utilidades. Pero lo que más se cuestiona es la forma que se hizo este avance."Nunca debería haberse hecho por decreto; es necesario una ley. Esto muestra la falta de respeto al derecho de propiedad en Argentina", asegura Alejandro Gay, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Instituto de Economía y Finanzas.Por su parte, Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), explica que el lugar adquirido por la Anses "es algo habitual en todo el mundo donde hay procesos virtuosos de desarrollo económicos y asociatividad entre empresas y el Estado".El directivo advierte que si para estos cambios hubiera sido necesario una ley, el Estado habría perdido la oportunidad de incidir en las asambleas: "La medida se justifica y tiene validez; además, hay un consenso social muy amplio de que el Estado esté representado y pueda votar como accionista aun cuando es minoría", explica.Sin embargo, desde ámbitos jurídicos se advierte que el decreto podría ser inconstitucional, tanto "por no cumplir con ciertos procedimientos constitucionales", como también por desconocer "las condiciones de inversión" y alterar "un razonable entorno de inversión", advierte el abogado Carlos Molina Sandoval.