Una causa que generó un sismo político y judicial

Los ingredientes que se han cocinado alrededor del narcoescándalo hacen que esta no sea una causa más en la torre de los Tribunales federales de Córdoba. Cuando la investigación se hizo pública, en septiembre de 2013, la ebullición política en plena campaña nacional para votar legisladores alcanzó temperaturas máximas.El entonces gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, se vio obligado a cabalgar en esta espinosa causa durante meses. Primero, dos de sus espadas políticas de aquel entonces, el legislador Sergio Busso y el ministro de Gobierno Oscar González, tuvieron que hacer frente al escándalo y, sin conocer todavía el contenido de la investigación, salieron a señalar las supuestas motivaciones políticas que guiaban al fiscal Enrique Senestrari (adepto al gobierno kirchnerista) en ese momento. González, incluso, tuvo una frase desafortunada que marcó un hito alrededor del caso. "La droga es para los perros", dijo cuando Senestrari informaba que se había encontrado droga sin declarar en la sede de la división bajo sospecha. Hace años que a los canes no se los adiestra con estupefacientes.En aquel septiembre, y luego de la dudosa muerte del oficial Juan Alós, el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y el jefe de Policía, Ramón Frías, fueron "invitados" a renunciar.La Policía cayó en un descrédito social que hizo mella profunda: días más tarde, más de 70 agentes antidrogas fueron removidos.Dos meses y medio después, la fuerza escribiría otra página patética, cuando los uniformados decidieron amotinarse en reclamo de mejoras salariales y la ciudad quedó a merced de una ola de saqueos que será difícil olvidar.En el cúmulo de reclamos policiales, el impacto que había provocado el narcoescándalo fue clave para que se quebrara la autoridad en el interior de Jefatura. ¿Autocrítica? Recién en febrero de 2014, De la Sota ensayó una autocrítica indirecta: decidió que las investigaciones de drogas ya no formarían más parte de la estructura policial y anunció la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que comenzó a funcionar en mayo de 2015 y depende de Fiscalía General. Al mismo tiempo, el conductor televisivo Tomás Méndez, que había difundido la primera denuncia pública de Juan "el Francés" Viarnes, comenzó a forjar su carrera política alrededor de este caso y dos años después terminó elegido concejal a través de su partido, que se convirtió en la segunda fuerza municipal.En tanto, en mayo de 2015 De la Sota protagonizó un cruce televisivo con el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien revivió algunos fantasmas sobre las conveniencias políticas detrás del narcoescándalo, al decir: "Después de que le puse preso a un montón de integrantes de la Policía de Córdoba que tenían connivencia con el narcotráfico...".No se descarta que ahora, durante el juicio, los abogados defensores insistan para que Berni sea citado a declarar.Distintas fuentes consultadas por este diario aseguran que Berni y Viarnes llegaron a reunirse antes de que se desatara el narcoescándalo, algo que al fiscal Senestrari no le consta, según dijo.De manera paralela, el sacudón del narcoescándalo reavivó el juego de tronos en Tribunales federales. Secretarios, fiscales y jueces parecieron tomar partido en dos bandos enfrentados, disputa que luego se asentaría con el caliente expediente de la financiera Cordubensis (CBI). Luego de demasiadas idas y vueltas, jueces que no quisieron formar parte y otros que fueron recusados, para este juicio se terminó por conformar un tribunal inédito: el juez federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja; el juez de La Rioja, Luis Herrera Piedrabuena, y el juez de San Francisco Mario Eugenio Garzón. Sucedió lo mismo con el fiscal de Cámara: apartados Maximiliano Hairabedian y Facundo Trotta, se decidió que fuera el mismo fiscal instructor, Enrique Senestrari, el que deba sostener la acusación. Y se confirmó que tendrá un apoyo nacional: junto a él, también acusará el fiscal Abel Córdoba, quien está a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico (Ufloe), una dependencia de la Procuración General creada en junio del año pasado para casos de "relevancia institucional".

El juicio. Las audiencias se desarrollarán a partir de esta semana en la diminuta sala de audiencias del Tribunal Oral N° 2, a metros de la plaza España, lo que obligará a que los periodistas sigan todas las audiencias en un salón contiguo. Desde el comienzo hasta el final, habrá audiencias sólo martes y miércoles y está prevista la recepción de 33 testimonios. De no mediar contratiempos, a finales de abril podría conocerse el fallo.