Un complejo sumergido en un vendaval

Mientras en algunos ámbitos se debate si deben ser llamados jóvenes en conflicto con la ley penal o bien menores –lo que quizá implicaría un término peyorativo– el Complejo Esperanza de Córdoba, un centro que aloja a adolescentes detenidos por delitos, volvió a ser noticia el fin de semana. Y lamentablemente, no por algo bueno. Una vez más lo fue por una escandalosa fuga.En esta oportunidad, siete jóvenes que estaban presos –en su mayoría, por homicidio– aprovecharon que muchos guardias veían por televisión el clásico Boca-River y lograron burlar las supuestas medidas de seguridad de este establecimiento. En minutos, saltaron muros y alambrados y desaparecieron por los campos de la comuna de Bouwer. Tampoco los guardiacárceles externos los vieron. La Policía fue alertada una hora después.Disuelto el Consejo del Menor de Córdoba a comienzo de la década pasada, el Complejo Esperanza fue ideado, creado y puesto en práctica para suplantar a los nefastos correccionales de antaño. De allí su nombre.Con sus dos hectáreas y centros especiales, fue diseñado para que los menores en conflicto con la ley penal no fueran alojados en comisarías junto con mayores; y para que se les brindara educación y se les enseñara a trabajar, ­entre otros programas de re­socialización.En los últimos años, se dio un giro de timón para sacarle el mote de centro de detención y que se lo viera como centro socioeducativo, y pasó de depender del Ministerio de Justicia al de Desarrollo Social.Sin embargo, desde siempre "el Esperanza" viene siendo escenario de fugas, reyertas y confusas muertes, cuando no de episodios de violencia sexual. En paralelo, el centro fue blanco de numerosas críticas, tanto de organismos de derechos humanos como de ­legisladores opositores, como Liliana Montero, quienes presentaron habeas corpus ante la Justicia por las pésimas condiciones de alojamiento.La pregunta cae de maduro: ¿quién trata y cuida a esos jóvenes? Sin caer en una burda criminalización del joven preso, cabe aclarar que no se trata de adolescentes detenidos por contravenciones, sino por graves delitos.¿Quiénes son los empleados, celadores y docentes? Sin señalar la capacidad y honestidad de muchos de ellos, es un secreto a voces que muchos eran punteros que entraron al fuero correccional por favores políticos: no tuvieron evaluación física ni psicológica, tampoco preparación especial y hoy son meros administrativos cuida-jóvenes con problemas, para que las ART los cubran si son heridos.No se trata tampoco de criminalizar la situación. No se exige que los chicos y adolescentes presos vayan a una cárcel común, ya que no corresponde y porque la ley no lo permite. Lo que se discute es que estén bien atendidos, educados, socializados y, principalmente, bien vigilados, como exige la Justicia.