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Sigue bajo la lupa el accionar de la Policía durante y tras la balacera

Además de imputar al compañero del efectivo herido, analizan todo el operativo. Los dos menores de edad, al Complejo Esperanza.

07 de octubre de 2020 a las 12:06 a. m.
Sigue bajo la lupa el accionar de la Policía durante y tras la balacera
Fiscal. Jorgelina Gómez.

Mientras el policía Pablo Bustos mejora lentamente en la clínica donde se encuentra internado, tras haber sido baleado por la espalda con su propia arma por un joven de 14 años recién cumplidos en un operativo callejero en Villa Carlos Paz, prosigue la investigación.

En un carril, la causa judicial está avanzada: el adolescente que hizo el disparo ya fue enviado al Complejo Esperanza, instituto que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Es inimputable.

Al mismo complejo será trasladado el joven de 16 años que le robó el arma al policía Bustos y que luego fue herido de cuatro balazos policiales en un brazo y en las piernas. El muchacho, quien permanece internado, fue imputado por tentativa de homicidio calificado, por orden de la fiscal Jorgelina Gómez.

Para la funcionaria, este adolescente tuvo participación central en el ataque contra Bustos: es quien le sacó el arma y se la pasó al joven de 14, quien terminó disparando.

Ahora bien, la fiscal Gómez avanza en otra causa paralela: el accionar de la Policía de Villa Carlos Paz.

En ese punto, la fiscal imputó al compañero (“dupla”) del sargento Bustos. El oficial principal Iván Fuentes está acusado por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y por su condición de policía.

Para la fiscal, el efectivo se extralimitó al disparar contra el joven de 16 años. La funcionaria entiende, con base en las filmaciones que se están analizando, que no fue un mero hecho imprudente. El policía fue más allá. En la filmación se vería cuando el joven cae herido con un disparo y, ya sin el arma, sigue siendo lesionado a balazos desde corta distancia.

El episodio sucedió el domingo último a la tarde, cuando los policías Bustos y Fuentes llegaron en un móvil al barrio Los Algarrobos, en Villa Carlos Paz, en busca de unos sospechosos de hurtar una cartera.

El simple operativo desembocó en una batahola con jóvenes y adultos. En ese marco, el sargento Bustos sufrió el robo de su arma. A los pocos segundos, fue baleado por la espalda.

Su compañero abrió fuego, recuperó el arma y terminó baleando al sospechoso de 16 años.

Bajo la lupa

Si bien el grave episodio fue informado a la Justicia a la brevedad, la fiscal y su equipo profundizan la investigación en torno al accionar de la Policía durante aquella tarde.

Según trascendió, la funcionaria judicial ya encontró inexactitudes entre los relatos de algunos policías (entre ellos, algunos jefes) y lo que muestran las filmaciones secuestradas. Algunas son registros del propio patrullero.

“Hay diferencias entre lo que dicen los policías sobre lo que pasó y lo que las imágenes están mostrando”, comentó una fuente con acceso al caso. De allí, la imputación al oficial principal Fuentes. No fue detenido.

El Tribunal de Conducta Policial ya abrió una investigación en paralelo.

A la par, la fiscal trabaja bajo secreto de sumario en torno a la actuación posterior de otros policías.

20 menores inimputables

El adolescente que baleó al policía (cumplió 14 años este lunes) ya fue enviado al Complejo Esperanza por orden del juez de Control y de Menores de Villa Carlos Paz, Daniel Strassorier.

Si bien es inimputable, el juez resolvió, por la gravedad del caso, quitarles la tenencia tutelar a los padres y remitir al joven, como indica la ley, a un instituto.

Fue alojado en el sector San Jorge de ese establecimiento.

Con él suman 20 los jóvenes menores de edad inimputables alojados allí. En ese complejo, dependiente de la Senaf, hay a todo esto otros 120 jóvenes menores de edad, pero imputados de delitos.

El joven que baleó al policía será sometido a una serie de estudios interdisciplinarios, cuyos resultados serán enviados al juez Strassorier.

Los jóvenes inimputables están, en promedio, un año y medio alojados en ese centro. Luego, salen libres.

Allí se le aplicarán tres políticas de tratamiento (las “3 R”: responsabilización –que entienda lo que hizo–, reparación y restitución de derechos).