Saqueos, trata y después
Identificar y hacer visibles las causas reales del desastre social del 3 y 4 de diciembre del año pasado es vital para entender lo que sucedió.
Nuestra responsabilidad fue no tener el adecuado control y la información de lo que sucedía en la Policía. Tampoco cuantificamos la reacción de los proxenetas y los dueños de los prostíbulos al impulsar la ley de trata. Esta gente financió a bandas que actuaron en los saqueos. Sin dudas que le dimos un golpe muy duro, pero estos mafiosos tuvieron una reacción porque rompimos un negocio muy grande”.
Cada vez que tiene oportunidad, el gobernador José Manuel de la Sota no duda en señalar que el crimen organizado estuvo detrás de los saqueos que hace un año llenaban de espanto a los cordobeses.
Una autocrítica incompleta y que genera más ruido aún en medio de un proceso cuyo duelo todavía parece no haberse consumado en Córdoba.
Asegurar que las mafias de la noche fogonearon a los saqueadores no tiene correlato, hoy, en el Poder Judicial: no existen causas que vinculen a saqueadores y bandas criminales; no aparecen proxenetas entre los procesados; tampoco se ha investigado, a partir de diciembre, vínculos entre policías y tratantes; y no hay causas judiciales abiertas contra los “reyes” nocturnos luego de la nueva ley de trata sancionada en 2012 y que pretendió perseguir a un negocio multimillonario sólo con el Código de Faltas.
Mucho menos se avanzó –como tampoco se hizo antes de la nueva ley– en la persecución de la ruta del dinero oscuro del mercado de la trata y el proxenetismo.
Escrito de otra manera: en la Justicia, aún no fue posible contrarrestar de manera eficaz a estas estructuras criminales.
En realidad, en el trasfondo del acuartelamiento policial, según reveló este diario en una serie de informes especiales presentados desde el domingo último, aparecen otros elementos que configuraron el caldo de cultivo: una corrupción policial que comenzaba a ser destapada por la conducción de la fuerza que debió marcharse tras el motín; un malestar objetivo por los bajos sueldos que tenían los uniformados; una crisis de identidad institucional a partir del descrédito producto del “narcoescándalo”, y un cortocircuito extraño en la comunicación entre el poder político y la Jefatura de Policía.
Ya sin policías en la calle, sobrevinieron los saqueos, donde se conjugaron otros puntos que a esta altura conviene no olvidar.
Entre ellos, aparecen casi juntos una cohesión social que se hizo añicos hace mucho tiempo, y algún fogoneo policial, según hoy repiten vecinos de diferentes barrios de los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Córdoba.
Identificar y hacer visibles las causas reales del desastre social en el que se convirtió Córdoba aquellos 3 y 4 de diciembre del año pasado contribuye a entender lo que sucedió, para evitar que otra vez la olla a presión vuelva a salpicar de agua hirviendo a toda una sociedad que eligió, sobre todo, refugiarse en el silencio del dolor.

