Un monto de $ 2.211.703 debe abonar la defensora oficial de la Justicia provincial Silvana Luján Badariotti quien se desempeña en el 1° Turno del fuero de Familia de Córdoba al haber sido sancionada con una multa de 50 jus por maltrato a sus empleados y a sus defendidos.
Así lo dispuso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al aplicar la máxima sanción prevista para un magistrado o funcionario judicial sumariado: 50 jus de multa. Cada jus tiene desde el 1º de mayo pasado un valor de 44.234,06 pesos.
La Secretaría de Sumarios Administrativos –que depende del TSJ– recomendó sanción luego de la investigación que practicó a partir de la denuncia que presentó en octubre de 2023 el gremio de trabajadores judiciales, la Asociación de Empleados del Poder Judicial provincial (AGEPJ).
La presentación efectuada por el sindicato respondía a una serie de manifestaciones de trabajadoras del fuero y de personas que la propia defensora asistía.
El sumario llegó a recabar la situación de al menos 10 víctimas a lo largo de unos 10 años (entre 2014 y 2024). Se reportaron situaciones de maltrato laboral y de menosprecio a sus patrocinadas.
El pasado 4 de mayo, el TSJ arribó al Acuerdo 5 e impuso la sanción. Con la firma de los vocales Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati, Sebastián López Peña y Jessica Valentini, más la secretaria letrada (de Sumarios) María Celeste Rinaldoni, se impone en el primer punto la sanción mencionada.
El punto 2, señala: "Recomendar a la funcionaria que procure un espacio profesionalmente adecuado, para abordar las dificultades vinculadas al trato no discriminatorio hacia las personas que asisten a la Defensoría Pública a su cargo, así como en el modo de vincularse con el personal que allí presta servicios, a fin de evitar la reiteración de las inconductas aquí constatadas".
Situaciones de maltrato
La secretaria adjunta de AGEPJ, Agostina Noccioli, enumeró algunas de las situaciones que reportaron las trabajadoras dependientes de Badariotti y otras personas que relataron las situaciones de maltrato que le significaron una sanción que es de las primeras en su tipo a un magistrado.
El antecedente más inmediato es el del juez de Ejecución Penal Cristóbal Laje Ros, quien en abril de 2024 recibió una sanción de 50 jus –también la máxima– y una recomendación para mejorar su trato a mujeres –en especial sus empleadas– y a hombres homosexuales. El magistrado continúa en funciones.
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Noccioli sostuvo que se relataron situaciones en las que Badariotti "ninguneó" o insultó a sus dependientes, revoleó expedientes como muestra de desprecio y hasta se refirió a la anatomía de personas que tenían relación con su función. Las descalificaciones a sus empleadas se denunciaron como numerosas y variadas.
Según la dirigente gremial, algunos de los comentarios fueron racistas, como "negras de mierda"; o referidos al sobrepeso corporal, como la "recomendación" a una "gorda" para que "vaya a trabajar".
Estas situaciones de maltrato, provocaron incomodidad y hasta problemas de salud mental a las trabajadoras y hasta "miedo" de las asistidas hacia ella. Algunas reportaron que sentían más temor a la funcionaria que debía asistirlas que a quien con sus conductas las había llevado a Tribunales.
La defensora negó los hechos ante Sumarios. Según comentó Noccioli a este diario, desde que fue denunciada dejó de incurrir en situaciones de maltrato y sus conductas violentas y de desprecio cesaron. No hubo más quejas y no hubieron más problemas en su oficina.
Demoras en sancionar
Noccioli manifestó su preocupación porque el gremio formuló la denuncia en octubre de 2023 y la sanción se conoció a comienzos de este mes, más de dos años y medio después.
La dirigente gremial indica que están esperando el resultado de la investigación sumarial abierta a la fiscal de Bell Ville Isabel Reyna y al camarista de Cruz del Eje Javier Rojo.
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Tanyo Reyna como Rojo también tienen denuncias de maltrato laboral. La fiscal de Bell Ville, además de denuncias de empleados, tiene dos presentaciones del Colegio de Abogados local, elevadas a Fiscalía General.
Rojo tiene denuncias de una prosecretaria y un defensor por maltrato en una audiencia, como así también de un abogado litigante. También se le asigna maltrato a empleados.
Noccioli señaló que estarían ambos sumarios próximos a resolverse, pero manifestó su preocupación porque se demora años en revisar la conducta de magistrados denunciados.
La secretaria adjunta de AGEPJ expresó su inquietud por lo que sucede en el Consejo de la Magistratura que debería mejorar su mirada a la hora de evaluar a los candidatos. Debería "filtrarse" a determinados postulantes y "prevenirse" estas situaciones, manifestó Noccioli.
