Casos de conmoción. Río Cuarto: en 1987 mató a 6 personas en un banco y ahora está acusado por delitos de lesa humanidad

El expolicía Miguel Angel Salinas es uno de los 24 actuales imputados en la megacausa Gutiérrez, por terrorismo de Estado en la Dictadura, en el sur provincial. En 1987 perpetró el asalto más sangriento de la historia de Río Cuarto. Fue condenado por eso, y recuperó la libertad.

04 de abril de 2026 a las 05:48 p. m.
Río Cuarto: en 1987 mató a 6 personas en un banco y ahora está acusado por delitos de lesa humanidad
El asalto de 1987 en el Banco Popular Financiero de Río Cuarto. El más sangriento, con seis muertos, que recuerde la ciudad más grande del interior cordobés.

Causó conmoción en Río Cuarto la noticia de que el excabo Miguel Angel Salinas, autor de la masacre del Banco Popular Financiero (BPF) en 1987 en esta ciudad, aparece en la lista de los 24 acusados en la megacausa Gutiérrez, que espera fecha de juicio para esclarecer delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, cometidos hace 50 años en el sur de Córdoba.

En la mañana del 16 de septiembre de 1987, en el mismo banco donde hacía adicionales, el policía Salinas, de 34 años, perpetró el asalto más cruento que se recuerde en Río Cuarto.

Con un revólver Orbea 38 Especial, obligó a los siete empleados a acostarse boca abajo en el piso de la gerencia. Con su cómplice Francisco Nievas, ataron a todos con cadenas y, uno a uno, los acribillaron a balazos. Huyeron con un botín de apenas 36 mil australes (unos 15 mil dólares). Para eso, acabaron con la vida de Jorge Garay (44), Rubén Bianco (37), Angel Angelin (68), Alejandro Muzzio (26), Víctor Meynet (44) y Ricardo Ferreira (29). Algunos solían jugar al fútbol con Salinas los fines de semana.

Hubo un sobreviviente, el gerente Roberto Denner. Salvó milagrosamente su vida pese a recibir un balazo en la cabeza. Hasta su fallecimiento, en 2013, siempre sostuvo que habría actuado al menos otro hombre, pero nunca fue identificado.

Por el cruento robo, Salinas fue condenado a prisión perpetua hace 37 años. Sólo estuvo unos 20 años en prisión. Salió por “buena conducta” en 2007.

Cuando lo juzgaron por el robo, sólo le figuraba un antecedente por hurto y algunas faltas administrativas. Nadie imaginó que tenía un pasado represor.

Miguel Angel Salinas, el entonces cabo de la Policía de Río Cuarto, cuando en 1989 fue juzgado y condenado a perpetua por los crímenes en el asalto al Banco Popular Financiero, de 1987. Luego, recuperó la libertad.
Miguel Angel Salinas, el entonces cabo de la Policía de Río Cuarto, cuando en 1989 fue juzgado y condenado a perpetua por los crímenes en el asalto al Banco Popular Financiero, de 1987. Luego, recuperó la libertad. (Archivo)

Fue un periodista de Río Cuarto, Guillermo Geremía, quien, desde su programa radial advirtió que Salinas estaba en la lista de los 24 imputados en la megacausa Gutiérrez.

La sorpresa

Lo único que había llamado la atención todos estos años era que en el juicio a Salinas, de 1989, entre los testigos figuró Hugo Aspitia, jefe del servicio de adicionales y luego jefe de inteligencia policial del sur provincial. Aspitia estuvo denunciado por apremios ilegales pero habría resultado beneficiado por la ley de “obediencia debida”.

Del caso del BPF siempre quedaron numerosas dudas. Entonces, circulaban versiones sobre una mesa de dinero y vínculos con el poder. Salinas y Nievas fueron detenidos enseguida. La Justicia desvinculó a otros policías y le dio una pena menor a la mujer de Salinas, Rosa Boni, quien habría confeccionado capuchas y comprado las cadenas para atar a las victimas del asalto.

Salinas espera el nuevo juicio en libertad

En Río Cuarto se espera que la megacausa Gutiérrez, en la que ahora está acusado Salinas, tenga fecha cierta de juicio. Tanto el Estado nacional como el municipal son querellantes. La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRT) también aportó pruebas de sus legajos sobre las persecusiones y delaciones en los años de plomo.

La megacausa por derechos humanos elevada a juicio el 6 de junio de 2025 lleva el nombre del exteniente coronel Hermes Vicente Gutiérrez, quien en 1976 era jefe de la subárea militar 3115. Durante la dictadura militar, desde el Batallón de Arsenales de Holmberg se orquestó la represión en el sur de Córdoba.

La tapa del diario La Voz de cuando Salinas recuperó la libertad. Habia sido condenado a perpetua por seis crímenes en un asalto, pero estuvo en prisión menos de 20.
La tapa del diario La Voz de cuando Salinas recuperó la libertad. Habia sido condenado a perpetua por seis crímenes en un asalto, pero estuvo en prisión menos de 20. (Archivo)

En tanto, en la Policía regional, donde Salinas entró como agente en 1975, se perpetraban las detenciones y torturas. Los crímenes investigados se cometieron entre 1975 y 1978, en algunos casos antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Como Gutiérrez ya está fallecido la causa fue renombrada “Di Santo y otros”.

Además de Miguel Angel Salinas, los imputados son Daniel Di Santo, Rubén Príncipi, Juan Carlos Nieto, Miguel Angel Gómez, Ernesto González Fossat, Carlos Regueira, Carlos Tronchin, Juan Ramón Molina, Carlos Yanicelli, Miguel Pérez, Carlos Ibar Pérez y Gustavo Alsina.

La lista de 24 se completa con Enrique Mones Ruiz, Ernesto Barreiro, Juan Vega, Carlos Alberto Díaz, Ricardo Lardone, Arnaldo López, José Luis Yañez, Carlos Quevedo, Adolfo Etchehun, Pablo Skalany y Ramón Novarro. Varios de ellos, ya con condenas por otras causas de derechos humanos en Córdoba.

La requisitoria de elevación a juicio firmada por los fiscales federales Carlos Gonella, Facundo Trotta y Maria Laura Bazo Queirolo, los acusa por los delitos, agravados de privación Ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, abuso deshonesto, violación y homicidio.

Entre las pruebas contra Salinas figuran testimonios de víctimas que lo identifican como autor de los vejámenes “junto al Gato Gómez (fallecido) y un tal Nieto”. Para la investigación, está acreditada su participación en la comisión de privación ilegítima de la libertad y tormentos padecidos por dos personas. También, en tormentos agravados contra otras tres mujeres y en un caso de abuso deshonesto agravado. La víctima de este último hecho lo identificó entre los coautores en un reconocimiento de fotos.

El expediente judicial revela que Salinas vive en Córdoba y declara trabajar como “técnico electricista”. En su indagatoria, negó haber tenido contacto con los detenidos en 1975, dijo que hacía rondas y diligenciaba citaciones pero aseguró que no trabajaba con los policías de “informaciones”.

El juicio genera expectativa, aunque varios imputados fallecieron sin condena. Los organismos de derechos humanos han reclamado una fecha de inicio cierta, para hacer "verdad y justicia" por los 62 hechos aberrantes cometidos en el sur provincial, entre ellos la desaparición de Gabriel Braunstein y los asesinatos de Ernesto Silber (36) y Gladys Comba (44).