Recompensas, cuando los papeles se queman

Cuando las ideas y las tesis se acaban y nada de lo realizado sirve, se recurre inexorablemente a ella. Cuando las pistas probables ya han sido esbozadas, trazadas y analizadas y no conducen a nada, se termina yendo a ella. Cuando se queman los papeles y no existe la mínima pista de quién ha sido el culpable y dónde se lo puede encontrar, siempre se termina acudiendo a ella. Cuando el poder de turno quiere evitar quedar mal parado ante las víctimas y ante la opinión pública, termina valiéndose de ella. Se trata de la recompensa, un ofrecimiento de dinero a cambio de información valiosa que permita esclarecer un episodio criminal y así echar luz sobre tanta oscuridad.Se trata de un mecanismo legal probado hace décadas en la Argentina y que en Córdoba ya fue utilizado en varias oportunidades ante grandes enigmas del mundo criminal.Eso sí, casi nunca se terminó efectivizando el pago prometido. Y si se lo hizo, como ocurrió en la década pasada en el caso del violador serial Marcelo Sajen, fue tras una larga y extenuante batalla judicial de quien la reclamaba.Ahora, el Gobierno de Córdoba, con la necesaria (pero no conforme) venia de la Justicia, vuelve a echar mano del ofrecimiento de una recompensa. En rigor de verdad, se trata de dos recompensas por sendos enigmas escritos en un mismo lugar: el fatídico Cerro de la Cruz, de Villa Carlos Paz. Como se informó ayer, la Provincia ofrecerá dos recompensas de 200 mil pesos para quien o para quienes aporten datos clave que permitan esclarecer, por un lado, el asesinato de Andrea Belén Castana, una comunicadora social y madre de 35 años, quien fue violada y estrangulada en 2015; y por el otro, el caso de Gustavo Hernán Sánchez, un fotógrafo de 32 años, quien estaba desaparecido y fue encontrado muerto, de casualidad, mientras buscaban a Andrea. Ambos casos permanecen impunes, con el inexorable paso del tiempo, mientras el o los asesinos disfrutan de la impunidad. Hasta hoy, no hay ninguna conexión entre ambos episodios.En el caso de Andrea, quien fue atacada mientras hacía una caminata por la montaña, hay cuatro imputados. Todos están libres, entre ellos su exesposo, pero por hipótesis diferentes. Sin embargo, las sospechas sobre ellos pierden sustento ya que sus ADN no son compatibles con el perfil genético del violador asesino.Respecto a Hernán, la causa es aún más sombría. No hay una pista firme sobre nada.Por ambas muertes, hubo marchas que exigían una justicia que aún no llega. Ambas causas quedaron en manos del fiscal Ricardo Mazzucchi, quien, por la falta de respuestas, debió ver cómo el timón fue tomado por la fiscal general adjunta, Alejandra Hillman.Las recompensas por Andrea Castana y por Hernán Sánchez, aprobadas con el decreto 1.326 del gobernador Juan Schiaretti, habían sido solicitadas por el abogado Carlos Nayi, quien representa a las familias de las víctimas. Fue su buena relación con el ministro de Justicia, Luis Angulo, lo que aceleró las gestiones.¿Qué fue de las recompensas ofrecidas en Córdoba? Marcelo Sajen (39). Tras incesantes reclamos judiciales, un exconvicto logró cobrar los 50 mil pesos de recompensa ofrecidos para dar con el violador serial. Este hombre estuvo con Sajen y luego alertó a la Policía. El delincuente luego se suicidó de un tiro. Desde la investigación siempre señalaron que la recompensa no sirvió para identificar al criminal y que, en cambio, se recibió una oleada de datos irrelevantes. Mariela Besonart (38). Se ofrecieron 50 mil pesos para dar con esta vecina de Villa María, desaparecida en 2005. Los datos no sirvieron y no se pagó. Su exesposo será juzgado por la desaparición. Andrea Svolos (37). La mujer estadounidense desapareció en Laboulaye en 2006. Un exnovio fue condenado. La información que entró a la pesquisa por la recompensa no sirvió. Nunca se pagó un peso. Nicolás Sabena (21). Tres personas fueron condenadas por la desaparición de este joven, de quien se perdió rastro en 2008 en Río Cuarto. Se ofrecieron 50 mil pesos. Nadie aportó nada concreto. Tampoco se la pagó. Facundo Rivera Alegre (19). Dos jóvenes fueron condenados por el crimen del "Rubio del Pasaje", ocurrido en 2012 en Córdoba. El cuerpo nunca apareció. Hubo recompensa de 200 mil pesos. Casi nadie llamó. Mariela Bortot (40). Por la vecina de Inriville, desaparecida en 2014, el Gobierno ofreció 100 mil pesos. Los llamados no ayudaron. La recompensa sigue en pie.En los altos despachos de la Justicia cordobesa miran con desconfianza y cierto fastidio los ofrecimientos de recompensas.Mientras algunos los ven como un gesto político del Gobierno, destinado a aquietar las aguas de los reclamos de la impunidad, otros los consideran un verdadero problema que puede terminar por empantanar todo. "Por lo general, nadie llama. Y si llama, aporta pistas inconducentes", resumió una alta fuente judicial.