Procesado por espionaje pidió el retiro

Mientras el viernes a la tarde la Policía de la Provincia comunicó que el comisario mayor Ariel Ávila acababa de ser pasado a situación pasiva, ya que está procesado por el caso del presunto espionaje ilegal en Jefatura, en las últimas horas se conoció que el uniformado sospechado solicitó el pase a retiro. Aunque desde hace unas semanas Ávila ya fue apartado de su cargo como jefe de Delitos Complejos, su situación administrativa es tomada, en el interior de la fuerza, como un ícono en los reproches que los policías de menor rango realizan en cuanto a las sanciones internas. Sucede que Ávila fue imputado en 2009, en medio de un allanamiento en la propia Jefatura, en una causa judicial instruida en la Fiscalía Federal Nº 3 de la ciudad de Córdoba, caso que en su momento fue un sonado escándalo.Ávila y el suboficial Rubén López revestían en ese entonces en la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones (Daic). Están sospechados de adulterar oficios y falsificar otros para espiar de manera ilegal los llamados de personas y empresas, a través de las sábanas telefónicas.Sin embargo, lo que continuó después no se trató de un caso típico dentro de la fuerza. Ávila estuvo un tiempo corto de licencia y regresó a su antiguo puesto, donde continuó teniendo acceso, entre otros elementos, a las sábanas telefónicas.Hasta este viernes, jamás había sido pasado a situación pasiva, que implica la retención del 70 por ciento del sueldo y la prohibición de llevar el arma reglamentaria, ya que desde el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria se indicó que desde la Justicia federal no se les enviaban las actuaciones para poder avanzar en un sumario administrativo.Ante este planteo, desde el Juzgado Federal Nº 3 se respondió que durante estos cuatro años se remitieron diferentes oficios a la Policía solicitando distintos datos sobre Ávila y López. Imputado y ascendido Lo concreto, según se lee en el Boletín Oficial, es que recién el 5 de agosto de 2010, nueve meses después de que Ávila fuera imputado, se le abrió el sumario administrativo en el Tribunal de Conducta Policial. Sin embargo, el lunes 12 de abril de 2012, se comunicó que "en virtud de no resultar suficientes los elementos de prueba obrantes en autos para aplicar una sanción disciplinaria, ya que la base fáctica de la imputación penal y administrativa coinciden en plenitud, corresponde aguardar el definitivo pronunciamiento judicial suspendiendo las presentes actuaciones y todas las medidas adoptadas en contra del imputado".La resolución fue firmada por quien era el presidente del tribunal, Julio Eduardo Herrera Martínez. En ese entonces, la causa estaba paralizada en medio de una disputa de competencias entre los fueros federal y provincial.Pese a que la investigación en su contra continuaba abierta, Ávila quedó en condiciones de ser ascendido, trámite que se cumplió el 27 de febrero del año pasado, cuando recibió la jerarquía de comisario mayor.En enero último, tras el amotinamiento, pasó a liderar la división Delitos Complejos, que tiene a su cargo aquellas causas que necesitan ser investigadas con sábanas telefónicas, además de otras tareas de inteligencia.El 17 de marzo de este año, el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, corroboró la mayor parte de las imputaciones que había dictado hacía cuatro años López de Filoñuk y ordenó procesar a Ávila y a López.En tanto, el domingo 11 de mayo, La Voz del Interior publicó un informe periodístico en el que se develó el trasfondo de esta causa, ya que hasta hoy jamás se investigó para quién o para qué se realizaba la maniobra bajo sospecha.Al otro día, Ávila y López fueron pasados a licencia (no es igual a la pasiva, ya que cobran el sueldo íntegro y pueden llevar el arma; sólo no van a su lugar de trabajo).Ahora, el jueves 26 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la resolución del Juzgado Federal Nº 3 y en el mismo fallo ordenó a la Policía que ejerciera la "potestad disciplinaria" contra los procesados.Mientras que en las últimas horas el jefe de la fuerza confirmó que estaban aguardando parte del expediente para ordenar que Ávila fuera transferido a situación pasiva (que se confirmó el viernes a la tarde), fuentes de Jefatura advirtieron que el efectivo sospechado solicitó el pase a retiro tras ser licenciado.Esto significa, en la práctica, que continuará con estado policial y que la jubilación se calculará con base en su último sueldo. Si fuera llevado a juicio aún siendo policía y en caso de una hipotética condena, los uniformados pueden ser hasta exonerados, lo que deriva en la pérdida del estado policial y todo los beneficios previsionales. De todos modos, a un policía retirado también se le puede quitar su estado si recibe una pena judicial.

Licencia. El policía es apartado de su cargo, pero puede vestir uniforme y llevar el arma reglamentaria. No está impedido de realizar adicionales y no sufre ninguna retención ni descuento en su salario.

Pasiva. El policía es apartado de su cargo, se le retira el arma y no debe utilizar el uniforme. Tampoco puede realizar tareas adicionales. Se le retiene el 70 por ciento del sueldo hasta que se clarifique su situación legal. Si es sobreseído o absuelto, se le devuelve el dinero retenido y el cargo que ostentaba al momento de ser sancionado.

Cesanteado. Pierde el estado policial: no puede utilizar el arma ni el uniforme y tampoco hacer adicionales. Queda fuera de la Policía para siempre. Para su jubilación se tienen en cuenta sus aportes previsionales mientras estuvo en funciones.

Exonerado. Lo mismo que los cesanteados, pero también pierde la jubilación y los aportes previsionales.