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Sucesos

Judiciales. Investigan a prestamista de Carlos Paz por presuntas usuras y ventas “viles” por millones de dólares

Jorge “Turco” Saieg, su pareja, hijos y un abogado están imputados por presunta asociación ilícita y usura agravada. Permanecen en libertad.

14 de mayo de 2026, 13:07
Investigan a prestamista de Carlos Paz por presuntas usuras y ventas “viles” por millones de dólares
Imagen ilustrativa. (Pexels.com/Jonathan Borba)

Un conocido prestamista de Villa Carlos Paz está bajo sospecha por haber presuntamente liderado una banda familiar que habría otorgado créditos dinerarios a empresarios a tasas usuarias, con refinanciaciones asfixiantes y la ejecución de acuerdos que los habrían ocasionado un perjuicio de unos 15 millones de dólares en total.

La fiscal del Tercer Turno de la villa serrana, Jorgelina Gómez, imputó a Jorge Alberto “el Turco” Saieg (78), a su pareja, Teresita Beatriz Romero Favaro (61), los hijos de Saieg, Gustavo Adolfo Saieg (44), Mariano Jorge Saieg y Leila Saa Saieg (42), y el abogado Luis Diego Franchini (68), presunta asociación ilícita y usura agravada.

Asistidos por el abogado Federico Milton Auchterberge, Saieg (p), Romero Favaro y Franchini negaron los hechos y siguen en libertad. En contacto con La Voz, el defensor sostuvo que no iba a hacer comentarios sobre el caso.

Asimismo, los tres hijos de Saieg, defendidos los abogados Gabriel Gramática Bosch y Débora Ferrari, también rechazaron la acusación pero sus letrados apuntaron contra el primer denunciante en la causa, el empresario y joyero Ariel Tondo.

La investigación, por el momento, continúa en poder de la fiscal Gómez a pesar del pedido de los querellantes de los seis denunciantes, Pedro Despouy Santoro y Héctor Oscar Echegaray, a la fiscal adjunta de la Provincia, Bettina Croppi, para que fuera remitida a las fiscalías de Delitos Complejos de Córdoba capital.

Denuncias, sospechas e investigación en Carlos Paz

La fiscal comenzó la investigación hace más de un año a partir de la denuncia de Tondo. Ubicó a Saieg (p) en la cima de la organización que habría realizado operatorias financieras ilegales mediante las que habría impuesto “intereses desproporcionados, abusivos y usurarios” de manera unilateral.

Bajo un mismo supuesto modus operandi, la banda se habría aprovechado de la vulnerabilidad económica de los denunciantes para desapoderarlos y sumirlos en endeudamientos. Para garantizar el cobro de las sumas exigidas, se habría valido de documentación simulada (pagarés firmados en blanco y mutuos de apariencia legal).

Los pagos habrían sido efectuados con dinero en efectivo y la entrega de bienes a través de actos jurídicos simulados (boletos de compraventa, formularios 08 en blanco y escrituras traslativas de dominio) que no habría reflejado la real naturaleza de las obligaciones subyacentes.

Ante la falta de pago de las sumas, los imputados habrían recurrido a un “mecanismo adicional de coerción a la ejecución judicial de los instrumentos suscriptos, reforzando el esquema intimidatorio y asegurando la continuidad del beneficio económico ilícito”.

En la mecánica, Romero Favaro habría tenido un rol “administrativo” (confección y guarda de documentación), cobro y coordinación con el abogado Franchini. El letrado habría aportado, según la fiscal, un “técnico-jurídico indispensable” para la concreción del plan delictivo al redactar los documentos simulados y promover juicios ejecutivos. De esta forma, habría facilitado el desapoderamiento patrimonial de los damnificados.

Leila y su hermano Gustavo habrían sido cobradores y prestamistas “secundarios”, según consta en la acusación. La fiscal también endilgó al tercer hijo, Mariano, haber realizado préstamos bajo los lineamientos de su padre.

Hasta el momento, la instructora solo les imputó asociación ilícita y el presunto perjuicio en contra de Tondo pero no hubo ampliación tras otras denuncias presentadas por supuestos damnificados.

El joyero

Tondo relató que durante nueve años, entre 2016 y 2025, se vio sometido a una “esclavitud financiera” que adjudicó al “Turco” y su familia. Dijo que, sumido en una apremiante situación financiera, recurrió a Saieg, un prestamista porteño radicado en Carlos Paz e investigado a inicios de los 2000 por el funcionamiento de una mesa de dinero.

Por los “intereses desproporcionados” que dijo que los Saieg le cobraban, pactó nuevos préstamos para refinanciar los impagos. Así, comenzó a firmar lo que llamó “garantías extorsivas” para “presionar” el cobro a contrarreloj. “Me retrasé en el pago, me llamó y me dijo que ‘cómo se me ocurría demorarme cinco minutos en pagarle a su hija”, en medio de insultos y con la amenaza de que me arrancaría la cabeza”, denunció.

Los pagos debía hacerlos diariamente, en doble horario, a Romero Favaro y Leila Saieg. Pero la situación se tornó más apremiante cuando Saieg lo habría presionado a venderle, para cobrarle los préstamos, una de sus casas en Carlos Paz a casi un tercio de su valor.

Cuando se negó a negociar la vivienda en U$S 100.000, cuando cotizaba realmente entre U$S 250.000 y U$S 280.000, Saieg lo “obligó” a aceptar el acuerdo a “precio vil”. Luego, habría impuesto otro valor “vil”, de U$S 150.000, para cobrarse otra deuda.

El joyero obtuvo préstamos de terceros para saldar la abultada morosidad pero no advirtió que tenía un “crédito” a su favor de casi U$S 1,2 por los pagos que, según dijo, había entregado “de más” a los Saieg.

Tondo denunció que siguieron, según su versión, presionándolo hasta que lo “obligaron” a pagarle “simbólicos” U$S 3.850 diarios, lo que amplificó la nueva deuda. En total, habría sufrido un perjuicio patrimonial de U$S 10,4 millones, además de caer en cuadro de estrés postraumático y pensamientos suicidas.

“Prestar presta cualquiera, pero a Saieg se le paga sí o sí”, declaró que era la frase que le habría recordado insistentemente Saieg y sus familiares.

Respecto a la denuncia de Tondo, los abogados Gramática Bosch y Ferrari, representantes de los tres hermanos Saieg (hijos del principal imputado), enviaron un comunicado a La Voz en el que indicaron sus representados “tienen muy poco para aportar sobre esos hechos, ya que se trata de negocios ajenos a ellos y acordados entre su padre y terceros”.

Pero apuntaron contra Tondo: “Vendría premeditando esta denuncia con el objetivo de justificar deudas millonarias y negocios irregulares que mantiene con decenas de personas en distintas ciudades del país. Ello incluiría un mecanismo presuntamente ilegal de captación de fondos de terceros, con promesas de devolución que serían falsas y una multiplicidad de negocios presumiblemente fraudulentos que serán puestos en conocimiento de la Justicia en los próximos días. Todo esto se suma a las denuncias contra Tondo formuladas por damnificados, encontrándose imputado por estafas”.

“Estaría utilizando la Justicia penal para colocarse en la posición de ‘víctima’. Sin embargo (…) habría llevado adelante un mecanismo permanente de aprovechamiento de terceras personas que hoy son sus acreedores, y que también se habría insolventado para no cumplir con cientos de compromisos y múltiples demandas civiles, laborales y penales”.

“Su estrategia buscaría contener y posiblemente mantener engañados a sus decenas de acreedores y verdaderos damnificados, haciéndoles creer que no les cumple porque habría sido víctima de Jorge Saieg”, afirmaron.

La Voz confirmó que Tondo está imputado efectivamente en dos causas por presuntas estafas en la Fiscalía N° 1 de Carlos Paz (realizó ofrecimientos de reparación a los querellantes), pero sus abogados lo adjudicaron a “incumplimientos” por la “debacle económica-financiera” que habría sufrido presuntamente a manos de Saieg (p).

El estacionero

Otro de los denunciantes, un estacionado, relató que recurrió a Saieg en busca de liquidez para afrontar compromisos comerciales. Pasó a pagar un 80% de interés mensual por descuento de cheques y a solicitar dos préstamos. “Cuando no contaba con el dinero, se venía el apriete de Saeig. Llegó a decirme: ‘Sé dónde va al colegio (nombre de la hija)’”.

Al igual que el caso anterior, el estacionero denunció que le “hacía firmar un mutuo en blanco”. “Pero el elemento de mayor presión era una prenda comercial porque me podía levantar todo el negocio, donde teníamos un auto del TC2000 y un motor Ferrari prestados”, dijo.

Tras cuatro años, logó cancelar las deudas vendiéndole dos terrenos en un barrio privado y un auto entregado al abogado de Saieg, Franchini, a precio impuesto “unilateralmente” por el prestamista. “Franchini conocía todo acerca de los clientes de Saieg, los préstamos que otorgaba y la modalidad”. Declaró que teme por la seguridad de sus hijos.

El hotelero

La mecánica presuntamente delictiva habría llevado a la ruina a un hotelero, cercado por deudas. Pidió a Saieg U$S 12.000, que no pudo cubrir en su totalidad, por lo que debió acceder a una refinanciación.

Tras firmar contratos “en blanco”, le reclamó una copia para conocer los términos. “’No me rompas las p…, porque voy con un camión y tengo todos los elementos para ejecutarte en 24 horas”, le habría constatado.

Relató que llegó a imponerle que tomara como empleada a una “policía” que le solucionaría “todo” en el hotel. Pero luego descubrió que le mujer “filtraba” a Saieg cuándo llegaban contingentes con turistas al hospedaje para llevarse “el dinero” y cobrar la deuda de los préstamos: “Saieg entraba a mi oficina y se llevaba todo”.

La situación habría escalado cuando el prestamista y su pareja los habrían intimidado presentándose en un Mercedes-Benz frente al hotel. El imputado incluso habría ofrecido quedarse con el hotel para saldar la deuda.

Tras la negativa, aparecieron nuevos compradores y Saieg habría intervenido para manejar la operación: “Fijó el precio de venta y me entregaron un Honda Civic y un departamento. Desconozco cuánto terminé pagado por las deudas con Saieg pero la diferencia fue abismal”.

Entre los préstamos, refinanciaciones y la venta del hotel habría perdido en total U$S 3 millones. Decidió mudarse con su familia a otra provincia por temor.

El concesionario

Un empresario dedicado a la compraventa de vehículos sostuvo que solicitó a Saieg préstamos: “La presión que te ejercía para cobrarlos era tremenda. Vos absorbías el miedo que generaba”.

Saieg le otorgó U$S 20.000 a 4% o 5% mensual, una financiación y otro préstamode U$S 30.000, que no le bastaron. Tuvo que cerrar la concesionaria y debió vender un departamento para cancelar la deuda con el prestamista.

No logró cubrir el total, por lo que su novia lo saldó. A cambio, Saieg le entregó a ella el mutuo que había firmado con el denunciante, pero el trato le ocasionó un perjuicio con su ex. En total, estimó que solicitó U$S 500.000 al prestamista y calculó que pagó intereses por más de U$S 1 millón.

El constructor I

El constructor denunció que Saieg comenzó a presionarlo ante la demora en la devolución de préstamos y hasta lo hizo firmar documentos “en blanco” como garantía. “Todos los mutuos los confeccionaba Franchini y los hacía firmar Teresita”, detalló sobre el rol de los demás imputados.

Por un viaje a Punta Cana, de unos U$S 10.000, le solicitó un préstamo a Saieg que debió devolver con la venta de una casa valuada en hasta U$S 250.000. Para “compensar” la diferencia, dijo que le entregaron el equivalente a U$S 41.000 de ese momento.

“Accedí porque Jorge me había dicho que si no le devolvía la plata del viaje, él me iba a ejecutar, que iba a ir contra mis hijos, mi señora; que me iba a mandar a su gente. Cuando mencionó a mi familia, fue mi límite; por eso acepté entregarles la casa”, dijo.

Cayó en depresión, se divorció y pasó de un alto nivel económico a no llegar a cubrir la cuota del colegio de los hijos. “Doce años me llevó recuperarme”, señaló y sostuvo que sigue sintiendo temor a Saieg porque “las amenazas siempre existieron”.

El constructor II

Otro constructor que llegó a tener más de 200 empleados a su cargo denunció que acudió también al prestamista para obtener liquidez. Contó que Saieg le ofreció U$S 50.000. “Se jactaba diciendo ‘soy más que un banco’”.

Contra la entrega de los dólares, el prestamista le habría cheques de la constructora a un interés de 25% mensual. Ante su vulnerabilidad financiera, Saieg le prestó otros U$S 50.000 a cambio de la firma de un boleto de compraventa de la casa del denunciante.

Decidió vender la propiedad y permutarla por otra vivienda a terminar en un country y dólares cash. Con lo obtenido, entregó U$S 30.000 a Saieg por pago de intereses, además de otras cancelaciones. Por las abultadas deudas, cerró la empresa.

“Estaba desesperado y Saieg me contó que él tenía ‘formas’ de cobrar y me relató: ‘A mis muchachos los tuve que parar yo porque se les fue la mano: tenían a un tipo colgado de los pies y lo estaban limando a palos; el tipo me debía dinero’”, denunció. “Lo creí por los antecedentes de Saieg y me provocó un inmenso miedo”, agregó.

Dijo que firmó el boleto por la casa del country como “garantía”. Vencido el plazo de tres meses paga saldar la deuda, denunció que los Saieg lo intimaron a entregarle la vivienda mediante una carta documento apócrifa.

Cuando lo enfrentó, el prestamista le habría respondido que le estaba haciendo “un favor” porque si lo denunciaba ante la Justicia, lo iba a hacer “mier…”. Dijo que firmó la cesión de la casa de U$S 350.000 a nombre de su hijo, Gustavo Saieg.

Como la vivienda había sido construida en un lote doble, Saieg (p) ofreció comprarle el otro restante a U$S 70.000. Aceptó entregar su casa y el lote a cambio de la deuda. “Nos despertamos con una retroexcavadora y operarios dentro del predio de la casa. Lo llamé a Gustavo, quien me dijo: ‘Te tenés que ir porque quiero disponer de la casa ya’”.

Siempre según la denuncia, el imputado le compró a un “precio vil” parte del costoso mobiliario y hasta las cortinas. Debieron alquilar a la misma casa que había ocupado Gustavo Saieg antes de pasar a residir en la del denunciante.

Estimó que por los U$S 100.000 prestados por Saieg, terminó entregándole U$S 850.000 en total. También expresó temor por lo que pudiera sucederle a su familia.

Por otro lado, una mujer denunció que Saieg comenzó a cobrarle intereses desproporcionados a su madre hasta sufrir ejecuciones judiciales y el secuestro de bienes. Indicó que la mujer fue "intimada" a transferir su casa, valuada en U$S 350.000, para cubrir la deuda cuyo capital original no superaba el 20% del valor del inmueble, bajo la presunta amenaza de quedar en la calle.