Premios y castigos en Jefatura

¿Cuál es la vara para medir las sanciones al interior de la Policía de Córdoba? Desde hace ya mucho tiempo, los "juanes", aquellos policías de menor rango que por lo general realizan labores de calle, denuncian, siempre por lo bajo, que las penas por irregularidades no son parejas para todos. El organismo que se encarga de evaluar y aplicar las sanciones es el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Un ente independiente de la fuerza, que es comandado por un civil pero que tiene, entre sus empleados, a una amplia mayoría de uniformados.El criterio era lógico. Policía imputado por la Justicia quedaba en pasiva (deja de trabajar, se le quita el arma y el uniforme y no realiza adicionales, tampoco asciende y se le retiene el 70 por ciento del sueldo) hasta que se resolviera su situación legal.Si era condenado, se lo cesanteaba o exoneraba. Si terminaba sobreseído o absuelto, retornaba a su antiguo puesto y se le reintegraba todo el dinero retenido.Sin embargo, en los últimos tiempos el criterio se dobló. Hace pocas semanas, en las páginas de este diario revelamos el curioso caso del comisario inspector Ramón Antonio ­Juárez, quien desde 2013 tiene una causa abierta en Huinca Renancó acusado de "coacción" y "abuso de autoridad". El expediente fue elevado a juicio en 2014.En medio de la investigación en su contra, Juá­rez fue ascendido y quedó a cargo de la Dirección de Control de Servicios Operativos.Recién el 24 de diciembre al mediodía se ordenó que pasara a licencia forzosa (deja su puesto, pero no pierde otro beneficio).Otro caso llamativo es el del comisario mayor Ariel Ávila, quien en 2009 fue imputado (y procesado en marzo de 2014), por el supuesto delito de "falsedad ideoló­gica".Según la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, Ávila y otro uniformado de menor rango habrían falsificado y alterado oficios judiciales para obtener de manera ilegal sábanas telefónicas.Pese a esta grave sospecha, en los últimos años Ávila había sido ascendido, continuó trabajando de manera normal y llegó al frente de la sensible área de Delitos Complejos.Fue licenciado y quedó en pasiva luego de que a mediados de 2014 este diario informara sobre la irregular posición en la que se encontraba. Pese a que su situación judicial no tuvo ninguna variación, en noviembre Ávila dejó de estar sancionado.Lo mismo sucedió, días atrás, con el chofer del intendente Ramón Mestre, el policía Gregorio Carreras, quien permanecía en pasiva tras ser objeto de una escandalosa persecución cuando intentaba huir de un control mientras iba al comando de un auto oficial del municipio, con el que acababa de retirarse de un boliche.Carreras también tiene otra causa abierta por el supuesto cobro irregular de adicionales.Aunque no hubo explicación oficial, en off se argumentó que tanto él como Ávila serían pasados a retiro obligatorio. La lista está próxima a difundirse.¿Castigo o premio? Quienes conocen los pasillos de Jefatura explican que al irse sin sanciones, estos policías no sólo que cobrarán todo el dinero que se les retuvo –pese a que no hay ningún fallo judicial positivo o negativo– sino que gozarán de todos los beneficios.Al ser incluidos en una lista de retiros obligatorios y no en la nómina de los retiros voluntarios, los efectivos percibirán, además, un reintegro económico por las licencias que no se tomaron.Casi al mismo tiempo, el sábado último, el gobernador José Manuel de la Sota se apuraba en tildar de "narcopolicías" a los efectivos de la Departamental San Justo detenidos horas antes sospechados de cobrarle coimas a un traficante.A fines de diciembre, el jefe de Policía, Julio Suárez –también tiene una imputación por supuesta coacción–, anunció que iban a "flexibilizar la ley" en los controles de alcoholemia. A los pocos minutos, fue desmentido desde la Provincia y se aseguró que no había querido decir lo que dijo. Pero, más allá de los controles en las rutas, en Jefatura a muchos les parece que la ley se ha "flexibilizado" al momento de aplicar las sanciones internas.